El Partido Socialista (PS) acusó al Gobierno del presidente José Antonio Kast de impulsar una campaña de desprestigio contra Codelco y advirtió que los cuestionamientos públicos a la minera estatal podrían utilizarse para justificar una eventual venta de activos o una reducción de sus inversiones.
La colectividad formuló sus críticas mediante una declaración pública difundida el lunes 9 de noviembre de 2026, en la que cuestionó las intervenciones del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz; del biministro de Economía y Minería, Daniel Mas; y del presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine.
El pronunciamiento surge después de que las autoridades abordaran las irregularidades detectadas en los registros de producción de cobre correspondientes a 2024 y 2025. Para el PS, los cuestionamientos a la gestión de la compañía deben formularse sin anticipar responsabilidades mientras continúan las investigaciones.
Investigaciones por producción irregular en Codelco
La controversia se intensificó tras la Junta Extraordinaria de Accionistas realizada el 5 de noviembre, instancia en la que la administración de Codelco presentó antecedentes sobre registros de producción presuntamente adulterados y sus posibles consecuencias financieras.
Según la información oficial de la compañía, las inconsistencias investigadas podrían ocasionar un ajuste contable de entre US$120 millones y US$140 millones, principalmente por diferencias en inventarios. Los antecedentes también apuntan a posibles pagos incorrectos de incentivos variables a trabajadores y ejecutivos, cuyos montos definitivos todavía no han sido establecidos.
Las revisiones externas encargadas a KPMG y EY continúan en desarrollo. La primera examina los registros productivos de las divisiones durante 2024 y 2025, mientras que la segunda investiga eventuales duplicidades, sus causas y posibles responsabilidades. Codelco ya había concluido una auditoría interna relacionada con las cifras de 2025, pero los nuevos hallazgos ampliaron las indagaciones.
El 29 de octubre, la estatal informó la desvinculación de ocho ejecutivos y profesionales de Chuquicamata, Ministro Hales, Salvador y Casa Matriz. La decisión fue adoptada en el marco de las investigaciones administrativas, sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que puedan establecer las instancias competentes.
El debate sobre la participación privada en Codelco
Uno de los principales cuestionamientos del Partido Socialista apunta al futuro patrimonial de la minera y a la discusión de su presupuesto de inversiones para 2027. La colectividad teme que las críticas a la situación financiera y productiva de la empresa terminen justificando la venta de participaciones en otras operaciones mineras.
Entre los activos mencionados en la controversia figuran las participaciones de Codelco en El Abra, Quebrada Blanca y Anglo American Sur, además de su presencia en NovaAndino Litio. Sin embargo, la advertencia del PS no acredita que exista una decisión aprobada para vender esas participaciones.
La discusión ocurre mientras la administración de Codelco busca ampliar sus asociaciones con empresas privadas para desarrollar nuevos proyectos. El 9 de noviembre, Bernardo Fontaine sostuvo que la producción de la estatal podría continuar disminuyendo si no consigue incorporar socios que aporten capital y capacidades de gestión.
El presidente del directorio también planteó la necesidad de modernizar la legislación que regula estas asociaciones. Su propuesta apunta a facilitar el desarrollo de nuevas operaciones mediante alianzas, una fórmula distinta de transferir el control de Codelco al sector privado.
El Gobierno, por su parte, había descartado en julio avanzar hacia la privatización de la empresa, aunque dejó abierta la posibilidad de incorporar capital privado y vender determinados activos considerados prescindibles. En junio, Codelco también había aclarado que su directorio no había analizado ni aprobado la venta de sus participaciones en El Abra y Quebrada Blanca.
La controversia enfrenta así dos posiciones sobre el futuro de la compañía: mientras el Partido Socialista exige proteger sus inversiones y participaciones estratégicas, la actual administración defiende una reorganización orientada a mejorar sus resultados y ampliar la colaboración con privados.
Por ahora, las investigaciones sobre los registros productivos siguen abiertas y Codelco prepara su plan de recuperación. Sus resultados serán relevantes para determinar responsabilidades, precisar los efectos económicos de las irregularidades y definir las medidas de gestión que adoptará la empresa.
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¿Qué acusación hizo el Partido Socialista contra el Gobierno de José Antonio Kast?
El Partido Socialista acusó al Gobierno de José Antonio Kast de impulsar una campaña de desprestigio contra Codelco, advirtiendo que los cuestionamientos públicos podrían usarse para justificar una eventual venta de activos o una reducción de inversiones.
¿Qué irregularidades se investigan en Codelco?
Se investigan irregularidades en los registros de producción de cobre correspondientes a 2024 y 2025, que podrían ocasionar un ajuste contable de entre US$120 millones y US$140 millones, principalmente por diferencias en inventarios. También se investigan posibles pagos incorrectos de incentivos variables a trabajadores y ejecutivos.
¿Qué medidas ha tomado Codelco en respuesta a las investigaciones?
Codelco ha desvinculado a ocho ejecutivos y profesionales de Chuquicamata, Ministro Hales, Salvador y Casa Matriz como parte de las investigaciones administrativas. Las revisiones externas encargadas a KPMG y EY continúan en desarrollo.
¿Cuál es la postura del Partido Socialista respecto al futuro patrimonial de Codelco?
El Partido Socialista teme que las críticas a la situación financiera y productiva de Codelco justifiquen la venta de participaciones en otras operaciones mineras, como El Abra, Quebrada Blanca y Anglo American Sur, aunque no hay una decisión aprobada para vender esas participaciones.
¿Qué propone el presidente del directorio de Codelco para el futuro de la empresa?
Bernardo Fontaine, presidente del directorio de Codelco, propone modernizar la legislación para facilitar el desarrollo de nuevas operaciones mediante alianzas con empresas privadas, sin transferir el control de Codelco al sector privado. También destacó la necesidad de incorporar socios que aporten capital y capacidades de gestión.
