Megarreforma entró en una fase decisiva después de una sesión que se extendió por cerca de 14 horas y que terminó con la Comisión de Hacienda de la Cámara despachando el proyecto de Reconstrucción Nacional. La señal política es potente: el Gobierno logró mantener en pie una de sus apuestas más sensibles, la rebaja gradual del impuesto de primera categoría desde 27% a 23%, pero no salió ileso. En la misma votación quedaron fuera normas polémicas, entre ellas la relacionada con el uso de contenidos para entrenamiento de inteligencia artificial y la eliminación de la franquicia tributaria Sence, dos puntos que abrieron flancos con sectores productivos, trabajadores, creadores y parlamentarios que incluso dentro del oficialismo pidieron moderar el diseño original. El resultado no cierra la discusión; la desplaza. Ahora el texto debe pasar por nuevas comisiones y luego enfrentar la prueba mayor en sala, donde el Ejecutivo necesitará ordenar votos, contener costos fiscales y demostrar que su promesa de inversión no terminará convertida en una factura política difícil de pagar.
El corazón tributario del proyecto logró sobrevivir
La aprobación en Hacienda dejó en pie la columna vertebral económica del proyecto: reducir la carga tributaria corporativa y entregar certezas a la inversión. Según la presentación del Ministerio de Hacienda sobre el proyecto de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social, la iniciativa busca recuperar competitividad tributaria, simplificar permisos, contener gasto público e introducir medidas transitorias de recaudación. En ese diseño, la rebaja del impuesto de primera categoría es mucho más que un ajuste técnico: es el símbolo de la nueva estrategia económica del Gobierno, que intenta instalar la idea de que menor carga tributaria puede traducirse en mayor inversión, empleo y formalización. El problema es que esa promesa exige compensaciones creíbles, porque una reducción de ingresos permanentes sin financiamiento suficiente puede tensionar las cuentas fiscales justo cuando el país enfrenta demandas sociales, reconstrucción territorial y presión por mayor gasto en seguridad, salud, vivienda e infraestructura.
Lo que se aprobó y lo que quedó fuera
La tramitación no fue un cheque en blanco. De acuerdo con el reporte de 24 Horas sobre el despacho del Proyecto de Reconstrucción Nacional, la Comisión de Hacienda aprobó la reducción del impuesto de primera categoría y también la invariabilidad tributaria por 25 años, pero el avance ocurrió después de una votación extensa y tensionada. En paralelo, según el detalle publicado por T13 sobre el paso del proyecto a las comisiones de Trabajo y Medio Ambiente, fueron rechazadas normas sensibles, entre ellas la que permitía el uso de contenido periodístico, audiovisual, musical y cultural para entrenar sistemas de inteligencia artificial sin autorización ni pago, además de la derogación de la franquicia tributaria Sence. Esa combinación muestra un patrón claro: el Congreso permitió que avanzara el eje económico, pero puso límites cuando el proyecto tocó derechos de autor, capacitación laboral y materias que podían abrir conflictos sectoriales demasiado amplios.
La oposición perdió una votación, pero ganó espacio para condicionar la siguiente etapa
El resultado deja a la oposición en una posición incómoda, pero no irrelevante. No logró bloquear el avance del proyecto en Hacienda, aunque sí consiguió instalar costos políticos sobre sus puntos más controversiales. La discusión ahora se trasladará a comisiones donde el articulado deberá cruzarse con materias laborales, ambientales y regulatorias, lo que abre una segunda cancha de negociación. El Gobierno, por su parte, necesita evitar que la aprobación parcial sea leída como una victoria estrecha y no como una ruta legislativa viable. El llamado a “sanar heridas”, citado en el debate público tras la jornada, apunta justamente a ese dilema: la reforma puede avanzar con mayoría circunstancial, pero para transformarse en ley requiere una arquitectura más estable. En proyectos de esta magnitud, cada indicación rechazada o aprobada construye señales para inversionistas, empresas, municipios, trabajadores y gremios; por eso el Ejecutivo deberá demostrar que la rebaja tributaria no quedará aislada de un paquete fiscalmente sostenible.
Por qué la rebaja de 27% a 23% divide al Congreso
La reducción del impuesto corporativo tiene defensores y críticos por razones de fondo. Para el Gobierno y el empresariado, bajar la tasa desde 27% a 23% puede mejorar la posición competitiva de Chile frente a otros mercados, especialmente si se combina con reglas más simples, permisos más rápidos e incentivos al empleo formal. Para sus detractores, el riesgo es que el Estado renuncie a recaudación sin garantías suficientes de inversión efectiva, empleo nuevo o transferencia de beneficios hacia trabajadores y consumidores. La tensión es antigua, pero esta vez ocurre en un contexto más delicado: el proyecto no se presenta solo como reforma tributaria, sino como plan de reconstrucción económica y social. Esa etiqueta eleva la vara, porque obliga a responder una pregunta concreta: si el país entrega certeza a las empresas, ¿qué recibe a cambio la ciudadanía en empleo, precios, inversión regional, vivienda y recuperación económica?
La inteligencia artificial se transformó en un límite inesperado
Uno de los golpes políticos de la sesión fue el rechazo a la norma sobre inteligencia artificial y derechos de autor. Aunque no era el centro tributario del proyecto, terminó capturando atención porque abría una discusión de alto impacto sobre propiedad intelectual, medios, cultura, música, producción audiovisual y entrenamiento de modelos tecnológicos. El rechazo mostró que el Congreso no está dispuesto a resolver materias digitales complejas dentro de una reforma económica amplia y bajo presión legislativa. Ese punto es clave, porque Chile necesita regulación moderna para inteligencia artificial, pero una norma que permita usar contenido protegido sin autorización ni pago puede generar resistencia transversal. La señal para el Ejecutivo es evidente: las reformas proinversión pueden avanzar, pero los cambios que afecten derechos de creadores, industrias culturales o medios de comunicación requerirán una discusión separada, técnica y con mayor legitimidad pública.
Las próximas comisiones serán la verdadera prueba de resistencia
El despacho desde Hacienda no significa que el proyecto esté asegurado. La Cámara mantiene el registro del Boletín 18216-05 del proyecto de Reconstrucción Nacional, que todavía debe completar su tramitación legislativa. El paso por Trabajo y Medio Ambiente puede tensionar normas sobre empleo, capacitación, permisos, estándares regulatorios y eventuales efectos sectoriales. Para el Gobierno, el desafío será impedir que la reforma se fragmente en negociaciones contradictorias. Para la oposición, la oportunidad estará en exigir compensaciones, gradualidad y resguardos fiscales. Para las empresas, el punto central será observar si la promesa de certeza termina convertida en una ley clara o en un texto demasiado negociado. La megarreforma ya sobrevivió a una primera batalla dura; lo que viene definirá si fue el inicio de un nuevo ciclo económico o apenas una victoria parcial en una guerra legislativa mucho más larga.
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