La Cámara de Diputados despachó la megarreforma económica del gobierno al Senado tras una extensa jornada de votaciones donde el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, logró salvar los principales cambios tributarios de la iniciativa gracias al respaldo decisivo de un reducido grupo de diputados del Partido de la Gente (PDG). Aunque el Ejecutivo consiguió aprobar el llamado “corazón tributario” del proyecto, la oposición respondió con una ofensiva política y jurídica que incluyó más de 30 reservas de constitucionalidad y varias derrotas parciales para La Moneda.
La sesión, que contempló 89 votaciones en cerca de cuatro horas, terminó con un ambiente de celebración en el oficialismo luego de semanas marcadas por intensas negociaciones y dudas respecto de la viabilidad política de la iniciativa. Finalmente, el proyecto fue despachado cerca de las 14:08 horas rumbo al Senado, consolidando un importante triunfo legislativo para el gobierno del presidente José Antonio Kast.
La aprobación en general se concretó inicialmente con 90 votos favorables para las normas simples y luego con 84 votos para los artículos orgánicos constitucionales, superando con holgura el quorum requerido. Sin embargo, el verdadero desafío para el Ejecutivo estaba en las votaciones particulares vinculadas a los cambios tributarios estructurales, especialmente la rebaja del impuesto corporativo, la reintegración tributaria y la invariabilidad para inversiones.
El resultado reafirma la estrategia económica impulsada por el gobierno para estimular inversión, crecimiento y destrabar proyectos productivos, discusión que se ha intensificado en medio de debates sobre permisología, estabilidad regulatoria y judicialización ambiental en Chile.
Rebaja de impuestos y reintegración tributaria se aprobaron por márgenes estrechos
El principal objetivo del ministro Jorge Quiroz era asegurar la aprobación de los artículos tributarios considerados esenciales dentro de la megarreforma. El punto más relevante correspondía a la rebaja del impuesto de primera categoría desde 27% a 23%.
Las distintas votaciones asociadas a esa reducción tributaria fluctuaron entre 87 y 90 votos favorables, gracias principalmente al respaldo mayoritario del PDG. También entregaron apoyo parcial algunos parlamentarios de la Democracia Cristiana y de la bancada liberal en aquellas normas orientadas específicamente a pequeñas y medianas empresas.
Sin embargo, el apoyo se redujo considerablemente cuando las disposiciones beneficiaban también a grandes compañías. En esos casos, el gobierno logró aprobar las normas gracias a apenas cuatro votos del PDG: Juan Marcelo Valenzuela, Alex Nahuelquín, Javier Olivares y Patricio Briones, además del diputado Cristián Contreras, actualmente suspendido del partido.
La situación fue particularmente ajustada en el artículo relacionado con reintegración tributaria, mecanismo que permite a propietarios descontar impuestos pagados previamente por sus empresas. Esa disposición se aprobó con apenas 82 votos favorables, solo cuatro sobre el mínimo requerido.
La invariabilidad tributaria también generó fuertes tensiones políticas y terminó aprobándose por márgenes igualmente estrechos, entre 81 y 82 votos favorables dependiendo del artículo.
El gobierno había intentado cerrar un acuerdo más amplio con el PDG y sectores de la DC para asegurar respaldo completo a la invariabilidad. No obstante, las divisiones internas dentro de la bancada del Partido de la Gente impidieron sellar un protocolo formal de apoyo.
Finalmente, el PDG optó por otorgar libertad de acción a sus parlamentarios, decisión que terminó favoreciendo parcialmente al Ejecutivo debido a la dispersión de votos dentro de la bancada.
Oposición prepara ofensiva ante el Tribunal Constitucional
Pese al triunfo legislativo, la oposición desplegó una fuerte estrategia jurídica y política destinada a cuestionar la constitucionalidad de múltiples normas aprobadas durante la sesión.
En total, parlamentarios opositores realizaron más de 30 reservas de constitucionalidad, particularmente sobre las disposiciones relacionadas con invariabilidad tributaria y facultades regulatorias contenidas en el proyecto.
El diputado Jaime Bassa, del Frente Amplio, calificó la iniciativa como un “mamarracho”, utilizando un concepto que generó tensos intercambios políticos en la sala y abrió un nuevo episodio de confrontación entre oficialismo y oposición.
Incluso el diputado Jorge Brito adelantó que varias de estas reservas servirán como base para una futura presentación ante el Tribunal Constitucional.
La discusión legislativa ocurre además en un momento donde el gobierno intenta fortalecer señales de estabilidad regulatoria para inversiones estratégicas, especialmente luego de recientes controversias asociadas a permisos ambientales y judicialización de proyectos mineros y energéticos. El debate tomó fuerza tras las críticas del Ejecutivo a la anulación de permisos ambientales en proyectos como Collahuasi.
El ministro Quiroz defendió el resultado de la votación y calificó el avance legislativo como un respaldo histórico al programa económico del gobierno.
“El gobierno se acercó a esta casa con una propuesta histórica para cambiar la historia de ahora en adelante. Y hemos recibido también un respaldo histórico”, afirmó tras finalizar la sesión.
Más cauto se mostró el ministro del Interior y Segpres, Claudio Alvarado, quien advirtió que el proyecto aún debe enfrentar una compleja discusión en el Senado.
Gobierno sufrió derrotas parciales en sala cuna, Sence e inteligencia artificial
La oposición también logró introducir modificaciones y derrotas relevantes para La Moneda durante la tramitación en particular.
Uno de los golpes más significativos fue la aprobación de una indicación para establecer un sistema de sala cuna universal, iniciativa que contó incluso con respaldo de diputadas oficialistas. Tras la votación, el ministro Quiroz presentó una reserva de constitucionalidad argumentando que la norma implicaría gasto fiscal.
Otro revés importante fue el rechazo del artículo que buscaba eliminar la franquicia Sence, mecanismo que permite a empresas descontar impuestos asociados a capacitación laboral. La disposición fue rechazada por 91 votos en contra.
El Ejecutivo también sufrió una contundente derrota con el rechazo de la norma que pretendía liberar a plataformas de inteligencia artificial del pago de derechos asociados a propiedad intelectual. Ese artículo fue rechazado por 104 votos.
Aunque el gobierno da prácticamente por descartada la reposición de la norma sobre inteligencia artificial, sí espera reingresar con modificaciones el artículo relacionado con la franquicia Sence durante la discusión en el Senado.
La aprobación de la megarreforma se produce en paralelo a una ofensiva gubernamental para acelerar proyectos de inversión y destrabar permisos ambientales, estrategia que esta semana también permitió al Comité de Ministros aprobar iniciativas por más de US$2.800 millones en minería, hidrógeno verde y desarrollo urbano.
