La Comisión de Hacienda despachó el proyecto con votos del oficialismo y dejó su definición en manos de la Sala. La iniciativa incluye incentivos para grandes inversiones, un crédito focalizado para empleos ligados a la exportación de servicios y cambios tributarios de amplio alcance.
La Comisión de Hacienda del Senado aprobó y despachó a la Sala el proyecto de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social, conocido como la megarreforma del Gobierno, luego de una discusión marcada por diferencias sobre su costo fiscal, los beneficios para grandes inversiones y la rebaja de impuestos a las empresas.
La mayor parte de las normas centrales fue aprobada por tres votos a favor y dos en contra, reflejando que el Ejecutivo consiguió avanzar utilizando la mayoría oficialista de la instancia, pero sin asegurar un respaldo transversal para la siguiente votación.
La Sala del Senado deberá revisar la iniciativa entre este martes 14 y el miércoles 15 de julio. El resultado se anticipa estrecho, debido a que distintos parlamentarios de oposición han cuestionado tanto el contenido como la velocidad de tramitación del proyecto.
Impuesto corporativo bajaría gradualmente hasta 23%
Uno de los principales componentes de la reforma es la reducción del Impuesto de Primera Categoría que pagan las grandes empresas.
La tasa general actualmente se ubica en 27% y el proyecto establece una disminución gradual durante los próximos años. El diseño contempla una tasa de 25,5% en 2027, de 24% en 2028 y de 23% una vez completado el proceso.
Las pequeñas y medianas empresas sujetas a regímenes especiales mantienen un tratamiento diferente, por lo que la rebaja no se aplicaría de la misma manera a todos los contribuyentes empresariales.
Durante la negociación, Hacienda intentó reducir la tasa final hasta 22%, pero retiró esas indicaciones tras el rechazo de sectores de oposición y las diferencias surgidas con senadores del PPD. Finalmente, la Comisión mantuvo el objetivo original de 23%.
Para el Gobierno, esta disminución busca mejorar la capacidad de inversión de las empresas y elevar la competitividad tributaria de Chile. Sus críticos advierten que la menor recaudación podría aumentar la presión sobre las cuentas fiscales durante los primeros años de vigencia.
La aprobación legislativa, por sí sola, no garantiza que una rebaja tributaria se transforme inmediatamente en nuevas contrataciones, aumentos salariales o menores precios para los consumidores. El efecto dependerá de las decisiones de inversión, del nivel de actividad económica y de las condiciones financieras que enfrenten las empresas.
Invariabilidad dependerá del monto de la inversión
La Comisión también modificó uno de los puntos más controvertidos del proyecto: la invariabilidad tributaria para inversiones de gran escala.
La propuesta original entregaba hasta 25 años de estabilidad tributaria a proyectos nacionales o extranjeros superiores a US$50 millones. El texto aprobado reemplazó ese esquema por tres tramos:
- Inversiones desde US$50 millones y hasta menos de US$100 millones: 10 años de invariabilidad.
- Inversiones desde US$100 millones y hasta menos de US$350 millones: 15 años.
- Inversiones iguales o superiores a US$350 millones: 20 años.
El período comenzaría a contabilizarse desde que el proyecto genere ingresos brutos y no necesariamente desde el momento en que se anuncie o inicie su construcción.
Las empresas que opten por este sistema deberán pagar una carga adicional equivalente a 1,5 puntos porcentuales sobre el Impuesto de Primera Categoría. La prima busca compensar parcialmente el beneficio de mantener congeladas determinadas condiciones tributarias durante un período prolongado.
La invariabilidad permite que un proyecto conozca anticipadamente parte de las reglas tributarias que enfrentará durante su desarrollo. Esto puede ser relevante para inversiones intensivas en capital, como minería, energía, infraestructura, centros de datos o grandes instalaciones industriales, cuyos retornos suelen calcularse a varios años.
Sin embargo, la oposición realizó una reserva de constitucionalidad y anticipó que podría recurrir al Tribunal Constitucional. El debate se concentra en el alcance del beneficio y en la posibilidad de limitar futuras modificaciones tributarias para determinados contribuyentes.
Crédito al empleo se restringe a servicios del conocimiento
Otro cambio relevante fue la reformulación del crédito tributario para incentivar la contratación formal.
La versión inicial tenía un alcance más amplio, pero el texto despachado lo focaliza en empresas que exporten servicios basados en el conocimiento y que puedan entregarse total o parcialmente a distancia mediante medios digitales, electrónicos o de telecomunicaciones.
Entre las actividades que podrían quedar comprendidas se encuentran servicios sustentados en calificación técnica o profesional, uso intensivo de tecnologías de la información y desarrollo tecnológico. El catálogo definitivo deberá ser establecido mediante un decreto del Ministerio de Hacienda, con antecedentes del Ministerio de Economía.
Para acceder al incentivo, los servicios deberán ser calificados como exportación, ser prestados a clientes sin domicilio ni residencia en Chile y utilizarse en el extranjero.
El crédito será equivalente al 15% de la parte de las remuneraciones vinculadas con la actividad exportadora, con un límite de 75 UTM por trabajador durante cada ejercicio comercial. Además, existirán incrementos para trabajadores ubicados en regiones distintas de la Metropolitana o en comunas rurales de la capital.
El beneficio apunta principalmente a empresas tecnológicas, desarrolladores de software, servicios profesionales especializados, ingeniería, análisis de datos y otras actividades que vendan servicios al exterior.
La focalización reduce considerablemente el costo fiscal respecto de la propuesta original. La estimación para 2027 baja desde alrededor de US$1.670 millones a cerca de US$118 millones, mientras que el costo seguiría aumentando gradualmente conforme crezca la masa salarial acogida al incentivo.
Otras medidas que siguen en discusión
La reforma no se limita a los impuestos empresariales. El proyecto contiene normas económicas, laborales, municipales, habitacionales y relacionadas con la reconstrucción de zonas afectadas por incendios forestales.
Entre las medidas aprobadas durante su tramitación se encuentran la reintegración del sistema tributario, beneficios para la compra de viviendas nuevas, modificaciones a las contribuciones de personas mayores, mecanismos de repatriación de capitales y nuevas reglas para donaciones.
La Comisión también aprobó reemplazar el aporte adicional al Fondo Común Municipal establecido en la Ley de Presupuestos por un mecanismo permanente dentro de la Ley de Rentas Municipales, equivalente a 1.500.000 UTM anuales.
Además, avanzó una norma destinada al cobro de deudas por derechos de aseo, disposición que generó cuestionamientos por su posible impacto en hogares vulnerables y personas que mantienen obligaciones acumuladas con sus municipios.
Qué falta para que los cambios entren en vigencia
Las medidas todavía no están vigentes. Primero deben ser aprobadas por la Sala del Senado. Debido a las modificaciones introducidas durante el segundo trámite constitucional, el proyecto podría regresar a la Cámara de Diputadas y Diputados para una nueva revisión.
Si ambas cámaras no logran acordar un texto idéntico, la iniciativa deberá pasar a una comisión mixta. Solo después de completar la tramitación, superar eventuales requerimientos constitucionales y ser publicada como ley comenzarán a aplicarse sus disposiciones, respetando los plazos particulares establecidos para cada norma.
Para empresas, trabajadores y potenciales inversionistas, el punto inmediato será observar la votación en la Sala y las condiciones definitivas que queden incorporadas. Hasta que el Congreso complete el proceso, las tasas, créditos e incentivos aprobados por la Comisión no pueden considerarse beneficios disponibles ni derechos adquiridos.
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