La declaración conjunta de 15 gobiernos plantea explorar mecanismos de revisión de inversiones, diversificar el suministro de minerales estratégicos y promover reglas para proveedores de infraestructura digital. Aún no define proyectos, montos ni cambios regulatorios para Chile.
La adhesión de Chile al Escudo de las Américas, anunciada el martes 22 de septiembre durante una reunión de líderes en Nueva York, tiene un alcance económico que va más allá de la cooperación contra el crimen organizado. La declaración difundida por Estados Unidos en nombre de 15 gobiernos, incluido el chileno, propone trabajar en inversiones y cadenas de suministro de minerales críticos, materias de especial relevancia para un país cuyas exportaciones dependen en gran medida del cobre y el litio. El presidente José Antonio Kast participó en el encuentro durante la Asamblea General de Naciones Unidas.
Qué plantea la declaración económica
El documento organiza la iniciativa en tres ámbitos: economía, seguridad y coordinación multilateral. En el primero, los participantes expresan su intención de fortalecer la cooperación económica, explorar mecanismos de revisión de inversiones, proteger las cadenas de suministro de minerales críticos mediante fuentes diversificadas y confiables, y promover regulaciones para proveedores de infraestructura digital aplicadas sin discriminación. También plantean profundizar el trabajo conjunto en inversiones y coordinar posiciones sobre asuntos de interés común en foros regionales e internacionales.
La redacción establece una dirección de trabajo, pero deja abiertas las decisiones que podrían tener efectos concretos en Chile. No identifica minerales, empresas, proyectos o países que quedarían sujetos a una eventual revisión de inversiones. Tampoco fija criterios para calificar a un proveedor digital como confiable. El texto declara que cada gobierno actuará de acuerdo con sus obligaciones legales nacionales e internacionales; por sí solo, el anuncio no equivale a la entrada en vigor de un nuevo sistema chileno de autorización de inversiones.
Ese alcance contrasta con el énfasis del anuncio inicial de la Cancillería, que presentó la adhesión como un marco voluntario de coordinación frente al crimen organizado transnacional. Entre los beneficios que el Gobierno atribuyó a la participación mencionó el intercambio de información, herramientas de análisis de datos, capacitación para Carabineros y la PDI, y coordinación fronteriza con Argentina, Bolivia y Perú. La comunicación chilena no desarrolló el contenido económico incluido en la declaración conjunta.
Una agenda minera que comenzó antes de la adhesión
La referencia a los minerales críticos se suma a compromisos bilaterales previos entre Chile y Estados Unidos. El 12 de marzo, ambos gobiernos establecieron consultas técnicas sobre minerales críticos y tierras raras. Entre sus objetivos figuraron identificar proyectos de interés, fortalecer cadenas de suministro, abordar el aprovechamiento de chatarra de estos materiales y explorar financiamiento público y privado para iniciativas de inversión.
En abril, los dos países firmaron un memorándum de entendimiento para cooperar en distintas etapas de la cadena de valor minera, desde la exploración hasta el procesamiento. La Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales precisó entonces que ese instrumento no crea obligaciones vinculantes ni otorga derechos preferentes. La nueva declaración regional tampoco anuncia inversiones adjudicadas, financiamiento aprobado o contratos de suministro.
Para la minería chilena, la diferencia es decisiva: una agenda de cooperación puede facilitar conversaciones entre gobiernos y empresas, pero la ejecución de un proyecto dependerá de decisiones posteriores, recursos, permisos y las reglas aplicables en cada país.
El peso del cobre y el litio
Las cifras comerciales explican por qué el suministro de minerales ocupa un lugar en esta discusión. Entre enero y agosto de 2026, la minería aportó US$52.130 millones, equivalentes al 62,6% de las exportaciones chilenas de bienes. El cobre representó US$43.275 millones y el litio, US$4.332 millones, según la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales.
En el mismo período, China recibió el 33,6% de los envíos chilenos de bienes y Estados Unidos, el 16,8%. La concentración es mayor en el litio: China fue destino del 67% de las exportaciones chilenas de ese producto durante 2025. Por ello, cualquier iniciativa de diversificación de suministros debe leerse junto con la estructura comercial que Chile ya mantiene con ambos mercados. La declaración del Escudo no establece cuotas de exportación ni compromete volúmenes para sus participantes.
Las definiciones pendientes
La primera acción conjunta anunciada por los gobiernos se concentra en seguridad: contempla la intención de aplicar, cuando corresponda y conforme a las leyes de cada país, medidas contra integrantes y colaboradores de 24 organizaciones criminales. En materia económica, el documento permanece en una etapa de objetivos generales.
Para medir sus consecuencias en Chile habrá que observar si los gobiernos acuerdan criterios para revisar inversiones, qué normas proponen para la infraestructura digital y si la cooperación sobre minerales críticos se traduce en proyectos identificables. Hasta ahora, la adhesión sitúa esos asuntos en una mesa regional; sus efectos sobre inversiones y operaciones mineras siguen sin estar definidos.
