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El proyecto deberá regresar a la Cámara de Diputadas y Diputados, donde el Gobierno buscará aprobar los cambios del Senado y evitar una comisión mixta. La compensación a los municipios y la ofensiva constitucional de la oposición siguen sin resolverse.
La denominada megarreforma económica del Gobierno entró en su etapa legislativa decisiva después de ser despachada por el Senado durante la madrugada del jueves. La iniciativa volverá ahora a la Cámara de Diputadas y Diputados, que deberá pronunciarse sobre las modificaciones introducidas por la Cámara Alta.
El Ejecutivo espera cerrar la tramitación durante la próxima semana y convertir el proyecto en ley. Sin embargo, el resultado todavía depende de tres asuntos que permanecen abiertos: la compensación al Fondo Común Municipal, el requerimiento que prepara la oposición ante el Tribunal Constitucional y los votos que entregue el Partido de la Gente en el tercer trámite.
La votación en la Cámara está prevista para el martes 21 de julio. Si los diputados aceptan las enmiendas del Senado, el proyecto quedará listo para continuar su proceso de promulgación. Si rechazan una o más modificaciones, las diferencias deberán ser resueltas por una comisión mixta integrada por parlamentarios de ambas cámaras.
El proyecto salió del Senado con una mayoría estrecha
La iniciativa fue despachada tras una sesión que se extendió por cerca de 12 horas y terminó alrededor de las 2:40 de la madrugada. Los principales artículos tributarios avanzaron con 26 votos a favor y 24 en contra, reflejando el estrecho margen con el que el oficialismo logró sostener el corazón de la reforma.
Entre los cambios aprobados se encuentra la reducción gradual del Impuesto de Primera Categoría para las grandes empresas, cuya tasa bajará desde el actual 27% hasta llegar al 23% a partir del año comercial 2029.
El calendario contempla una tasa de 25,5% en 2027, de 24% en 2028 y de 23% desde 2029. El proyecto también considera la reintegración progresiva del sistema tributario, incentivos para grandes inversiones y un régimen de invariabilidad que permitirá mantener determinadas condiciones tributarias durante plazos diferenciados.
Las inversiones de entre US$50 millones y menos de US$100 millones podrán acceder a una invariabilidad de 10 años. El plazo aumentará a 15 años para proyectos de entre US$100 millones y menos de US$350 millones, mientras que las inversiones superiores a ese monto podrán alcanzar un máximo de 20 años.
La reforma incluye además una exención del pago de contribuciones para la primera vivienda de personas mayores de 65 años, una reducción de hasta 50% en el impuesto a las herencias y donaciones, cambios ambientales y nuevas disposiciones relacionadas con pagos del Estado a pequeñas y medianas empresas.
La compensación municipal quedó fuera de la reforma
Uno de los puntos más complejos corresponde al impacto que tendrá la exención de contribuciones sobre el Fondo Común Municipal, mecanismo que distribuye recursos entre las comunas y que resulta especialmente relevante para los municipios con menores ingresos propios.
Durante la discusión en el Senado, el Gobierno intentó incorporar una fórmula para compensar completamente la disminución de recursos provocada por el beneficio destinado a adultos mayores. La propuesta contemplaba transferencias directas a los municipios y compromisos para agilizar permisos municipales, junto con mayores atribuciones de fiscalización para la Contraloría.
La indicación no consiguió la unanimidad necesaria para ser incorporada durante la sesión, por lo que la compensación no quedó incluida en el proyecto despachado por el Senado.
El Ejecutivo anunció que trasladará esta fórmula a la próxima ley de reajuste del sector público. Esto significa que la reposición de los recursos municipales dependerá de una iniciativa distinta y de una nueva negociación en el Congreso.
El compromiso será observado especialmente por alcaldes y asociaciones municipales, debido a que la exención de contribuciones sí permanece dentro de la megarreforma, mientras que el mecanismo para cubrir la pérdida de ingresos deberá tramitarse posteriormente.
Para las comunas, la diferencia no es menor. El Fondo Común Municipal ayuda a financiar servicios locales, mantención urbana, seguridad comunal, áreas verdes, atención social y otros gastos que afectan directamente a los vecinos.
La oposición prepara una ofensiva ante el Tribunal Constitucional
El segundo frente se encuentra fuera de las votaciones ordinarias del Congreso. Los partidos de oposición trabajan en un requerimiento ante el Tribunal Constitucional para impugnar determinadas normas de la reforma.
La presentación se concentraría principalmente en el régimen de invariabilidad tributaria para grandes inversiones y en disposiciones ambientales incorporadas durante la tramitación. También existen cuestionamientos sobre el alcance de ciertos beneficios entregados a empresas estatales y sobre la forma en que algunas materias fueron incluidas en el proyecto.
La oposición prevé ingresar el requerimiento a más tardar el lunes 20 de julio. La acción podría abrir una revisión constitucional de artículos centrales antes de que la iniciativa complete su promulgación.
Durante la votación en el Senado, distintos parlamentarios dejaron reservas de constitucionalidad en varias normas, una señal utilizada para dejar constancia de posibles objeciones jurídicas.
El Gobierno, en cambio, sostiene que las disposiciones cumplen con la Constitución y que los incentivos buscan entregar certeza a los inversionistas, mejorar la competitividad tributaria y facilitar el desarrollo de proyectos de gran escala.
El PDG vuelve a tener votos decisivos en la Cámara
El tercer elemento será la posición del Partido de la Gente. Sus diputados fueron relevantes durante el primer trámite constitucional y volverán a tener un papel clave cuando la Cámara revise las modificaciones efectuadas por el Senado.
La bancada anunció que estudiará las enmiendas artículo por artículo, considerando su impacto sobre el crecimiento económico y las familias. Por ahora, no existe un respaldo automático a todo el texto.
El Gobierno necesita que la Cámara apruebe las modificaciones para evitar que el proyecto llegue a una comisión mixta. Ese escenario extendería la discusión y obligaría a construir un nuevo acuerdo sobre los artículos rechazados.
La votación también medirá la capacidad del Ejecutivo para reconstruir los respaldos alcanzados durante el primer trámite. Aunque el oficialismo consiguió mantener sus votos en el Senado, no logró sumar un apoyo amplio de la centroizquierda en las disposiciones tributarias más importantes.
Qué puede ocurrir durante la próxima semana
La Cámara deberá decidir si acepta o rechaza las modificaciones introducidas por el Senado. No tendrá que votar nuevamente todo el proyecto original, sino únicamente las diferencias entre ambos textos.
Una aprobación completa permitiría despachar la iniciativa. Un rechazo parcial abriría una comisión mixta, mientras que una eventual intervención del Tribunal Constitucional podría modificar o eliminar artículos cuestionados antes de la promulgación.
Para las empresas, el resultado determinará la entrada en vigencia de la rebaja gradual del impuesto corporativo, los incentivos a la inversión y las nuevas condiciones tributarias. Para los adultos mayores propietarios, definirá el futuro de la exención de contribuciones sobre la primera vivienda.
Los municipios, en tanto, deberán esperar una ley posterior para conocer la fórmula definitiva de compensación. La discusión de la próxima semana, por lo tanto, puede cerrar la tramitación de la megarreforma, pero no necesariamente resolverá todos sus efectos fiscales, territoriales y constitucionales.
