La megarreforma impulsada por el Gobierno dio un nuevo paso en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, luego de que se aprobaran modificaciones relevantes al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), cambios a concesiones acuícolas y un nuevo mecanismo de restitución económica para titulares de proyectos cuya Resolución de Calificación Ambiental (RCA) sea anulada judicialmente. La discusión se extendió hasta cerca de las 23 horas y dejó al proyecto listo para pasar a la Sala, donde se prevé una nueva disputa política por el alcance de las normas.
Uno de los factores decisivos de la jornada fue el respaldo del Partido de la Gente (PDG) al oficialismo en varias votaciones sensibles, permitiendo aprobar artículos que habían generado fuerte resistencia desde la oposición. El apoyo de esa bancada resultó clave para destrabar disposiciones vinculadas a la institucionalidad ambiental, límites a medidas cautelares y nuevas reglas para proyectos de inversión. El debate ocurre en un contexto donde el Ejecutivo busca acelerar permisos y reducir incertidumbre regulatoria, línea que también ha estado presente en iniciativas relacionadas con la permisología y la modernización ambiental, temas que han marcado parte importante de la agenda económica reciente en Chile.
Cambios al SEIA apuntan a acelerar tramitaciones y reducir judicialización
Uno de los capítulos más relevantes aprobados corresponde a la reforma al SEIA. La comisión visó eliminar la obligación de someter nuevamente a evaluación ambiental aquellos proyectos que ya cuentan con una RCA favorable, siempre que las modificaciones posteriores no generen impactos ambientales sustantivos.
La iniciativa también crea un mecanismo voluntario de tramitación acelerada para ciertos proyectos y elimina la posibilidad de presentar recursos administrativos contra las RCA, fortaleciendo al mismo tiempo el rol técnico del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) frente a otros organismos sectoriales durante el proceso de evaluación.
Otro punto que generó amplio debate fue la aprobación de límites temporales para medidas cautelares que paralicen proyectos con RCA favorable. El texto establece que dichas medidas solo podrán extenderse por 30 días corridos, salvo que exista una resolución fundada que justifique su prórroga. Paralelamente, la comisión rechazó de manera unánime una propuesta que buscaba limitar a 20 días el plazo para reclamar una RCA ante el Tribunal Ambiental.
Estas disposiciones fueron aprobadas por siete votos contra seis, nuevamente con apoyo del PDG. El avance del proyecto ocurre mientras distintos sectores productivos han advertido sobre los efectos de la demora regulatoria en inversión minera y energética, discusión que también se ha vinculado con el debate sobre certeza regulatoria y gobernanza ambiental en grandes proyectos.
Restitución por RCA anulada abre nuevo escenario para proyectos de inversión
Otro de los artículos que concentró atención fue la creación de un mecanismo de restitución de gastos directos y efectivos cuando una RCA sea anulada mediante sentencia judicial firme.
La propuesta establece que el titular del proyecto podrá presentar una solicitud fundada ante el Ministerio de Hacienda dentro de 30 días hábiles desde que quede ejecutoriado el fallo. Posteriormente, una comisión integrada por tres peritos deberá determinar el monto a restituir, considerando exclusivamente gastos acreditados y asociados directamente al proyecto, los que deberán estar respaldados mediante contabilidad separada.
El texto también contempla que el monto definido podrá ser reclamado judicialmente ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Si no existe reclamación, Hacienda deberá efectuar el pago dentro de un plazo de 30 días hábiles.
No obstante, una disposición transitoria impulsada por el Ejecutivo acotó el alcance del mecanismo. La restitución solo aplicará respecto de RCA otorgadas y anuladas con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley, descartando efectos retroactivos. La norma obtuvo ocho votos favorables y cinco rechazos.
La discusión sobre compensaciones económicas por judicialización ambiental ha tomado fuerza en paralelo a los esfuerzos del Gobierno por destrabar inversiones estratégicas, especialmente en sectores ligados al cobre y minerales críticos, áreas donde Chile busca mantener competitividad frente a otros mercados productores.
Acuicultura, pesca y permisos sectoriales también fueron modificados
La comisión además aprobó una serie de ajustes vinculados a permisos sectoriales y actividad acuícola. Entre ellos, se redujo desde dos años a seis meses el plazo para invalidar actos administrativos asociados a autorizaciones sectoriales.
En materia de acuicultura, se aprobó eximir del ingreso al SEIA ciertas relocalizaciones de concesiones cuando correspondan únicamente a ajustes cartográficos respaldados por la subsecretaría respectiva.
Asimismo, se incorporaron cambios a la Ley General de Pesca que permitirán externalizar informes técnicos sobre bancos naturales a entidades privadas inscritas en Sernapesca y actualizar las exigencias de monitoreo ambiental sobre concesiones acuícolas.
La comisión también modificó el régimen de patente por no uso de concesiones y eliminó la causal de caducidad por paralización de actividades durante más de dos años consecutivos, medida que generó críticas desde sectores ambientalistas y respaldo desde gremios productivos.
Hallazgos arqueológicos y reglamentos ambientales entran en la reforma
Otro de los puntos aprobados modifica la Ley de Monumentos Nacionales. La iniciativa exigirá asesoría técnica de arqueólogos o paleontólogos para permisos de excavación y actualiza el procedimiento frente a hallazgos fortuitos durante obras o faenas.
El proyecto además crea una categoría de “intervenciones menores”, las que podrán ejecutarse mediante aviso electrónico y tendrán efectos equivalentes a una autorización desde el mismo día de su presentación.
En paralelo, la comisión aprobó normas transitorias que otorgan un año al Ministerio del Medio Ambiente para dictar nuevos reglamentos del SEIA y de Evaluación Ambiental Estratégica, adaptándolos a las modificaciones introducidas por la reforma. Respecto del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), se amplió de dos a cuatro años el plazo para dictar reglamentos asociados a la nueva institucionalidad.
Tras superar esta etapa legislativa, el proyecto deberá continuar ahora su discusión en la Sala de la Cámara de Diputados, donde el Ejecutivo buscará consolidar una de las reformas regulatorias más amplias impulsadas durante el actual período.
