Las indicaciones ingresadas por el gobierno de José Antonio Kast al proyecto de megarreforma económica comenzaron a recibir respaldo desde el mundo tributario y legal, luego de que expertos coincidieran en que los cambios tienen un carácter principalmente técnico y no alteran el espíritu central de la iniciativa proinversión impulsada por el Ejecutivo. El paquete de modificaciones, que supera las 80 páginas y comenzó a ser revisado este martes por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, introduce precisiones relevantes en materias como invariabilidad tributaria, donaciones, contribuciones y evaluación ambiental, buscando responder parte de las observaciones planteadas durante la tramitación legislativa sin modificar los pilares estructurales del proyecto. Entre los cambios más comentados figura la reformulación del régimen de invariabilidad tributaria, donde Hacienda eliminó la referencia explícita a una tasa máxima de 35% para inversionistas extranjeros y estableció que la carga tributaria efectiva quedará determinada por la legislación vigente al momento de suscribir el contrato de inversión. El gobierno también trasladó desde la Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera hacia el Ministerio de Hacienda la facultad de suscribir dichos contratos, reforzando el carácter tributario de la medida.
Expertos valoran mayor precisión jurídica y tributaria
Uno de los principales respaldos provino de Andrés Martínez, socio líder de Consultoría Legal y Tributaria de KPMG Chile, quien sostuvo que las indicaciones “mejoran el proyecto y lo hacen más aplicable, pero sin cambiar su orientación inicial”. El especialista afirmó que el nuevo diseño de invariabilidad tributaria reduce cuestionamientos sobre una eventual “congelación amplia” del sistema tributario y entrega mayor claridad respecto del alcance real del beneficio.
En la misma línea, Víctor Fenner, socio adjunto de Conocimiento en Políticas Tributarias de EY Chile, señaló que las modificaciones “mejoran y precisan el texto”, aunque advirtió que el Ejecutivo mantuvo elementos que continúan generando debate entre especialistas, como el plazo de invariabilidad de 25 años y el umbral de entrada para acceder al régimen, fijado en inversiones desde US$50 millones.
Fenner indicó además que las indicaciones no incorporan medidas compensatorias relevantes para enfrentar la menor recaudación fiscal proyectada, uno de los puntos más cuestionados por la oposición durante las últimas semanas.
Régimen de invariabilidad concentra principales cambios
La modificación más profunda se produjo precisamente en el capítulo de invariabilidad tributaria. Loreto Pelegrí, socia de Tax en PwC Chile, afirmó que el Ejecutivo reemplazó íntegramente el artículo original para transformarlo en un “estatuto mucho más detallado y exigente”.
Según explicó, el nuevo diseño incorpora reglas más específicas sobre carga tributaria efectiva, duración de los contratos, tipos de proyectos elegibles y mecanismos formales de resolución de controversias, fortaleciendo la certeza jurídica del régimen frente a inversionistas nacionales y extranjeros.
Pelegrí añadió que, desde el punto de vista fiscal, el proyecto se vuelve “levemente más deficitario”, elevando el impacto estructural desde aproximadamente 0,565% del PIB hasta cerca de 0,57%, principalmente por la ampliación de beneficios asociados al régimen DFL2.
Gobierno mantiene foco procrecimiento
Desde el sector privado también destacaron que las indicaciones refuerzan la aplicabilidad práctica de varias medidas. Vanesa Lanciotti, socia líder de Tax & Legal de Deloitte Chile, sostuvo que los cambios apuntan principalmente a “precisar la implementación” de medidas ya contempladas en el proyecto original.
La economista valoró especialmente los ajustes vinculados al crédito al empleo y al régimen de invariabilidad tributaria, afirmando que ayudan a reducir incertidumbre y entregar un entorno más predecible para la inversión.
Una visión similar expresó Claudio Bustos, socio de Bustos Tax & Legal, quien calificó las modificaciones como “absolutamente pro crecimiento” y favorables para la inversión.
El abogado destacó particularmente el cambio que establece que la tasa efectiva aplicable será aquella vigente al momento de celebrar el contrato de inversión y no necesariamente la tasa actual de 35%, corrigiendo —a su juicio— una distorsión histórica similar a la que tuvo el antiguo DL 600.
Mientras continúan las votaciones en la Comisión de Hacienda, el gobierno mantiene su objetivo de acelerar la tramitación de la denominada megarreforma o Plan de Reconstrucción Nacional antes del 21 de mayo, en medio de intensas negociaciones políticas y una fuerte ofensiva legislativa de la oposición.
