Minera Tres Valles volvió a quedar en el centro de una disputa judicial de alto voltaje, esta vez por una querella de Compañía Minera Tres Valles (CMTV) contra el abogado Juan Esteban Montero, representante de Porto San Giorgio SpA, sociedad ligada a la familia Vecchiola. La acción apunta al presunto delito de denuncia calumniosa y busca desactivar, por la vía penal, las acusaciones formuladas en noviembre de 2025 sobre la adquisición de la faena. El trasfondo es sensible: una operación concursal, una oferta que habría alcanzado los US$75 millones, un pago cuestionado por $544.190.770 y una investigación ya abierta por la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. La ofensiva no ocurre en una faena cualquiera. Tres Valles es una operación de mediana minería ubicada entre Illapel y Salamanca, clave para el ecosistema cuprífero de Coquimbo.
La nueva ofensiva penal de CMTV
La querella presentada por CMTV cuestiona la acción penal que Montero ingresó el 10 de noviembre de 2025 en representación de Porto San Giorgio SpA. Según la compañía, esa denuncia habría levantado imputaciones falsas contra la minera, la abogada María Eugenia Sabbagh y el exliquidador de Minera Tres Valles SpA, Tomás Andrews. Entre los puntos objetados figura la afirmación de que habría existido una oferta seria, concreta y vinculante de Thompson & French Finance Group Limited por US$75 millones, supuestamente ocultada durante el proceso concursal. También se controvierte la tesis de que el pago de $544.190.770 al exliquidador habría sido clandestino y destinado a favorecer a CMTV en desmedro de otros interesados. Para la minera, la nueva acción busca denunciar un uso abusivo de herramientas penales para presionar la devolución de un activo que, sostiene, fue adjudicado en subasta pública bajo el marco de la Ley N°20.720 sobre reorganización y liquidación de empresas y personas.
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La respuesta de Montero y el rol de la Superir
Montero rechazó la querella y la calificó como una maniobra de amedrentamiento. Su argumento central es que no corresponde perseguir por denuncia calumniosa mientras existe una investigación penal en curso por los mismos hechos, especialmente cuando la propia Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento interpuso una querella en abril de 2026 contra el exliquidador Tomás Andrews. Esa acción del regulador atribuye presuntos delitos de otorgamiento de ventajas indebidas, negociación incompatible y cohecho a funcionario público, en el marco de la liquidación de Minera Tres Valles. Según los antecedentes conocidos, la Superir sostiene que el proceso habría involucrado un “esquema de corrupción” para favorecer a CMTV y que el beneficio económico cuestionado alcanzaría los $544.190.770. La defensa de Andrews ha negado la existencia de delitos y ha planteado que la querella contendría inexactitudes e interpretaciones erróneas, por lo que el caso entra ahora en una fase donde las versiones contrapuestas deberán ser contrastadas por la Fiscalía.
Una compra concursal con varios acreedores en disputa
El origen del conflicto está en la liquidación voluntaria solicitada en diciembre de 2022 por Minera Tres Valles, cuando la operación aún estaba ligada al grupo canadiense TVC y enfrentaba dificultades financieras. Entre sus mayores acreedores aparecían Kimura Master Fund Ltd y Porto San Giorgio SpA. A mediados de 2024, Javelin y Kimura tomaron posición sobre la deuda y lograron reactivar la faena, pero a comienzos de 2025 el empresario Cevdet Caner, a través de NIU Invest, pasó a controlar la propiedad. CMTV sostiene que adquirió la unidad económica mediante una subasta concursal pública, con precio pagado íntegramente, escritura pública y aprobación por resolución firme del 30° Juzgado Civil de Santiago. Esa versión contrasta con las impugnaciones de acreedores y representantes legales que han cuestionado la transparencia del proceso. El caso tensiona una discusión mayor sobre activos mineros medianos, donde la certeza jurídica resulta tan relevante como el financiamiento y la continuidad operacional.
Una faena estratégica para Coquimbo
Tres Valles no es solo un expediente judicial. La operación se ubica entre Salamanca e Illapel, en la provincia de Choapa, y forma parte de un corredor cuprífero donde la mediana minería tiene un peso económico relevante. La faena produce cátodos de cobre y opera con activos asociados a Papomono, Don Gabriel y el poder de compra de mineral de terceros. En enero de 2026, el proyecto de Continuidad Operacional obtuvo calificación ambiental favorable para extender sus operaciones hasta 2037, con tres años adicionales considerados para cierre, según consta en la resolución ambiental del Servicio de Evaluación Ambiental.
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Riesgo reputacional y presión regulatoria
La disputa judicial se cruza con otros frentes sensibles para la compañía. En diciembre de 2025, la Superintendencia del Medio Ambiente formuló ocho cargos ambientales contra Sociedad Minera Tres Valles en Liquidación Concursal SpA, un antecedente que aumentó la exposición pública de la faena antes de la aprobación ambiental de continuidad. Ese capítulo fue ampliamente conocido al informar que la autoridad ambiental había formulado ocho cargos contra Sociedad Minera Tres Valles. Aunque se trata de procedimientos distintos, la acumulación de controversias eleva el costo reputacional de la operación y obliga a separar planos: por un lado, la discusión penal y concursal sobre la adquisición; por otro, el cumplimiento ambiental y la capacidad de sostener la operación en régimen. Para inversionistas y acreedores, la pregunta de fondo es si Tres Valles podrá consolidar su reapertura productiva sin que los litigios terminen afectando contratos, financiamiento o relaciones con proveedores locales.
Mediana minería bajo una señal de alerta
El caso Tres Valles golpea un segmento que Chile busca fortalecer. La mediana minería suele operar con menos holgura financiera que la gran minería, pero cumple un rol territorial decisivo en empleo, contratación local y poder de compra para pequeños productores. En Coquimbo, esa expectativa convive con proyectos como El Espino, Arqueros y la propia Tres Valles, que han sido parte del seguimiento sobre proyectos mineros en Coquimbo. La diferencia es que, en este caso, la discusión no pasa solo por reservas, permisos o precio del cobre, sino por la confianza en los mecanismos concursales que permiten rescatar activos productivos en crisis.
Lo que viene para la investigación
La querella de CMTV contra Montero agrega una nueva capa a un expediente que ya tenía suficientes puntos críticos. La Fiscalía deberá ponderar si las denuncias iniciales contenían antecedentes razonables o si, como sostiene la minera, se trató de imputaciones falsas destinadas a presionar una reversión patrimonial. En paralelo, la investigación asociada a la querella de la Superir deberá esclarecer si existieron ventajas indebidas, pagos irregulares o conflictos de interés durante la liquidación. Para Tres Valles, el desafío es doble: defender la legitimidad de la adjudicación y sostener una operación que acaba de recibir oxígeno ambiental para proyectarse hasta 2040. Para el mercado minero, el caso deja una advertencia nítida: la reactivación de activos en insolvencia puede ser una vía efectiva para preservar valor, pero solo si la transparencia del proceso resiste el escrutinio judicial, regulatorio y público.
