La minería submarina podría convertirse en una fuente adicional de minerales críticos para la transición energética, pero su desarrollo enfrenta incertidumbres ambientales, sociales, económicas y regulatorias que todavía no tienen una respuesta suficiente. Esa es la principal conclusión de una investigación desarrollada por especialistas de la Universidad de Chile y publicada en la revista científica Minerals en enero de 2026.
El trabajo revisa la evidencia disponible sobre la extracción de recursos en aguas profundas y plantea que el debate no puede reducirse a la necesidad de nuevos minerales para baterías, redes eléctricas, vehículos eléctricos y tecnologías digitales. La viabilidad de esta actividad dependerá de demostrar que sus impactos pueden ser comprendidos, monitoreados y gestionados bajo estándares científicos y de gobernanza robustos.
La investigación fue elaborada desde el Departamento de Ingeniería de Minas y el Advanced Mining Technology Center de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Su foco está puesto en tres dimensiones que suelen avanzar a velocidades distintas: el conocimiento ambiental, la legitimidad social y la evaluación económica de una industria que aún no inicia operaciones comerciales a gran escala en aguas internacionales.
Minerales críticos bajo el océano
El interés por la minería submarina ha crecido ante la proyección de una mayor demanda por minerales estratégicos. En el fondo oceánico se encuentran recursos como nódulos polimetálicos, costras ferromanganésicas y sulfuros masivos marinos, capaces de contener manganeso, níquel, cobre, cobalto, titanio, molibdeno y elementos de tierras raras.
Estos minerales son relevantes para múltiples aplicaciones de la transición energética. El cobre es esencial para conductores, motores, transformadores y redes de transmisión; el níquel y el cobalto son utilizados en distintas tecnologías de baterías; y las tierras raras son componentes relevantes para imanes de alto rendimiento empleados en motores eléctricos y aerogeneradores.
La posibilidad de acceder a nuevas fuentes de suministro ha despertado interés en gobiernos, empresas y organismos internacionales. Sin embargo, la existencia de recursos minerales no resuelve por sí sola las condiciones para su extracción. La profundidad, la complejidad tecnológica, el costo de las operaciones, el transporte y el procesamiento posterior del material son variables que deben ser consideradas junto con los efectos sobre ecosistemas poco estudiados.
El estudio advierte que una eventual contribución de la minería submarina a la seguridad de suministro de minerales críticos debe evaluarse con prudencia. La demanda global por metales puede aumentar, pero el desarrollo de nuevas fuentes no puede adelantarse a la capacidad de evaluar sus consecuencias ecológicas y sociales.
Ecosistemas con baja capacidad de recuperación
La principal brecha identificada se relaciona con el conocimiento de los ecosistemas de aguas profundas. La extracción de nódulos, costras o sulfuros implica intervenir hábitats que han permanecido relativamente inalterados durante largos períodos y cuya dinámica biológica continúa siendo parcialmente desconocida.
En el caso de los nódulos polimetálicos, la remoción del sedimento superficial y de las concreciones minerales altera el sustrato donde se desarrollan comunidades bentónicas. El problema no se limita al área directa de extracción. Las plumas de sedimentos, el ruido submarino, la vibración, la descarga de aguas procesadas y la eventual movilización de metales pueden extender los impactos a zonas más amplias.
Los ecosistemas abisales se caracterizan por ciclos de vida lentos, baja productividad y limitada capacidad de recolonización. Esa condición hace que los tiempos de recuperación puedan ser muy superiores a los de ambientes terrestres intervenidos por minería convencional.
La revisión académica destaca que las evaluaciones ambientales deben incorporar impactos acumulativos, escalas espaciales y temporales amplias, así como escenarios de incertidumbre. No basta con medir una alteración puntual en el fondo marino: es necesario comprender cómo cambia la biodiversidad, qué especies dependen de cada tipo de sustrato y cómo se recuperan los ecosistemas después de una perturbación.
También persisten preguntas sobre el rol de los sedimentos oceánicos en el ciclo del carbono y sobre los efectos de la remoción de materiales en procesos biogeoquímicos. La investigación plantea que estos vacíos deben ser abordados con líneas de base ecológicas sólidas, monitoreo de largo plazo y modelos predictivos que permitan anticipar la dispersión de sedimentos y los impactos crónicos.
La dimensión social que aún recibe menos atención
El estudio subraya que la distancia geográfica entre las faenas y las comunidades no elimina los impactos sociales. La minería submarina podría afectar actividades ligadas al océano, como la pesca, la seguridad alimentaria, el transporte marítimo y los medios de vida de poblaciones costeras.
La legitimidad social aparece como una variable crítica. En la actualidad, existen llamados a aplicar moratorias o pausas precautorias mientras se profundiza el conocimiento científico y se consolida un marco regulatorio. A ello se suma la posición de actores del mercado que han manifestado reservas sobre el uso de minerales provenientes del fondo marino.
La discusión también abarca la distribución de beneficios y riesgos. En áreas fuera de las jurisdicciones nacionales, surgen preguntas sobre quién toma las decisiones, cómo se reparten los ingresos, quién asume las externalidades ambientales y qué mecanismos existen para resguardar una participación equitativa.
Estas definiciones no son accesorias para el desarrollo de la actividad. Una industria sin legitimidad, con reglas poco claras o con incertidumbre sobre la responsabilidad frente a impactos ambientales enfrenta riesgos operacionales, financieros y reputacionales que pueden impedir su avance comercial.
Regulación y economía: las decisiones que faltan
La gobernanza internacional de la minería submarina sigue en construcción. La Autoridad Internacional de los Fondos Marinos tiene un papel central en la regulación de actividades en zonas fuera de la jurisdicción nacional, pero aún no existe un marco definitivo para la explotación comercial.
La ausencia de reglas consolidadas limita la evaluación económica de los proyectos. Los costos de cumplimiento ambiental, las exigencias de monitoreo, la responsabilidad frente a daños, los precios de los minerales y la evolución de las tecnologías de reciclaje pueden modificar de forma significativa la rentabilidad de una operación.
La investigación plantea que los análisis económicos disponibles son todavía limitados y se concentran principalmente en la extracción de nódulos polimetálicos. También advierte que una nueva oferta de minerales podría afectar mercados globales y ejercer presión sobre operaciones terrestres de mayor costo, con eventuales consecuencias sociales y fiscales para territorios dependientes de la minería convencional.
Para países mineros como Chile, el debate tiene una dimensión estratégica. La transición energética demandará más cobre y otros minerales, pero también exigirá estándares más estrictos de trazabilidad, sostenibilidad y protección ambiental. La discusión sobre minería submarina no reemplaza la necesidad de mejorar productividad, innovación, circularidad y desempeño socioambiental en las operaciones terrestres.
El aporte principal del estudio es recordar que la minería submarina no debe ser evaluada solo como una reserva futura de metales. Su eventual desarrollo dependerá de una condición previa: demostrar, con evidencia científica, regulación efectiva y mecanismos de participación, que el suministro de minerales críticos no se construirá a costa de ecosistemas oceánicos irreversibles ni de una distribución desigual de sus riesgos y beneficios.