El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, presentó ante inversionistas y representantes de las industrias minera y energética los pilares del proyecto de ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social, iniciativa con la que el Gobierno busca reactivar la inversión y elevar el crecimiento. La reducción gradual del impuesto corporativo, un nuevo régimen de invariabilidad tributaria y la simplificación regulatoria concentraron el mensaje dirigido a sectores con proyectos intensivos en capital y extensos plazos de desarrollo.
La exposición se realizó en la jornada “Minería y Proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico”, que reunió a ejecutivos, gremios y actores del ecosistema público-privado. El llamado fue a desplegar las inversiones que ambas industrias mantienen en evaluación, bajo la expectativa de un marco tributario y regulatorio más predecible.
La iniciativa continúa en segundo trámite constitucional en el Senado, por lo que sus medidas aún no entran en vigencia. El detalle de la invariabilidad tributaria, uno de los puntos de mayor interés para la minería, está siendo ajustado en la discusión legislativa y podría diferir de la propuesta original aprobada por la Cámara de Diputadas y Diputados.
Rebaja de impuesto corporativo: del 27% al 23%
El proyecto propone reducir gradualmente la tasa del Impuesto de Primera Categoría desde el actual 27% hasta 23% en 2029. El calendario planteado considera una tasa de 25,5% en 2027, 24% en 2028 y 23% a partir de 2029.
Para industrias como minería y energía, la disminución de la tasa corporativa incide en la evaluación de proyectos de largo ciclo. La construcción de una mina, una planta de concentración, una línea de transmisión, un parque renovable o una planta desalinizadora requiere grandes desembolsos iniciales y puede tomar varios años antes de generar flujos operacionales.
La competitividad tributaria es un factor relevante, pero no actúa de manera aislada. Los inversionistas también consideran la disponibilidad de recursos, la estabilidad de los permisos, los precios de los commodities, los costos de energía y agua, la infraestructura logística y las reglas ambientales aplicables durante toda la vida útil de un proyecto.
En ese contexto, el efecto del proyecto dependerá de su texto definitivo y de la capacidad de transformar los incentivos legales en decisiones concretas de inversión. Una menor tasa corporativa puede mejorar la rentabilidad esperada de nuevas iniciativas, pero no reemplaza la necesidad de resolver desafíos operacionales, territoriales y de infraestructura.
Invariabilidad tributaria entra en fase de ajuste
El régimen de invariabilidad tributaria es uno de los aspectos más observados por la industria. La propuesta original contemplaba estabilidad de la carga tributaria por 25 años para inversiones superiores a US$50 millones. La Cámara aprobó ese diseño en el primer trámite legislativo.
Sin embargo, las negociaciones en el Senado introdujeron un nuevo esquema escalonado. La fórmula en discusión considera 10 años de invariabilidad para inversiones desde US$100 millones, 15 años para proyectos desde US$350 millones y 25 años para inversiones que superen US$500 millones.
El planteamiento busca diferenciar los beneficios en función de la escala de cada inversión. Para la gran minería, donde los proyectos pueden requerir miles de millones de dólares, un horizonte de estabilidad tributaria tiene un peso relevante en los modelos financieros y en las decisiones de directorio.
La invariabilidad no implica eliminar las obligaciones tributarias de una empresa. Su objetivo es fijar durante un período determinado las condiciones impositivas pactadas al inicio de la inversión, reduciendo la incertidumbre asociada a cambios futuros. En minería, esta variable cobra especial importancia por los largos períodos que transcurren entre exploración, permisos, construcción, puesta en marcha y recuperación del capital invertido.
El régimen sigue sujeto a la votación de las indicaciones y al resultado de la tramitación. Por ello, las empresas no pueden considerar todavía estas condiciones como un derecho vigente ni incorporar de forma definitiva sus efectos en proyectos que no cuenten con una ley aprobada.
Permisos y certeza regulatoria
El tercer eje abordado por Mas fue la simplificación regulatoria. La autoridad planteó la necesidad de mantener una fiscalización ambiental exigente y con sustento técnico, pero junto con reducir los tiempos de respuesta del Estado y evitar que proyectos permanezcan paralizados por indefinición administrativa.
Para la minería y la energía, la tramitación de permisos es un componente central de los cronogramas de inversión. Un proyecto minero puede requerir autorizaciones ambientales, sectoriales, territoriales, sanitarias, hídricas, eléctricas y de infraestructura. En energía, las obras de generación, transmisión, almacenamiento y transporte de combustibles enfrentan una cadena de permisos con múltiples organismos involucrados.
La discusión no se limita a acortar plazos. La calidad técnica de los procesos, la certeza de los criterios de evaluación, la participación ciudadana y la capacidad institucional para revisar proyectos complejos son elementos decisivos para la legitimidad de las inversiones.
Un sistema más rápido, pero con criterios cambiantes o evaluaciones insuficientes, no resolvería el problema de fondo. La señal que buscan las empresas es contar con procedimientos claros, plazos previsibles y decisiones fundadas. En paralelo, las comunidades y los territorios requieren garantías de que el impulso a la inversión no reducirá los estándares ambientales ni la fiscalización posterior.
Qué implica para la cartera minera y energética
Chile mantiene una cartera relevante de proyectos vinculados a cobre, litio, oro, hierro, desalación, energías renovables, transmisión y almacenamiento. Una parte de esas iniciativas depende de condiciones de mercado, mientras otra enfrenta desafíos de permisos, infraestructura, financiamiento o definición tecnológica.
El proyecto de Reconstrucción Nacional apunta a intervenir principalmente en las condiciones económicas y regulatorias que rodean esas decisiones. La rebaja del impuesto corporativo puede mejorar el retorno esperado; la invariabilidad tributaria puede reducir la incertidumbre de largo plazo; y la simplificación regulatoria puede incidir en los tiempos de desarrollo.
No obstante, el impacto real se medirá por la capacidad de que los proyectos avancen desde la carpeta a la construcción. La minería necesita asegurar agua, energía, infraestructura y licencia social. La industria energética requiere redes de transmisión, capacidad de conexión, permisos territoriales y mecanismos que permitan integrar generación renovable con seguridad de suministro.
El Senado tiene programada la revisión de las indicaciones al proyecto y la discusión en Sala durante julio. El resultado de esa etapa definirá el alcance final de las medidas que Mas presentó ante inversionistas.
Para la gran minería y la energía, la señal más relevante no será solo la aprobación de una reforma. Será la consistencia entre la nueva normativa, la gestión de permisos y la capacidad del Estado para entregar certeza a inversiones que hoy compiten por capital con otros distritos mineros y energéticos de la región.
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