La ofensiva de Estados Unidos para acelerar la minería submarina en aguas internacionales abrió un nuevo conflicto global sobre el control de los minerales críticos. La secretaria general de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, la oceanógrafa brasileña Leticia Carvalho, advirtió que los proyectos impulsados bajo el respaldo del presidente Donald Trump podrían desencadenar una “avalancha de litigios” internacionales y calificó la actividad como “ilegal” mientras no exista un marco regulatorio global aprobado.
La disputa gira en torno a la explotación de nódulos polimetálicos ubicados en extensas áreas del fondo oceánico, especialmente en el Pacífico. Estos depósitos contienen manganeso, níquel, cobalto y otros minerales considerados estratégicos para la fabricación de baterías, vehículos eléctricos y tecnologías vinculadas a la transición energética. El creciente valor de esos recursos ha intensificado la presión de compañías mineras que buscan iniciar operaciones comerciales tras años de exploración y estudios preliminares.
Sin embargo, la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos —organismo respaldado por Naciones Unidas encargado de regular la minería en aguas internacionales— aún no concluye el denominado “código minero”, el conjunto de normas que definirá las condiciones ambientales, operacionales y jurídicas para autorizar la explotación submarina a gran escala.
La advertencia de la ONU: “Ningún país puede actuar solo”
En entrevista con AFP desde Fiyi, Carvalho aseguró que ningún Estado o empresa puede explotar unilateralmente recursos ubicados fuera de su jurisdicción marítima. La autoridad sostuvo que avanzar sin el marco regulatorio acordado internacionalmente expondrá a las compañías a conflictos legales de gran escala.
“Ninguna entidad por sí sola, ningún país por sí solo, ningún inversor por sí solo tiene derecho a beneficiarse o explotar recursos en áreas fuera de su jurisdicción”, afirmó la secretaria general de la AIFM.
Carvalho manifestó además preocupación por el precedente que podría generar Washington al acelerar autorizaciones mediante legislación estadounidense. Según explicó, si otros países optan por crear regulaciones propias fuera del sistema multilateral, el organismo internacional podría perder capacidad efectiva para controlar la industria.
La directora del regulador reconoció que el proceso de negociación ha sido lento y que la presión política y empresarial aumenta cada año. Pese a ello, aseguró que espera contar con un marco regulatorio básico antes de finalizar este año o durante 2027.
Trump acelera permisos y tensiona el sistema internacional
El conflicto escaló después de que Donald Trump ordenara en 2025 agilizar permisos para minería submarina en aguas internacionales utilizando una ley estadounidense de 1980. Esa normativa permite a ciudadanos y empresas estadounidenses desarrollar actividades mineras fuera del territorio marítimo nacional bajo autorización federal.
La decisión fue interpretada por críticos y organismos internacionales como un intento de eludir la regulación multilateral impulsada por Naciones Unidas. La medida también abrió espacio para que compañías privadas avanzaran directamente ante Washington.
Entre ellas destaca The Metals Company, considerada una de las firmas líderes del sector y una de las primeras en anunciar que buscará autorización estadounidense para iniciar explotación comercial de minerales submarinos.
Las empresas del rubro sostienen que los minerales del fondo oceánico serán fundamentales para cubrir la creciente demanda global de cobre, níquel, manganeso y cobalto, impulsada por la electrificación de la economía y la transición energética global.
Riesgos ambientales dividen a gobiernos y científicos
La minería en aguas profundas sigue siendo una de las actividades extractivas más controvertidas a nivel mundial. Científicos y organizaciones ambientales alertan que remover grandes áreas del lecho marino podría provocar daños irreversibles sobre ecosistemas aún poco estudiados.
Entre los principales riesgos mencionan la destrucción de hábitats submarinos, la generación de sedimentos que podrían asfixiar especies marinas y la contaminación acústica producida por maquinaria industrial de gran escala.
Frente a estas preocupaciones, países como Francia, Alemania y Reino Unido han solicitado suspender temporalmente o incluso prohibir la explotación minera submarina hasta contar con evidencia científica suficiente sobre sus impactos ambientales.
Aunque la exploración avanzada ya lleva varios años, ninguna empresa ha iniciado aún producción comercial a gran escala. Sin embargo, el endurecimiento de la competencia global por minerales críticos y la presión geopolítica entre Estados Unidos y China están acelerando el debate sobre quién controlará los recursos estratégicos del fondo oceánico.
