El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, aseguró que en el Perú no existen proyectos de gran minería de cobre paralizados por responsabilidad del Estado, sino que las demoras responden a decisiones propias de las compañías.
Debate sobre proyectos inactivos
Las declaraciones del titular del Minem responden a un informe del Instituto Peruano de Economía (IPE), que identificó a Perú como el país con más proyectos de cobre paralizados en el mundo: nueve de los 29 casos globales.
“Hablar de proyectos trabados o paralizados no es cierto. Las Bambas funciona, Quellaveco funciona, Cerro Verde funciona. Cuando una empresa minera quiere sacar su proyecto, lo saca”, indicó Montero en entrevista con Semana Económica.
El ministro puso como ejemplo a Southern Copper, que impulsa Tía María pese a la conflictividad social: “Estoy seguro de que este año empezará su construcción. El que los quiso hacer ya los hizo”.
Factores externos y minería ilegal
Montero insistió en que los retrasos no corresponden a trabas estatales, sino a las decisiones de inversión de las empresas: “Eso de que hay nueve proyectos que no acaban de arrancar no es por el Perú, es por la decisión de las compañías de postergar sus inversiones o mirar otros mercados”.
No obstante, reconoció que la minería ilegal sí genera incertidumbre y sobrecostos. “Aquí estamos enfrentando esa ola y tratando de dar señales a las empresas de que tienen un Estado que los va a proteger”, señaló.
Competitividad y simplificación de trámites
El ministro resaltó que Perú debe evaluar constantemente su competitividad frente a otros países mineros. En esa línea, admitió que es necesario avanzar en dos frentes críticos:
- Tramitología más ágil y simplificada, para reducir los tiempos de aprobación.
- Mejor gestión social, en particular la consulta previa, para generar mayor certeza en las inversiones.
Ventanilla única digital
Como parte de las medidas de modernización, Montero anunció avances en la implementación de una ventanilla única digital con apoyo del Banco Mundial.
“Es un proyecto de largo aliento, muy robusto y potente, que podría tardar cinco años. En noviembre deberíamos estar cerrando la tramitología y en diciembre o, a más tardar en enero, deberíamos empezar”, adelantó.
