El Ministerio de Energía y Minas busca acelerar una parte sustancial de una cartera nacional que reúne 66 proyectos y una inversión estimada de US$ 64.075 millones. El desafío estará en convertir proyectos identificados en construcción y operación efectiva.
Perú fijó una meta de alto impacto para su próxima etapa de expansión minera: lograr avances por alrededor de US$ 40.000 millones en proyectos durante los próximos cinco años, sobre una cartera nacional de inversión minera que actualmente supera los US$ 64.000 millones.
El objetivo fue planteado por el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno Huamaní, durante el Encuentro de Gestión Social y Sostenibilidad 2026, instancia en la que puso el foco no solo en la ejecución de inversiones, sino también en las condiciones sociales, regulatorias y territoriales necesarias para acelerar el desarrollo de nuevos proyectos.
La magnitud del desafío es relevante. La Cartera de Proyectos de Inversión Minera 2026 está integrada por 66 iniciativas distribuidas en 19 departamentos, con inversiones estimadas por US$ 64.075 millones. Alcanzar avances por US$ 40.000 millones significaría movilizar una proporción superior al 60% de ese portafolio durante el próximo quinquenio.
El punto crítico estará en cuánto de esa cartera puede pasar efectivamente desde etapas de evaluación, permisos y desarrollo hacia construcción y producción.
Una cartera por más de US$ 64.000 millones
Perú mantiene uno de los portafolios de inversión minera de mayor tamaño en América Latina, apoyado principalmente en proyectos de cobre y en una base geológica que continúa atrayendo capital de grandes compañías y empresas de exploración.
La cartera oficial de 2026 considera inversiones por US$ 64.075 millones, una cifra que refleja el potencial de expansión de la industria, pero que no equivale automáticamente a capital comprometido ni a proyectos con fecha definitiva de construcción.
Esa diferencia será determinante para evaluar el cumplimiento de la meta propuesta por el Gobierno.
El propio planteamiento del Ministerio apunta a que existen iniciativas con distintos niveles de avance y que una parte de ellas podría incluso alcanzar la etapa operacional dentro de los próximos cinco años. La agenda, por lo tanto, no se limita a incorporar nuevos proyectos, sino que busca acelerar aquellos que ya han recorrido una parte de la tramitación técnica, ambiental y sectorial.
Entre las iniciativas que forman parte del ciclo de inversión minera peruano aparecen proyectos de reposición, ampliaciones de operaciones existentes y desarrollos completamente nuevos, una combinación que puede permitir resultados en distintos horizontes.
US$ 40.000 millones elevan la presión sobre permisos y ejecución
Mover US$ 40.000 millones desde una cartera potencial hacia etapas concretas de desarrollo implica un promedio teórico de US$ 8.000 millones por año, aunque las inversiones mineras no se ejecutan linealmente y suelen concentrarse durante los años de construcción de cada iniciativa.
El desafío, en consecuencia, no está solo en disponer de recursos minerales.
Los grandes proyectos requieren permisos ambientales y sectoriales, ingeniería, infraestructura, acceso a energía y agua, financiamiento y acuerdos territoriales que permitan sostener cronogramas de construcción de varios años.
La relación con las comunidades también aparece como una variable central de la estrategia planteada por el Ministerio. Shinno propuso fortalecer espacios permanentes de interacción entre empresas, gobiernos locales, Estado y población para anticipar tensiones y mejorar la planificación de los territorios vinculados a la actividad extractiva.
Para Perú, esa dimensión resulta especialmente sensible. Una cartera de decenas de miles de millones de dólares puede permanecer durante años sin materializarse cuando convergen retrasos regulatorios, incertidumbre política o conflictos sociales.
La capacidad del Estado para entregar mayor predictibilidad será, por tanto, uno de los factores que determinarán cuánto de los US$ 40.000 millones proyectados termina transformándose en inversión ejecutada.
El cobre concentra buena parte del desafío
La aceleración de proyectos peruanos también tendría implicancias para el mercado internacional del cobre.
Perú posee una extensa base productiva del metal rojo y una parte significativa de sus proyectos futuros está vinculada directa o indirectamente al cobre, precisamente en momentos en que la industria mundial busca asegurar nueva oferta para responder al crecimiento asociado a redes eléctricas, energías renovables, almacenamiento, electromovilidad y expansión de infraestructura tecnológica.
Esto convierte la velocidad de desarrollo de la cartera peruana en un asunto que trasciende el ámbito local.
Cada proyecto que logra pasar desde ingeniería y permisos hacia construcción modifica las expectativas sobre la futura capacidad de producción de uno de los principales distritos cupríferos del mundo.
Al mismo tiempo, la competencia por capital entre jurisdicciones mineras se ha intensificado. Chile, Perú, Argentina, Canadá, Australia y distintas economías africanas buscan capturar inversiones para proyectos de cobre, oro, litio y minerales críticos.
Los inversionistas comparan disponibilidad geológica, estabilidad jurídica, tiempos de aprobación, infraestructura, costos energéticos, condiciones tributarias y capacidad de gestión territorial antes de comprometer capital de largo plazo.
Exploración prepara la siguiente generación de proyectos
La expansión no depende únicamente de los grandes desarrollos que ya integran la cartera de construcción.
Perú cuenta además con una Cartera de Proyectos de Exploración Minera 2026 formada por 69 proyectos, que en conjunto representan inversiones por más de US$ 757 millones.
Aunque la exploración involucra montos significativamente menores que la construcción de una mina, constituye el punto de partida para mantener reservas, identificar nuevos depósitos y alimentar la futura cartera de inversiones.
Una política orientada exclusivamente a destrabar proyectos maduros podría generar un impulso en el corto plazo, pero la continuidad de la industria requiere que paralelamente entren nuevos recursos al proceso de evaluación económica y ambiental.
Ese ciclo resulta especialmente relevante para el cobre, donde los grandes yacimientos necesitan largos períodos de exploración, estudios, permisos, ingeniería y construcción antes de comenzar a aportar producción al mercado.
La ejecución será la verdadera medida de la meta
La aspiración de movilizar US$ 40.000 millones instala una referencia concreta para evaluar la capacidad de Perú de transformar potencial geológico en nuevas operaciones.
El tamaño de la cartera demuestra que el país dispone de proyectos suficientes. La interrogante está en la velocidad con que puedan superar las etapas que todavía separan una inversión proyectada de una mina en construcción.
Una aceleración significativa tendría efectos sobre empleo, contratación de proveedores, infraestructura, demanda energética, recaudación fiscal y actividad económica en los departamentos donde se localizan las iniciativas.
También reforzaría la posición de Perú dentro del mapa internacional del cobre en una década donde asegurar nueva oferta del metal será uno de los principales desafíos de la industria.
Los próximos años mostrarán si la meta de US$ 40.000 millones logra traducirse en decisiones de inversión, permisos, obras y nuevas operaciones. Para el sector minero peruano, esa diferencia entre cartera anunciada y capital efectivamente desplegado será el indicador que finalmente determine el alcance de esta nueva etapa de crecimiento.