El Juzgado de Garantía decretó arraigo nacional a un hombre acusado de provocar un siniestro mediante una conexión eléctrica ilegal, en un contexto regional aún marcado por la emergencia de incendios.
El Juzgado de Garantía de Chillán resolvió este miércoles decretar la medida cautelar de prohibición de salir del país contra un hombre de 59 años, imputado como presunto responsable de un incendio ocurrido en la comuna de Chillán Viejo, en la Región de Ñuble. La decisión se adoptó tras la formalización del sujeto por los delitos de incendio forestal negligente y hurto de energía eléctrica, en el marco de una investigación liderada por el Ministerio Público.
De acuerdo con los antecedentes expuestos en la audiencia, el imputado fue detenido el martes por personal de Carabineros, luego de que vecinos del sector caserío San Pedro alertaran sobre la presencia de un foco de fuego que terminó consumiendo cerca de 50 metros cuadrados de vegetación. El hecho se produjo apenas un día después de que Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres cancelara la alerta roja regional, vigente por la ocurrencia simultánea de incendios en al menos nueve comunas de Ñuble.
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La Fiscalía sostuvo que el origen del siniestro estaría vinculado a una acción negligente atribuida al imputado. Según relató la fiscal subrogante Valentina Hormazábal, dentro de los antecedentes recopilados figura un informe elaborado por la fuerza de tarea de la Policía de Investigaciones, el cual estableció que el hombre habría realizado una conexión ilegal al tendido eléctrico de la empresa Copelec para abastecer de energía su vivienda.
La persecutora explicó que dicha conexión fue ejecutada de manera artesanal y sin las condiciones de seguridad adecuadas, lo que habría provocado un cortocircuito. Este desperfecto eléctrico, añadió, derivó en el inicio del fuego que posteriormente se propagó hacia los pastizales de un predio colindante, dando origen al incendio forestal que motivó la intervención de los equipos de emergencia.
En atención a estos antecedentes, el Ministerio Público solicitó la medida cautelar de arraigo nacional, la que finalmente fue acogida por el tribunal. Asimismo, se fijó un plazo de investigación de cuatro meses, periodo en el cual se continuarán desarrollando diligencias para esclarecer en detalle las circunstancias del hecho y determinar eventuales responsabilidades adicionales.
El caso se inserta en un contexto de alta sensibilidad regional frente a los incendios forestales, luego de semanas en que Ñuble enfrentó múltiples focos simultáneos que pusieron a prueba las capacidades operativas de los organismos de respuesta. En ese escenario, las autoridades han reiterado el llamado a extremar las medidas de prevención y a evitar conductas negligentes que puedan desencadenar emergencias con graves consecuencias para las personas, el medioambiente y la infraestructura rural.
