La Federación Argentina de Proveedores Mineros (FAPM) expresó su respaldo a la adecuación de la Ley de Glaciares (Ley 26.639), argumentando la necesidad de brindar previsibilidad jurídica y eliminar ambigüedades que afectan el desarrollo minero. Este debate ha generado consenso entre diferentes cámaras empresariales, destacando el equilibrio entre cuidado ambiental y desarrollo económico.
Proveedores mineros piden claridad en la Ley de Glaciares
La Federación Argentina de Proveedores Mineros, compuesta por las cámaras de Jujuy, Salta, Catamarca, San Juan y Santa Cruz, destacó la importancia de proteger los glaciares como recurso hídrico y medioambiental, calificando esta tarea como “innegable”. Sin embargo, desde la institución consideran que la normativa vigente presenta “grises, ambigüedades y falta de definiciones claras” que afectan el desarrollo de proyectos mineros clave en regiones cordilleranas.
En un comunicado oficial, la FAPM subrayó que la industria minera argentina ha cumplido rigurosamente con las normativas ambientales y ha priorizado la concientización sobre el cuidado del entorno. En su opinión, la adecuación de la ley eliminaría la incertidumbre que afecta la planificación e inversión en actividades productivas. “Cuidamos nuestra casa, pero también promovemos el desarrollo para nuestras comunidades”, remarcaron, mostrando su interés en fortalecer el vínculo entre sustentabilidad ambiental y crecimiento económico.
Consenso entre cámaras empresariales
El apoyo de la FAPM hacia la adecuación no es un hecho aislado. Otras instituciones, como la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), también respaldaron la revisión de la normativa, destacando la necesidad de precisar qué formaciones glaciales deben protegerse basándose en estudios técnicos específicos. Desde esta perspectiva, insisten en que el rol de las provincias como titulares de los recursos naturales debe ser respetado, de acuerdo a la Constitución Nacional.
De igual manera, la Cámara Minera de San Juan celebró la iniciativa, destacando la importancia de aclarar los alcances técnicos de la ley para compatibilizar la protección ambiental con actividades productivas de manera sostenible. Esto, aseguran, facilitaría inversiones y fomentaría la generación de empleo, mejorando el bienestar de las comunidades locales. La entidad concluyó que eliminar las ambigüedades legales resultaría clave para garantizar tanto la preservación de los ecosistemas como el desarrollo económico bajo criterios sustentables.
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- Adecuación de la ley con enfoque técnico-científico.
- Reducción de la incertidumbre jurídica para atraer inversiones.
- Conciliación entre protección ambiental y desarrollo productivo.
Todas estas voces convergen en que una reforma bien delineada no sería un retroceso, sino una mejora en la implementación de la ley. La intención sería priorizar glaciares estratégicos como reservas hídricas, a través de evaluaciones participativas y científicas que aseguren un marco claro tanto para la protección del medio ambiente como para las actividades mineras.
