Proyecto Collahuasi volvió al centro del debate regulatorio minero luego que el Segundo Tribunal Ambiental dejara sin efecto la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto “Desarrollo de Infraestructura y Mejoramiento de Capacidad Productiva de Collahuasi”, una iniciativa valorizada en US$3.200 millones y considerada clave para extender por dos décadas la continuidad operacional de una de las mayores faenas cupríferas del mundo.
La decisión judicial obliga a retrotraer la evaluación ambiental hasta una etapa previa a la emisión del Informe Consolidado de Evaluación (ICE), abriendo un nuevo proceso de revisión técnica sobre aspectos relacionados con impactos marinos y el uso ancestral del borde costero por comunidades indígenas de la Región de Tarapacá. El fallo representa uno de los reveses regulatorios más relevantes para la gran minería chilena en los últimos años y vuelve a instalar dudas sobre los tiempos de tramitación y certeza jurídica para megaproyectos estratégicos del sector.
La iniciativa había sido aprobada ambientalmente a fines de 2021 y contemplaba infraestructura crítica para mantener la producción de Collahuasi, operación controlada por Anglo American y Glencore. El proyecto incluye, entre otras obras, una planta desaladora y sistemas asociados para sostener operaciones futuras en un escenario de creciente estrés hídrico y mayores exigencias ambientales.
Tribunal cuestiona línea de base y efectos sobre el ecosistema marino
La sentencia responde a reclamaciones presentadas por la Asociación Indígena Wilamasi de Pescadores Mamq’uta Caleta de Chanavaya y la Asociación Indígena Aymara de Caleta Chanavaya, quienes acusaron deficiencias en la evaluación de impactos sobre el territorio marítimo utilizado históricamente por las comunidades.
El fallo del Segundo Tribunal Ambiental establece que deberá elaborarse un nuevo ICSARA para abordar observaciones pendientes relacionadas con la línea de base del medio humano y los efectos ambientales sobre el ecosistema marino. Entre los puntos que deberán revisarse aparecen aspectos técnicos vinculados a la operación de la planta desaladora y su sistema de descarga hipersalina.
La resolución indica específicamente que el titular deberá complementar antecedentes sobre:
- Uso del maritorio en Punta Patache y el sector Puerto Collahuasi.
- Verificabilidad de la velocidad de succión del sistema marino.
- Sedimentación derivada de la descarga hipersalina.
- Posibles impactos sobre recursos hidrobiológicos.
- Alcance y duración del plan de vigilancia ambiental marina.
Uno de los elementos más cuestionados por el tribunal fue que el monitoreo ambiental asociado al medio marino estuviera limitado únicamente a los primeros cinco años de operación de la planta desaladora, considerando que el proyecto busca extender la vida operacional de la minera por al menos dos décadas.
La decisión también vuelve a poner atención sobre la creciente judicialización de grandes proyectos mineros y energéticos en Chile, un fenómeno que ha afectado inversiones estratégicas y que incluso ha sido motivo de discusión dentro de las recientes reformas regulatorias impulsadas por el Ejecutivo.
Continuidad operacional de Collahuasi queda bajo revisión
El proyecto era considerado fundamental para asegurar la continuidad de Collahuasi, una de las principales operaciones de cobre del país y actor clave en un mercado global que enfrenta crecientes presiones de oferta. La compañía había proyectado inversiones para fortalecer infraestructura hídrica, logística y productiva en línea con la creciente demanda mundial de cobre ligada a la electrificación y transición energética.
La resolución judicial llega precisamente en un momento donde el mercado del cobre atraviesa un escenario de alta volatilidad y precios históricamente elevados, impulsados por restricciones de oferta global y expectativas de mayor consumo industrial. De hecho, recientemente REDIMIN abordó cómo la estrechez estructural del mercado podría mantener el cobre sobre los US$6 por libra durante los próximos años.
El revés ambiental podría introducir nuevos retrasos para uno de los proyectos más relevantes del sector minero chileno. Aunque la sentencia no implica un rechazo definitivo de la iniciativa, sí obliga a reiniciar parte sustancial del proceso de evaluación ambiental, extendiendo plazos e incorporando nuevos antecedentes técnicos.
Además, el caso aparece en medio de la discusión de la denominada “megarreforma” impulsada por el gobierno, que contempla mecanismos de compensación para titulares de proyectos cuya RCA sea anulada posteriormente por tribunales ambientales. La propuesta busca reducir incertidumbre regulatoria y mitigar impactos financieros derivados de judicializaciones posteriores a la aprobación ambiental.
Judicialización vuelve a tensionar inversiones estratégicas en minería
La resolución sobre Collahuasi se suma a una serie de controversias recientes en torno a permisos ambientales para proyectos de gran escala en Chile. El fenómeno preocupa especialmente a inversionistas internacionales, considerando que el país sigue siendo uno de los principales productores de cobre del mundo y enfrenta la necesidad de acelerar nuevas inversiones para responder a la futura demanda global.
En paralelo, las exigencias ambientales y sociales han adquirido un peso creciente dentro de la evaluación de megaproyectos, particularmente en iniciativas vinculadas al uso de agua de mar, desalación y operaciones costeras. El fallo del Segundo Tribunal Ambiental refuerza esa tendencia y marca un precedente relevante respecto de la profundidad técnica exigida para evaluar impactos marinos y usos ancestrales del territorio.
Mientras tanto, la industria minera sigue enfrentando el desafío de compatibilizar expansión productiva, sostenibilidad ambiental y relacionamiento comunitario, en un contexto donde el cobre aparece cada vez más estratégico para la economía global y la transición energética.
