Proyecto Playa Verde en Chañaral enfrenta un momento decisivo tras la revisión judicial de su aprobación ambiental, en un caso que vuelve a tensionar la evaluación de proyectos mineros vinculados a relaves en el norte de Chile. El Primer Tribunal Ambiental escuchó los alegatos de las partes en una reclamación que cuestiona la validez técnica del proceso llevado adelante por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), particularmente en lo referido a los riesgos para la salud de la población. La iniciativa —que contempla una inversión cercana a US$95 millones y una vida útil de poco más de nueve años— busca intervenir depósitos históricos de relaves en Playa Grande mediante dragado, recuperación de cobre y retorno de arenas tratadas al mismo sector. El caso se instala en un contexto donde la gestión de pasivos ambientales mineros ha ganado protagonismo, tanto por su potencial económico como por las exigencias regulatorias crecientes, en línea con lo que se ha analizado en reportes de Redimin sobre reprocesamiento de relaves y sostenibilidad minera.
Relaves históricos y recuperación de cobre
El proyecto Playa Verde propone una intervención directa sobre relaves antiguos acumulados en la bahía de Chañaral, un área con larga historia de impactos ambientales derivados de la actividad minera. La iniciativa contempla extraer estos materiales mediante dragado, procesarlos para recuperar cobre y devolver las arenas tratadas al mismo lugar, incorporando medidas de control ambiental.
Este enfoque se enmarca en una tendencia creciente en la industria, donde el reprocesamiento de relaves no solo permite recuperar valor económico, sino también avanzar en la remediación de sitios degradados. En Chile, este tipo de iniciativas ha sido considerado clave para reducir pasivos ambientales, como se ha abordado en análisis sobre economía circular en minería disponibles en Redimin.
Sin embargo, la complejidad técnica y ambiental de estas operaciones exige evaluaciones rigurosas, especialmente en zonas con presencia de contaminantes históricos y cercanía a comunidades.
Cuestionamientos por riesgos a la salud
Durante la audiencia, la parte reclamante centró sus argumentos en presuntas deficiencias en la evaluación de impactos sobre la salud humana. Entre los principales cuestionamientos destacan:
Insuficiente análisis de exposición a contaminantes en suelo, agua y aire
Evaluación limitada a ciertos elementos, como el arsénico, sin considerar otros metales
Falta de criterios objetivos basados en normas de referencia internacionales
Debilidades en las medidas de mitigación propuestas
Estos planteamientos apuntan a la necesidad de fortalecer los estándares de evaluación sanitaria en proyectos que intervienen relaves, especialmente considerando la potencial dispersión de material particulado y la exposición prolongada de la población.
El debate refleja una preocupación creciente en torno a los impactos acumulativos y a largo plazo de este tipo de iniciativas, un tema que también ha sido abordado en cobertura de Redimin sobre regulación ambiental y salud pública en zonas mineras.
Defensa del SEA y del titular
Desde el SEA se defendió la solidez del proceso de evaluación, señalando que los antecedentes técnicos recopilados permitieron descartar impactos significativos en la salud de la población. Según el organismo, las observaciones detectadas durante la tramitación correspondían a aspectos susceptibles de ser complementados, sin constituir vicios esenciales.
En relación con el arsénico, uno de los elementos más sensibles del proyecto, se destacó la incorporación de compromisos ambientales que buscan reducir su concentración en más de un 50%, los cuales serán exigibles durante la operación.
Por su parte, la empresa titular argumentó que la iniciativa no solo no agrava la situación existente, sino que contribuye a mejorarla. Se enfatizó que el área ya presenta altos niveles de intervención debido a relaves históricos y eventos como el aluvión de 2015, por lo que el proyecto permitiría disminuir la carga contaminante y recuperar valor económico a partir del cobre contenido en los depósitos.
Evaluación ambiental y áreas sensibles
Otro de los puntos críticos del proceso es la cercanía del proyecto al Sitio Prioritario Quebrada de Peralillo, lo que ha generado cuestionamientos sobre la suficiencia de la información para descartar impactos en biodiversidad y calidad ambiental.
La defensa sostuvo que la modelación de emisiones de material particulado cumple con la normativa vigente, respaldando la validez de la evaluación ambiental. No obstante, este aspecto será clave en la decisión del tribunal, considerando la sensibilidad del entorno y la necesidad de resguardar estándares ambientales estrictos.
Con los alegatos finalizados, la causa quedó en acuerdo y entró en etapa de deliberación. La sentencia, que será redactada por el ministro titular en Ciencias, definirá no solo el futuro del proyecto Playa Verde, sino también criterios relevantes para la evaluación de iniciativas similares en Chile, en un escenario donde la gestión de relaves se posiciona como uno de los mayores desafíos de la industria minera.
