El exviceministro de Minas sostuvo que la nueva administración deberá concentrarse en convertir la cartera de inversiones en proyectos ejecutables, con una coordinación más efectiva entre permisos, gestión social y desarrollo regional.
El exviceministro de Minas Ronald Ibarra planteó que una de las primeras prioridades del Ministerio de Energía y Minas de Perú debe ser el destrabe de proyectos mineros, en un escenario marcado por una amplia cartera de inversiones que todavía enfrenta demoras administrativas, dificultades de coordinación estatal y tensiones sociales en los territorios.
La propuesta apunta a que el Minem asuma un papel articulador y no limite su gestión a la evaluación sectorial de expedientes. En la práctica, el desarrollo de una mina requiere autorizaciones ambientales, derechos de agua, disponibilidad de terrenos, consultas previas, permisos arqueológicos, infraestructura y acuerdos con comunidades, materias que dependen de distintas instituciones públicas.
Para Ibarra, el desafío de la nueva administración será transformar esa fragmentación institucional en una agenda común, con seguimiento político y técnico desde las etapas tempranas de cada iniciativa. El objetivo no sería reducir los estándares ambientales o sociales, sino evitar que los procedimientos se superpongan, se contradigan o permanezcan sin resolución durante periodos prolongados.
Una cartera que todavía no se convierte en construcción
Perú dispone de una cartera minera estimada en torno a US$64.000 millones, distribuida en proyectos de cobre, oro, zinc, plata, hierro y otros minerales. Sin embargo, una parte relevante permanece en fases preliminares, evaluación ambiental, ingeniería, permisos o redefinición empresarial, sin una fecha definitiva para iniciar construcción.
La brecha entre el tamaño del portafolio y el número de proyectos efectivamente ejecutados se ha convertido en uno de los principales problemas competitivos de la minería peruana. Mientras otras jurisdicciones avanzan con incentivos, infraestructura y procedimientos integrados, Perú mantiene activos de alta calidad geológica que pueden tardar décadas en pasar desde el descubrimiento hasta la producción.
Estimaciones sectoriales sitúan ese proceso en cerca de 40 años para determinados proyectos, un plazo que duplica el observado en jurisdicciones mineras con mayor capacidad para coordinar permisos y decisiones públicas. La demora no depende exclusivamente del Estado: también intervienen las condiciones de mercado, las estrategias de las compañías, la disponibilidad de capital y la aceptación territorial. No obstante, la lentitud administrativa aumenta costos, eleva la incertidumbre y reduce la capacidad del país para capturar los ciclos favorables de los metales.
Para 2026, el Minem ha identificado siete iniciativas con ejecución financiera prevista por más de US$4.365 millones. La mayor inversión corresponde a la optimización de Cerro Verde, en Arequipa, con un desembolso superior a US$2.100 millones y efectos esperados sobre la producción de cobre.
Este grupo representa una oportunidad inmediata para demostrar que el acompañamiento estatal puede traducirse en ingeniería, contratación de proveedores, construcción y empleo, en lugar de limitarse a anuncios incluidos en una cartera oficial.
Permisos, gestión social y presencia del Estado
La discusión sobre el destrabe minero suele concentrarse en el número de trámites, pero el problema también involucra la calidad de la presencia pública en las zonas de influencia. Un proyecto puede contar con estudios técnicos avanzados y, aun así, quedar expuesto a conflictos si las comunidades no perciben mejoras concretas en servicios básicos, infraestructura o actividad económica local.
La experiencia de Ibarra en gestión social dentro del Minem sitúa este componente como una parte central del proceso de inversión. La prevención de conflictos requiere equipos permanentes, capacidad para cumplir compromisos y coordinación entre ministerios, gobiernos regionales, municipalidades, empresas y organizaciones locales.
Las consultas previas son uno de los procedimientos que han registrado mayores demoras. La identificación de pueblos indígenas, la evaluación de posibles afectaciones y el tratamiento de tierras de propiedad colectiva pueden extender los plazos más allá de lo previsto normativamente. El problema no se resuelve omitiendo etapas, sino dotando a las entidades responsables de recursos técnicos, información territorial y capacidad de decisión.
El propio sector ha advertido que un proyecto minero puede enfrentar más de 200 procedimientos y relacionarse con más de 30 organismos públicos. Esta dispersión dificulta determinar qué institución debe liderar la solución cuando un expediente queda detenido por observaciones sucesivas o competencias superpuestas.
Una agenda de destrabe efectiva tendría que establecer responsables, plazos verificables y mecanismos de alerta temprana. También debería diferenciar los proyectos que enfrentan trabas estatales de aquellos que han sido postergados por decisiones corporativas, cambios en sus diseños o condiciones comerciales.
Cobre y competencia por nuevas inversiones
La urgencia por activar proyectos coincide con un escenario de mayor competencia entre países productores. La electrificación, las redes de transmisión, el almacenamiento energético y la expansión de centros de datos están reforzando las expectativas de demanda de cobre, aunque los precios y las decisiones de inversión continúan expuestos al crecimiento global y a la evolución de China.
Perú conserva una posición relevante en la producción mundial de cobre y dispone de recursos capaces de ampliar su oferta durante las próximas décadas. No obstante, mantener esa ubicación dependerá de la entrada de nuevos proyectos y de expansiones que compensen el agotamiento progresivo de yacimientos maduros.
Iniciativas como Tía María, Zafranal, Michiquillay, La Granja, Los Chancas, Río Blanco, Trapiche y la reposición de operaciones existentes forman parte de una agenda con capacidad para movilizar construcción, servicios especializados, transporte, energía y empleo regional.
El retraso de estos proyectos no solo posterga producción. También limita la contratación de proveedores, la recaudación fiscal y las transferencias asociadas a la actividad minera. Al cierre de mayo de 2026, los recursos distribuidos a los departamentos peruanos por conceptos vinculados a la minería superaron los S/4.168 millones, mientras el empleo directo sectorial alcanzó más de 287.000 puestos, el mayor nivel registrado durante el año.
Estas cifras muestran que el impacto del destrabe excede los balances de las empresas. Cada proyecto que entra en construcción genera demanda por ingeniería, campamentos, maquinaria, movimiento de tierras, transporte, mantenimiento, seguridad, alimentación y servicios profesionales.
El desafío para la nueva conducción del Minem
La administración encabezada por el ministro Guillermo Shinno recibió una cartera amplia, pero también una institucionalidad sometida a presiones por la minería ilegal, la formalización de la pequeña minería y la necesidad de recuperar confianza en la capacidad regulatoria del Estado. Shinno fue designado titular del Minem el 28 de julio de 2026, al inicio de la nueva etapa gubernamental.
El planteamiento de Ibarra instala el destrabe como una prueba de gestión. El ministerio tendrá que definir qué proyectos cuentan con condiciones reales para avanzar, qué permisos siguen pendientes y qué conflictos requieren intervención territorial antes de transformarse en crisis.
También deberá coordinarse con el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio del Ambiente, Senace, la Autoridad Nacional del Agua y los gobiernos subnacionales. Sin esa articulación, el seguimiento de las inversiones continuará dividido entre instituciones que responden a procedimientos y objetivos diferentes.
El mercado observará especialmente la capacidad del Gobierno para convertir los proyectos anunciados para 2026 y los años siguientes en decisiones de construcción. Más que elevar las cifras de la cartera, la señal relevante será reducir la distancia entre inversión proyectada, autorización efectiva y ejecución material.
Perú cuenta con recursos minerales, empresas operadoras, proveedores y experiencia técnica. El punto pendiente es construir una institucionalidad capaz de acompañar los proyectos sin debilitar la evaluación ambiental ni la participación ciudadana. En ese equilibrio se jugará buena parte de la competitividad minera del país durante el nuevo ciclo político.
