Casi la totalidad de las faenas privadas tienen contratos vigentes que no permiten realizar cambios impositivos específicos para el sector de manera unilateral.
El proyecto de ley que avanza en la Cámara de Diputados y que busca establecer un royalty a la industria minera es una de las principales preocupaciones del sector, desde donde se han mostrado abiertos a discutir la carga tributaria a la que están afectos, pero poniendo todos los antecedentes sobre la mesa.
En esta línea, un reciente informe realizado por el Consejo Minero a partir de la información de sus empresas socias, detalló los sistemas de invariabilidad a los que están sujetos las faenas que hay en el país. Así, se detalla que faenas equivalentes al 70% de la producción de la minería privada (unas 2,9 millones de toneladas de cobre anual) tienen invariabilidad hasta el 2023, con tablas de Impuestos Específicos a la Actividad Minera de entre 5% y 14%, por lo que, eventualmente, no se podría modificar su régimen tributario hasta que se cumpla dicho plazo.
“Esto significa que a mayor precio del cobre, mayor es la tasa aplicable dentro de ese rango y, por lo tanto, más impuestos se pagan. También es bueno aclarar que la minería no tiene invariabilidad para los impuestos a la renta que son parte del régimen tributario general y que, de hecho, ha aumentado su pago de impuestos con los cambios de los últimos años. Entonces, el efecto concreto de la invariabilidad hasta el 2023 es que el Estado no puede modificar unilateralmente el rango de 5% a 14% del royalty ni crear o modificar otros gravámenes específicos para la minería”, explican desde el gremio, lo que echaría por tierra el proyecto de ley, ya que la única empresa que renunció a la invariabilidad fue Glencore, operadora de Lomas Bayas.
Por otra parte, faenas que representan el 30% restante de producción tienen invariabilidad hasta el período entre 2027 y 2032, y algunas más allá, cuando entren en operación, en su mayoría con tablas entre 5% y 14%. Este es el caso del proyecto Quebrada Blanca fase II, que entraría en operación en 2022. Su calendario en materia de royalty responde a que cuando se implementó el sistema actual, se dejó una ventana transitoria para acceder al régimen de invariabilidad para proyectos a futuro.
Según explican desde la industria, la invariabilidad ha jugado un rol preponderante en el impulso de inversiones no solo en la minería, régimen que consiste en que el Estado, a través de contratos-ley suscritos con los inversionistas, se compromete a mantener una tasa impositiva sin variaciones durante un período determinado, a cambio del pago de una tasa de impuestos generales más elevada. “En lo formal, la invariabilidad tiene una base contractual-legal, en primer lugar, con el Estado y luego en el cumplimiento de reglas explícitas establecidas en leyes aprobadas democráticamente.
En cuanto al fondo, el disponer de un régimen como este permite al inversionista extranjero internalizar, desde sus inicios, los elevados costos de inversión que representa el desarrollo de este tipo de proyectos”, aseguran desde el Consejo Minero, y añaden que este sistema permitió que la producción de cobre de las empresas privadas creciera 10 veces entre el año 1990 y 2020, desde 400 mil toneladas anuales a 4 millones de toneladas.
Fuente: El Mercurio