El Ejecutivo respaldó los cambios al sistema ambiental en medio del debate por inversión, certeza jurídica y permisología. La iniciativa está en segundo trámite constitucional y apunta a fortalecer el rol técnico del SEA.
El Gobierno defendió la reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), asegurando que el objetivo es reducir tiempos de tramitación, entregar mayor certeza jurídica a los proyectos de inversión y mantener los estándares de protección ambiental.
La discusión volvió a tensionar el debate político entre crecimiento económico y resguardo ambiental, en un momento en que la demora en permisos sigue siendo uno de los principales factores de incertidumbre para inversiones mineras, energéticas, industriales y de infraestructura.
El proyecto corresponde al Boletín 16.552-12, ingresado el 10 de enero de 2024, y actualmente se encuentra en segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputadas y Diputados. La iniciativa modifica diversos cuerpos legales con el objeto de fortalecer la institucionalidad ambiental y mejorar su eficiencia.
Qué busca cambiar la reforma ambiental
La propuesta apunta a reformar la Ley N°19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente y aborda cuatro ejes principales: el SEIA, la Evaluación Ambiental Estratégica, la responsabilidad por daño ambiental y el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático.
El punto central para la inversión es el intento de separar con mayor claridad la evaluación técnica de las decisiones políticas dentro del sistema ambiental. El mensaje del proyecto plantea que la actual estructura, donde intervienen las Comisiones de Evaluación Ambiental y el Comité de Ministros, ha sido considerada una fuente de incertidumbre y de mayores tiempos de tramitación.
Entre los cambios relevantes está la idea de reemplazar esas instancias por órganos técnicos, con el argumento de entregar mayor previsibilidad al proceso de calificación ambiental. También se propone crear una vía única de reclamación administrativa radicada en la Dirección Ejecutiva del SEA, eliminando el rol del Comité de Ministros en esa etapa.
La defensa del Gobierno
El subsecretario del Medio Ambiente, José Ignacio Vial, defendió la postura del Ejecutivo y sostuvo que la reforma busca compatibilizar desarrollo económico con protección ambiental.
“Creemos que el país tiene que desarrollarse, tiene que crecer, pero cuidando el medio ambiente”, señaló la autoridad. También afirmó que el Gobierno no busca bajar estándares, sino agilizar procedimientos “sin que pierdan robustez”.
La señal se produce después de que el Presidente José Antonio Kast designara a Arturo Farías Alcaíno como director ejecutivo del SEA. En esa oportunidad, el Servicio de Evaluación Ambiental informó que el mandato para la nueva administración era avanzar hacia respuestas técnicas, oportunas y respaldadas en la normativa ambiental.
Permisología, inversión y minería
Para la minería, el debate no es menor. Los proyectos mineros de gran escala no dependen solo de una resolución ambiental favorable. También requieren permisos sectoriales, autorizaciones de agua, energía, obras, servidumbres, infraestructura, relaves, transporte y cumplimiento de compromisos ambientales.
La reforma al SEIA se cruza con la agenda de permisología porque busca atacar uno de los cuellos de botella más sensibles para proyectos brownfield, ampliaciones, continuidad operacional y nuevas inversiones.
El proyecto identifica además una carga relevante en las consultas de pertinencia. Según el mensaje original, entre 2016 y el 31 de octubre de 2023 ingresaron 19.827 consultas de pertinencia al e-SEIA, pero solo 366 terminaron con una resolución que obligaba a ingresar a evaluación ambiental, equivalente al 1,8% del total.
Ese dato es clave para la industria: muchas modificaciones menores en operaciones existentes terminan pasando por trámites preventivos para evitar riesgos regulatorios, aunque finalmente no requieran una evaluación ambiental completa.
Los cambios que mirará el sector privado
La iniciativa propone una declaración jurada para modificaciones de proyectos con RCA que no constituyan cambios de consideración. Esa figura permitiría informar ajustes sin activar necesariamente una consulta de pertinencia o un nuevo ingreso al SEIA, siempre bajo condiciones definidas y con derivación a la Superintendencia del Medio Ambiente.
También se contempla participación temprana para proyectos preliminares que vayan a ingresar al sistema. El diseño considera un proceso de diálogo con comunidades potencialmente afectadas, antes del ingreso formal al SEIA, con expediente público y registro de facilitadores administrado por el SEA.
En paralelo, Chile ya cuenta con la Ley N°21.770, que establece una Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales e introduce cambios en distintos cuerpos legales para ordenar permisos y técnicas habilitantes alternativas.
Datos clave
- Proyecto: Reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
- Boletín: 16.552-12.
- Estado legislativo: segundo trámite constitucional.
- Cámara de origen: Senado.
- Fecha de ingreso: 10 de enero de 2024.
- Materias principales: SEIA, Evaluación Ambiental Estratégica, responsabilidad por daño ambiental y Consejo de Ministros para la Sustentabilidad.
- Foco del Gobierno: certeza jurídica, reducción de plazos y fortalecimiento técnico del SEA.
- Punto crítico: compatibilizar agilidad de inversión con estándares ambientales verificables.
El riesgo político y ambiental
La oposición ha advertido que la reducción de plazos no puede traducirse en una flexibilización de la institucionalidad ambiental. El debate se concentra en si el nuevo diseño del SEA logrará reducir incertidumbre sin debilitar participación ciudadana, revisión técnica ni control de impactos acumulativos.
Esa tensión será decisiva para la minería. Un sistema más rápido, pero percibido como débil, puede terminar aumentando la judicialización. Un sistema técnico, previsible y exigente puede reducir tiempos sin sacrificar legitimidad.
Lo que viene ahora es la discusión en particular del proyecto y la definición de sus normas más sensibles: el rol del SEA, la eliminación del Comité de Ministros, la vía única de reclamación, la participación temprana y el tratamiento de modificaciones menores en proyectos con RCA. Para la industria minera, ese resultado puede incidir directamente en la velocidad de ejecución de nuevas inversiones y extensiones operacionales.
