La Región de Arica y Parinacota reactivó a fines de octubre de 2026 su Mesa de Seguridad Minera, luego de varios años sin funcionamiento. La decisión responde a una convocatoria del Ministerio de Minería para fortalecer la prevención de accidentes, mejorar la coordinación entre instituciones y avanzar hacia el objetivo nacional de cero fatalidades en la industria.
El retorno de este espacio de trabajo ocurre en un escenario de preocupación por la seguridad laboral en la minería chilena, después de una serie de accidentes que llevó al Gobierno a impulsar medidas preventivas y reforzar las fiscalizaciones en distintas regiones.
Una mesa que vuelve a funcionar después de varios años
La instancia regional es encabezada por el seremi de Minería de Arica y Parinacota, Mauro Hidalgo, en coordinación con el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin). También considera la participación de organismos públicos, representantes de empresas privadas y asociaciones gremiales vinculadas con la actividad minera.
Durante la primera reunión, los participantes abordaron la situación regional en materia de seguridad y accidentabilidad, con el propósito de identificar los principales riesgos presentes en las operaciones y recoger propuestas que puedan incorporarse a la estrategia nacional.
Hidalgo explicó que el trabajo conjunto permitirá reconocer las particularidades de la minería regional y establecer prioridades de prevención.
"Junto a Sernageomin, estaremos trabajando en conjunto con públicos, privados y asociaciones gremiales mineras, para seguir identificando riesgos propios de nuestra zona y recoger propuestas que contribuyan en esta hoja de ruta", señaló la autoridad.
La vocera regional de Gobierno, Pollyana Rivera, destacó que la recuperación de este espacio permite restablecer una coordinación público-privada que permaneció interrumpida durante años.
Sin embargo, la reactivación constituye una primera etapa. Hasta ahora no se han detallado públicamente un calendario de próximas sesiones, metas regionales cuantificables ni compromisos específicos de intervención en faenas derivados del primer encuentro.
La preocupación nacional que aceleró las medidas
La decisión adoptada en Arica y Parinacota forma parte de una respuesta más amplia frente a los accidentes fatales registrados en la minería chilena durante 2026.
El 14 de octubre, el balance preliminar nacional llegó a 13 trabajadores fallecidos, luego de un accidente ocurrido en una faena de Taltal, Región de Antofagasta.
La cifra igualó el registro anual de 2023 y superó las 11 víctimas contabilizadas durante 2024. En 2025, el sector había registrado 20 fallecimientos, de acuerdo con las estadísticas de Sernageomin.
La preocupación aumentó especialmente por la concentración de accidentes durante las últimas semanas de septiembre y la primera quincena de octubre.
Frente a este escenario, el Ministerio de Minería convocó el 16 de octubre una Mesa Nacional por la Seguridad Minera, encabezada por el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, junto con el subsecretario de Minería, Álvaro González.
La reunión congregó a representantes de trabajadores, empresas estatales y privadas, gremios, mutualidades y organismos fiscalizadores para examinar las condiciones de seguridad y definir acciones preventivas.
Entre las decisiones impulsadas por Sernageomin figura la activación de los Comités Regionales de Seguridad Minera (Coresemin), destinados a coordinar especialistas en prevención, comités paritarios y organizaciones del sector.
La reactivación de la mesa de Arica se inserta en este despliegue territorial, aunque su funcionamiento y los acuerdos específicos deberán desarrollarse a escala regional.
Fiscalizaciones y controles preventivos en las faenas
El fortalecimiento de la seguridad minera no se limita a la recuperación de mesas de coordinación.
Sernageomin anunció nuevas medidas orientadas a verificar las condiciones operacionales y reducir la exposición de los trabajadores a peligros críticos.
Una de ellas establece que cada turno y jornada laboral en las faenas mineras debe comenzar con un espacio dedicado exclusivamente a revisar las condiciones de seguridad, identificar peligros y comprobar la efectividad de las barreras preventivas.
También se contempla intensificar las inspecciones en terreno, especialmente aquellas realizadas sin programación previa, y mantener la paralización preventiva inmediata de sectores, equipos o instalaciones cuando se detecten situaciones de peligro inminente.
El organismo fiscalizador solicitará a las compañías medidas concretas de control, con responsables identificados y plazos que permitan verificar su ejecución.
Estas disposiciones buscan reforzar la prevención tanto en las grandes operaciones como en la mediana, pequeña y minería artesanal, donde las condiciones de trabajo, los recursos disponibles y los riesgos operacionales pueden presentar diferencias importantes.
Gobierno proyecta ampliar las fiscalizaciones durante 2027
El plan nacional también incorpora un componente presupuestario.
Durante la Mesa por la Seguridad Minera del 16 de octubre, el Gobierno anunció un aumento de los recursos destinados a seguridad minera en el presupuesto 2027 de Sernageomin.
La propuesta considera contratar más fiscalizadores, incorporar tecnología preventiva y adquirir equipos para ampliar el despliegue institucional.
Entre las metas anunciadas está alcanzar 13.000 fiscalizaciones anuales al cierre de 2027, equivalente a un incremento del 30% respecto de 2026.
También se proyecta extender la cobertura de supervisión hasta alcanzar el 50% del universo de faenas mineras.
Se trata de objetivos para el próximo año, cuya ejecución dependerá de la disponibilidad de recursos y de la implementación de las medidas anunciadas.
El desafío de transformar la coordinación en prevención efectiva
Para Arica y Parinacota, el retorno de la Mesa de Seguridad Minera abre una oportunidad para incorporar las necesidades particulares de sus operaciones en las decisiones preventivas nacionales.
El seremi Mauro Hidalgo planteó que el objetivo regional es contribuir a una estrategia basada en estándares técnicos que permita avanzar hacia cero fatalidades.
La coordinación entre autoridades, trabajadores y empresas será relevante para detectar condiciones de riesgo, compartir experiencias y promover el cumplimiento de las exigencias de seguridad.
La reactivación de la instancia restablece un mecanismo de trabajo que llevaba años detenido, pero todavía queda por definir cómo sus diagnósticos se convertirán en medidas aplicables y verificables dentro de las operaciones mineras.
El próximo desafío será establecer compromisos, responsables y mecanismos de seguimiento que permitan comprobar si el trabajo conjunto consigue mejorar las condiciones de seguridad de quienes desarrollan actividades mineras en la región.