Codelco intensificó su defensa judicial frente a Tándem, filial del grupo Pullman Bus, mediante una presentación que incorpora nuevos antecedentes sobre los problemas financieros y legales que enfrenta la empresa de transporte y otras sociedades relacionadas. El escrito, conocido este 20 de octubre de 2026, forma parte del conflicto contractual por el traslado de trabajadores de la División Salvador, ubicada en la comuna de Diego de Almagro, Región de Atacama, y busca respaldar la posición de la minera estatal frente a una demanda por decenas de miles de millones de pesos.
La nueva ofensiva incorpora acciones judiciales iniciadas por empresas de financiamiento, reclamaciones por arrendamiento de buses, una solicitud de liquidación forzosa, denuncias laborales y una querella relacionada con la administración del grupo empresarial.
La presentación amplía el conflicto más allá de las obligaciones del contrato minero, aunque los antecedentes citados por Codelco corresponden a procedimientos de distinta naturaleza y no constituyen, por sí mismos, pruebas definitivas de responsabilidad contractual.
Codelco incorpora una solicitud de liquidación y demandas millonarias
Uno de los principales antecedentes expuestos por Codelco corresponde a una solicitud de inicio de procedimiento concursal de liquidación forzosa presentada el 21 de septiembre de 2026 por Arrendamiento Mercantil contra Tándem.
La acción busca obtener el pago de aproximadamente $499 millones por rentas de arrendamiento de buses. Se trata de una solicitud formulada por un acreedor y no de una resolución que declare la liquidación de Tándem.
Otro procedimiento mencionado corresponde a una demanda ejecutiva presentada el 9 de septiembre por el financista Nicolás Silva, quien reclama cerca de $127 millones por obligaciones relacionadas con el arrendamiento de minibuses.
A estos casos se suma una acción iniciada el 12 de agosto por Scania Finance Chile, que solicitó una medida prejudicial precautoria sobre 78 buses entregados mediante contratos de arrendamiento con opción de compra.
La compañía financiera atribuye a Tándem incumplimientos en el pago de rentas desde abril de 2024, por un monto aproximado de $3.466 millones. La medida solicitada busca resguardar los vehículos mientras se desarrolla la controversia judicial.
Codelco también hizo referencia a una demanda ejecutiva presentada el 1 de julio por Banco Bice contra Tándem y otras sociedades, destinada al cobro de un pagaré por aproximadamente $4.132 millones.
Los montos corresponden a distintas acciones de cobro y reclamaciones judiciales. No deben interpretarse como una deuda total consolidada ni como obligaciones cuya procedencia haya sido establecida definitivamente en todos los procedimientos.
Pullman Cargo y los conflictos internos del grupo también aparecen en la defensa
La presentación de la minera estatal incluye antecedentes judiciales relacionados con otras sociedades del grupo Pullman Bus.
Entre ellos figura una resolución del 7 de septiembre de 2026, mediante la cual un tribunal civil ordenó la liquidación forzosa de Pullman Cargo.
Este procedimiento corresponde a una sociedad distinta de Tándem. Por lo tanto, la resolución no significa que la empresa responsable del contrato de transporte de División Salvador haya sido declarada en liquidación.
Codelco también incorporó antecedentes del conflicto entre Rocío Farías Quevedo y su hermano Luis Pedro Farías Quevedo, vinculado a la administración y control del grupo empresarial.
El 13 de julio de 2026, Rocío Farías presentó una querella por presunta administración desleal contra su hermano, cuestionando el manejo de las sociedades y su situación patrimonial.
La controversia familiar se desarrolla en paralelo al litigio con Codelco. Las acusaciones contenidas en esa querella deberán ser determinadas por los órganos judiciales competentes y no representan responsabilidades penales acreditadas.
Denuncias laborales se suman a los antecedentes presentados
La defensa de Codelco también hizo referencia a procedimientos relacionados con las obligaciones laborales y sindicales de empresas del grupo.
Uno de ellos corresponde a una querella por presunta apropiación indebida, presentada el 6 de enero de 2026 por el Sindicato Interempresa de Trabajadores Pullman Bus y Otras Actividades Conexas contra Luis Pedro Farías Quevedo.
Además, la estatal mencionó una denuncia por prácticas antisindicales iniciada el 12 de agosto por la Inspección Provincial del Trabajo de Chañaral contra Tándem.
Esta última acción se relaciona con presuntos descuentos de cuotas sindicales a trabajadores del establecimiento El Salvador que no habrían sido enteradas íntegramente a la organización sindical correspondiente.
Las acciones penales y laborales citadas tienen objetos distintos de la controversia comercial con Codelco. Su incorporación al expediente forma parte de la argumentación de la estatal, pero su existencia no demuestra automáticamente los incumplimientos contractuales que atribuye a Tándem.
El punto central del conflicto: quién incumplió primero
El enfrentamiento judicial se originó en el contrato de transporte de trabajadores de División Salvador, adjudicado a Tándem en 2022 y ejecutado desde 2023.
El acuerdo original contemplaba servicios hasta diciembre de 2032, por aproximadamente $80.337 millones. Posteriormente, en enero de 2026, las partes modificaron sus condiciones, extendiendo la vigencia hasta mayo de 2034 y elevando su valor a cerca de $85.404 millones.
El contrato comprendía el traslado diario de más de mil trabajadores entre sus lugares de origen, el campamento y diferentes instalaciones operacionales de la división minera.
Tándem acusa a Codelco de incumplimientos relacionados con pagos, exigencias contractuales y compromisos de financiamiento. También cuestiona el cobro de dos boletas de garantía ejecutado durante mayo de 2026.
La transportista ha reclamado indemnizaciones millonarias por los perjuicios que atribuye a la actuación de la cuprífera.
La minera, en cambio, sostiene que fue Tándem quien incumplió sus obligaciones y que los problemas financieros de la contratista no pueden trasladarse a Codelco.
Un antecedente central de la nueva defensa corresponde a la comunicación enviada por Tándem el 3 de agosto de 2026, mediante la cual informó su decisión de terminar el contrato y retirar sus equipos y personal dentro de siete días.
Codelco interpreta esa comunicación como un abandono injustificado de un servicio esencial para el funcionamiento de División Salvador.
La empresa estatal sostiene que no había incumplido sus obligaciones y que la decisión de la contratista comprometía la continuidad de un servicio necesario para transportar trabajadores hacia las instalaciones productivas.
Tándem rechaza las acusaciones y responsabiliza a Codelco
La empresa de transporte ha sostenido públicamente una versión distinta de los hechos.
En una carta difundida el 21 de agosto, su gerente de Negocios, Henry Barnett López, rechazó los cuestionamientos de Codelco sobre las obligaciones previsionales de la compañía.
Tándem aseguró que las cotizaciones pendientes correspondían a tres períodos de 2026, por aproximadamente $243 millones, y atribuyó esa situación al incumplimiento de pagos por parte de la minera.
También afirmó que Codelco mantenía facturas impagas y servicios pendientes de facturación por un total superior a $3.926 millones.
Respecto de la incorporación de buses eléctricos, sostuvo que había asumido financiamiento propio para adquirir vehículos que, conforme a su interpretación del acuerdo, debían contar con anticipos de recursos de Codelco.
Estas declaraciones corresponden a la posición pública expresada por la transportista en agosto y no constituyen una respuesta específica a todos los antecedentes judiciales incorporados posteriormente por la estatal.
Codelco busca levantar una restricción judicial sobre el transporte
Además de cuestionar la situación contractual y financiera de Tándem, Codelco intenta obtener el levantamiento de una medida prejudicial precautoria relacionada con los servicios de transporte de División Salvador.
La medida había sido concedida inicialmente a solicitud de la transportista y buscaba impedir que la minera celebrara nuevos contratos o ejecutara determinados actos relacionados con los recorridos contemplados en el acuerdo.
Sin embargo, sus efectos fueron suspendidos mediante una orden de no innovar mientras se revisa la controversia.
Por esa razón, la restricción no se encuentra actualmente produciendo los efectos que originalmente perseguía Tándem, aunque la discusión sobre su continuidad sigue abierta.
Desde agosto, Codelco mantiene el servicio de transporte de trabajadores mediante Buses JM, bajo el nombre Consorcio Andino.
La continuidad de este sistema resulta especialmente relevante para una operación minera que depende del desplazamiento regular de personal entre zonas habitacionales, campamentos e instalaciones industriales.
El nuevo escrito busca reforzar la posición de Codelco en esa discusión, vinculando las dificultades financieras y otros litigios de Tándem con su capacidad para sostener los compromisos asumidos.
No obstante, el desenlace del conflicto dependerá de las decisiones judiciales sobre las obligaciones contractuales, las indemnizaciones reclamadas y la vigencia de las medidas precautorias.
Por ahora, no existe una resolución definitiva que establezca cuál de las dos empresas es responsable de los incumplimientos denunciados en el contrato de División Salvador. La controversia sigue abierta mientras ambas partes mantienen posiciones contrapuestas sobre los pagos, la continuidad del servicio y las consecuencias económicas de su término.
