Un amplio operativo contra el robo de cobre dejó 59 personas detenidas en la Región de O’Higgins, tras una investigación que apunta a una presunta organización dedicada a sustraer material desde instalaciones vinculadas a Codelco y comercializarlo en mercados ilegales. La denominada operación Veta Roja, ejecutada el martes 20 de octubre de 2026 por la Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía Regional, permitió avanzar en el esclarecimiento de robos cuyo material sustraído supera un avalúo de $650 millones, según el Ministerio Público.
El procedimiento movilizó a más de 300 detectives y contempló aproximadamente 70 allanamientos en distintos sectores de Rancagua, Machalí y Mostazal, incluida la localidad de Coya. Las diligencias también alcanzaron instalaciones de la División El Teniente, donde dos personas fueron detenidas mientras cumplían funciones laborales.
La investigación involucra a trabajadores relacionados con la operación minera, receptadores de cobre y un exfuncionario de Carabineros al que la Fiscalía atribuye un papel relevante en la organización de los delitos y la comercialización del material.
Cómo operaba la presunta organización que robaba cobre
La investigación, encabezada por la Fiscalía de Análisis Criminal de O’Higgins, apunta a una estructura que habría desarrollado distintas actividades para sustraer, transportar, almacenar y vender cobre fuera de los canales comerciales autorizados.
Los antecedentes recopilados por los investigadores incluyen robos desde instalaciones de Codelco, dependencias de empresas contratistas y cableado perteneciente a compañías eléctricas.
Una de las modalidades investigadas corresponde a la sustracción de rebabas de cobre desde sectores de almacenamiento vinculados a la actividad minera.
La prefecta Arlette Prado, jefa de la Prefectura Provincial Cachapoal de la PDI, explicó que los involucrados habrían utilizado personas encargadas de transportar el material, conocidas como mulas, para retirarlo y posteriormente distribuirlo hacia distintos mercados informales.
El fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos, sostuvo que la organización también trasladaba cobre hacia la Región Metropolitana y San Antonio, en la Región de Valparaíso, donde habría sido comercializado nuevamente, con operaciones que incluso podrían haber terminado en exportaciones.
Estas actividades forman parte de la hipótesis investigativa y deberán ser acreditadas durante el proceso judicial.
Dos detenidos dentro de El Teniente y trabajadores contratistas bajo investigación
Uno de los antecedentes más relevantes del operativo corresponde a la participación que la Fiscalía atribuye a personas con acceso a instalaciones relacionadas con la División El Teniente.
Durante los allanamientos, dos trabajadores fueron detenidos mientras realizaban sus labores dentro de dependencias divisionales.
Codelco confirmó las detenciones e indicó que, de acuerdo con la información preliminar disponible, entre los arrestados habría trabajadores pertenecientes a empresas contratistas que prestan servicios a la operación.
El Ministerio Público investiga si algunos de estos trabajadores habrían proporcionado información sobre las instalaciones, los accesos y los sectores donde se almacenaba cobre.
Cubillos explicó que personas vinculadas a empresas contratistas habrían facilitado antecedentes utilizados por otros integrantes de la organización para ingresar a los patios donde se encontraba el material.
La eventual participación de personal con conocimiento de los procedimientos internos constituye una de las líneas relevantes de la investigación, debido a su posible relación con los mecanismos utilizados para concretar las sustracciones.
Sin embargo, la detención de trabajadores dentro de la faena no acredita por sí misma su participación en los robos. Sus responsabilidades individuales deberán determinarse judicialmente.
Un excarabinero figura entre los principales investigados
La Fiscalía también identificó entre los detenidos a un exfuncionario de Carabineros, a quien atribuye una función de coordinación dentro de la presunta organización.
Según explicó el fiscal Aquiles Cubillos, el investigado habría intervenido tanto en la planificación de delitos como en la posterior comercialización y traslado del cobre sustraído.
El persecutor también confirmó que el exfuncionario había sido detenido anteriormente y registraba antecedentes relacionados con delitos similares.
La indagatoria busca establecer la participación de los distintos integrantes de la supuesta red, incluyendo a quienes habrían ejecutado las sustracciones, facilitado información, transportado el material o intervenido en su venta.
Asimismo, los investigadores examinan las operaciones financieras vinculadas a los hechos. Esta línea de trabajo explica la participación de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos, junto con la Brigada Investigadora de Robos de la PDI.
Codelco confirma 36 denuncias por robos y hurtos desde marzo
Tras el procedimiento, Codelco entregó antecedentes sobre los hechos que han afectado a la División El Teniente y a empresas colaboradoras.
La estatal informó que la investigación considera 36 denuncias por robo y hurto de cobre presentadas desde marzo de 2026.
La compañía aseguró que ha colaborado con el Ministerio Público y la PDI desde el inicio de las diligencias, proporcionando antecedentes para contribuir al esclarecimiento de los delitos.
"Codelco es víctima de estos delitos", afirmó la empresa, que también anunció que ejercerá las acciones judiciales correspondientes contra quienes resulten responsables.
La cuprífera precisó que corresponde a las autoridades investigativas determinar el alcance del operativo, la participación de las personas detenidas y sus eventuales responsabilidades penales.
Las 36 denuncias comunicadas por Codelco no deben confundirse necesariamente con la totalidad de los episodios investigados por la Fiscalía, cuya indagatoria comenzó antes.
Fiscalía investiga robos avaluados en más de $650 millones
El fiscal regional Aquiles Cubillos confirmó que las diligencias forman parte de una investigación desarrollada desde 2024.
El Ministerio Público proyecta formalizar más de 30 hechos delictivos, cuyo cobre sustraído supera, según su avalúo, los $650 millones.
Esta cifra corresponde al valor atribuido por la Fiscalía al material involucrado en los episodios que pretende formalizar. No constituye todavía una cuantificación judicial definitiva de los perjuicios ni necesariamente comprende todos los hechos denunciados.
Durante los allanamientos, los detectives incautaron cobre, armas de fuego, municiones, dinero en efectivo y vehículos, además de otras especies consideradas relevantes para la causa.
Los elementos recuperados deberán ser analizados para establecer su procedencia, eventual vinculación con los delitos investigados y valor probatorio.
La Fiscalía también busca reconstruir el destino comercial del material y determinar si parte de los ingresos obtenidos mediante su venta fue incorporada a actividades económicas aparentemente legales.
Formalización y próximos pasos de la operación Veta Roja
Entre los delitos que el Ministerio Público contempla imputar figuran robo en bienes nacionales de uso público, robo en lugar no habitado, receptación y lavado de activos.
La detención de los involucrados fue ampliada hasta el jueves 22 de octubre, fecha prevista para avanzar en la formalización de los cargos.
En esa instancia, la Fiscalía deberá exponer los antecedentes reunidos y precisar la participación que atribuye a cada imputado. También podrán discutirse las medidas cautelares solicitadas para quienes corresponda.
La operación Veta Roja constituye un avance policial en una investigación que abarca tanto la sustracción del cobre como las actividades necesarias para trasladarlo y comercializarlo.
El caso abre además un frente relevante para la seguridad de la industria minera: determinar cómo se produjeron las sustracciones en instalaciones vinculadas a El Teniente, qué mecanismos habrían utilizado los involucrados y si existieron facilitadores internos.
Por ahora, no se han informado resultados definitivos respecto de la responsabilidad penal de los detenidos ni consecuencias operacionales concretas para la producción de la división.
La investigación continuará con el análisis de las evidencias incautadas, la reconstrucción de los movimientos del cobre y la determinación de las responsabilidades individuales de los imputados.
