La seguridad en la macrozona norte volvió al centro del debate luego de que el Juzgado de Garantía decretara prisión preventiva para dos ciudadanos bolivianos sorprendidos interviniendo la zanja de resguardo fronterizo en Colchane. El caso, que combina delitos de contrabando y daño a infraestructura pública, fue impulsado judicialmente tras una querella presentada por el Servicio Nacional de Aduanas, marcando un precedente en la persecución penal de hechos asociados al control territorial en pasos no habilitados. La detención se produjo en el marco del plan “Escudo Fronterizo”, ejecutado por Carabineros, en una zona estratégica donde el Estado ha reforzado medidas físicas para contener el ingreso irregular. Según los antecedentes expuestos en audiencia, los imputados utilizaban maquinaria pesada para alterar la barrera construida, lo que encendió alertas sobre nuevas modalidades para evadir controles en la frontera con Bolivia.
Operativo en Pampa Toldo y hallazgo de maquinaria
El procedimiento se concretó tras una fiscalización realizada por personal especializado del OS-7 de Carabineros, quienes detectaron a los sujetos operando una retroexcavadora en el sector de Pampa Toldo. La máquina estaba siendo utilizada para rellenar una de las zanjas implementadas como medida de contención fronteriza.
De acuerdo con los antecedentes, el equipo —una retroexcavadora marca MF, modelo 750— no contaba con documentación que acreditara su origen, lo que reforzó la hipótesis de un eventual traslado ilegal hacia Bolivia a través de un paso no habilitado.
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La acción no solo implicaba la alteración de una infraestructura crítica para el control migratorio, sino que además abría la posibilidad de facilitar rutas de tránsito irregular en una zona altamente vigilada.
Argumentos de Aduanas y tipificación de delitos
El Servicio Nacional de Aduanas, a través de su Departamento Jurídico en Iquique, sustentó la querella en el delito de contrabando, argumentando que la maquinaria tenía como destino salir del país sin cumplir los procedimientos legales establecidos.
A este ilícito se sumó el delito de daños, debido a la destrucción parcial de la zanja construida como medida de resguardo fronterizo. La combinación de ambas figuras penales fue clave para que el tribunal considerara la gravedad de los hechos.
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Durante la audiencia de formalización, el Ministerio Público expuso que el actuar de los imputados no solo afectaba bienes fiscales, sino que también comprometía la eficacia de las políticas de control en la frontera norte.
Resolución judicial y fundamentos de la medida cautelar
El fiscal jefe de la provincia del Tamarugal, Milton Torres, presentó los antecedentes ante el tribunal, detallando el contexto del operativo y la naturaleza de los delitos imputados. Tras escuchar a las partes, el juez Luis Rodríguez resolvió decretar la prisión preventiva para ambos imputados.
La decisión se basó en varios elementos: el modus operandi, la existencia de múltiples delitos, la gravedad de las penas asociadas y el impacto de la conducta en la seguridad pública. El tribunal consideró que la libertad de los imputados representaba un riesgo para la sociedad y para el desarrollo de la investigación.
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Refuerzo de medidas en la frontera norte
El caso pone en evidencia los desafíos persistentes en el control de pasos no habilitados en la frontera con Bolivia, donde el Estado ha implementado medidas físicas como zanjas para dificultar el tránsito irregular.
El plan “Escudo Fronterizo” busca precisamente fortalecer la vigilancia en estos puntos críticos, combinando presencia policial, tecnología y obras de infraestructura. Sin embargo, hechos como este revelan que continúan existiendo intentos por vulnerar estas barreras, lo que obliga a una constante adaptación de las estrategias de control.
La investigación seguirá en curso mientras se desarrollan diligencias para determinar el origen de la maquinaria y eventuales redes asociadas a este tipo de operaciones.
