El control fronterizo en el norte de Chile ha entrado en una nueva fase operativa, marcada por un aumento en la detección de ingresos irregulares y una mayor capacidad de respuesta en terreno. Así lo afirmó el comisionado presidencial para la Macrozona Norte, Alberto Soto, quien aseguró que durante el primer mes de la actual administración se ha logrado identificar a más personas intentando cruzar por pasos no habilitados, particularmente en la frontera con Bolivia. Según explicó, este incremento no necesariamente responde a un mayor flujo migratorio, sino a una mejora en los sistemas de vigilancia y cobertura territorial, lo que permite tener una “conciencia situacional” más precisa en una extensión fronteriza que supera los mil kilómetros.
En ese contexto, Soto sostuvo que “estamos viendo mucho más, y estamos procediendo en consecuencia”, destacando que más del 90% de las personas detectadas en la frontera con Bolivia han sido reconducidas fuera del país, en virtud de los acuerdos vigentes con ese país. La autoridad detalló que, por ejemplo, de cerca de 200 personas detectadas en un periodo reciente, entre 170 y 177 fueron retornadas inmediatamente, lo que refleja la operatividad de los mecanismos de reconducción.
Reconducción y acuerdos bilaterales marcan la diferencia
Uno de los elementos clave en la estrategia de control ha sido la existencia de acuerdos de reconducción con Bolivia, a diferencia de lo que ocurre con Perú. Esta diferencia condiciona la capacidad de respuesta ante ingresos irregulares, ya que permite ejecutar devoluciones rápidas en frontera sin necesidad de procesos administrativos prolongados.
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El comisionado enfatizó que este tipo de instrumentos son fundamentales para la efectividad del control migratorio, especialmente en zonas de alta permeabilidad geográfica. La coordinación con autoridades bolivianas ha permitido, según indicó, mantener un flujo constante de reconducciones, reduciendo la presión sobre los sistemas internos de acogida y control.
Zanja fronteriza avanza con foco en costo-eficiencia
En paralelo a las medidas operativas, el Gobierno continúa avanzando en la construcción de una zanja física como parte del sistema de control fronterizo. Soto informó que esta obra presenta actualmente un 20% de avance y que contempla una extensión estimada de 60 kilómetros, aunque su trazado final está sujeto a մշificaciones en función de las rutas utilizadas por los migrantes.
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La autoridad recalcó que se trata de una herramienta complementaria, que requiere mantenimiento constante para ser efectiva en el tiempo. “Si el Estado la abandona como prioridad, simplemente va a fracasar a futuro”, advirtió.
En términos presupuestarios, el costo de la zanja se estima en un máximo de 4.000 millones de pesos, cifra que, según Soto, se mantiene dentro de márgenes razonables considerando su impacto en el control territorial. Además, indicó que se están evaluando otros obstáculos físicos y tecnológicos, con foco en maximizar la relación costo-efectividad en un escenario de محدودaciones fiscales.
Evaluación dinámica y ajustes permanentes
Finalmente, el comisionado subrayó que la estrategia fronteriza no es estática y que se ajusta constantemente en función de la evolución de las rutas migratorias. “El plan no está escrito en piedra”, señaló, destacando que las decisiones se toman sobre la base de monitoreo continuo y տվյալ operativo en terreno.
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Este enfoque flexible busca anticiparse a los cambios en los patrones de ingreso irregular, en un contexto donde la presión migratoria y las condiciones geopolíticas de la región continúan evolucionando.
