Rebaja del TAG: MOP evalúa ajustes “caso a caso” y advierte impacto en contratos de hasta 50 años

La eventual rebaja del TAG vuelve a instalarse en el debate público, luego de que el Ministerio de Obras Públicas abriera la puerta a ajustes tarifarios, aunque bajo un enfoque selectivo y condicionado. El titular de la cartera, Martín Arrau, sostuvo que cualquier modificación será analizada “caso a caso” y con estricta responsabilidad fiscal, descartando de plano una reducción generalizada. La definición no es menor: el sistema de autopistas urbanas concesionadas constituye uno de los pilares de la infraestructura en Chile y cualquier alteración podría tener efectos directos en la estabilidad financiera de los contratos, muchos de los cuales se extienden por varias décadas.

En ese contexto, el ministro enfatizó que el debate no puede abordarse desde una lógica simplista. “Lo peor que puede pasar es un populismo tarifario”, afirmó, en alusión a propuestas que buscan reducciones inmediatas sin considerar las implicancias contractuales. La señal apunta a resguardar el modelo de concesiones, clave en el desarrollo de obras públicas mediante alianzas público-privadas.

Contratos complejos y márgenes acotados para cambios

El sistema de autopistas urbanas opera bajo contratos de largo plazo, con estructuras financieras diseñadas para asegurar la recuperación de inversiones y la mantención de estándares de servicio. Según explicó Martín Arrau, no existe una solución única, ya que cada concesión presenta condiciones distintas en términos de plazos, ingresos garantizados y mecanismos de reajuste.

Entre los factores que condicionan una eventual rebaja del TAG destacan:

• Duración de los contratos, que pueden extenderse hasta 50 años según la legislación vigente
• Estructura de ingresos, basada en tarifas reguladas y flujos proyectados
• Mecanismos de compensación, como extensiones de plazo o ajustes contractuales
• Equilibrio financiero, necesario para sostener inversiones y operación

Este marco limita la posibilidad de aplicar reducciones inmediatas sin generar efectos colaterales. Cualquier intervención, recalcan desde el MOP, debe resguardar tanto la viabilidad de las concesionarias como la continuidad del sistema.

Presión sobre los usuarios y alza en la evasión

El debate surge en un contexto de creciente presión sobre los usuarios de autopistas urbanas, donde las tarifas —ajustadas principalmente por inflación— han tenido un impacto mayor al previsto en los presupuestos familiares. El propio ministro reconoció que existen casos donde el costo del TAG supera las estimaciones originales del modelo.

A ello se suma un fenómeno creciente: el aumento en la evasión del pago. Si bien la mayoría de los usuarios cumple con sus obligaciones, el alza en los niveles de incumplimiento representa un riesgo tanto para la sostenibilidad financiera del sistema como para la equidad entre conductores.

Ajustes previos y señales de estabilidad

El debate actual no es el primero en torno a las tarifas. En 2019, el MOP acordó con las concesionarias eliminar un factor adicional de reajuste anual de 3,5%, manteniendo únicamente la variación por IPC. Esa medida permitió contener parcialmente el alza de costos para los usuarios, aunque no resolvió completamente las tensiones estructurales del sistema.

Hoy, el mensaje de la autoridad apunta a mantener señales de estabilidad hacia el mercado. La revisión de tarifas, insisten, debe ser compatible con la necesidad de seguir atrayendo inversión privada en infraestructura, un elemento considerado estratégico para el desarrollo del país.

En ese equilibrio entre alivio para los usuarios y sostenibilidad del modelo, el Ejecutivo enfrenta una decisión compleja, donde cada contrato será analizado en detalle antes de definir eventuales cambios.