Autoridades, policías, Fiscalía y CGE abordaron en Ovalle el avance de un delito que, según los antecedentes expuestos en la segunda sesión de la Mesa Regional contra el Robo de Cables, ya se registra casi a diario en la provincia de Limarí y afecta el suministro eléctrico, sistemas de Agua Potable Rural y predios agrícolas.
El robo de cables y cobre se ha intensificado en la provincia de Limarí y hoy tiene a sectores rurales de Ovalle como el principal foco regional. El tema fue abordado en una reunión encabezada por el delegado presidencial regional de Coquimbo, Víctor Pino, junto a policías, Ministerio Público, autoridades sectoriales, el municipio y representantes de CGE, con el objetivo de pasar del diagnóstico a medidas concretas frente a un delito que afecta infraestructura crítica y actividades productivas.
Durante la sesión se revisó el cambio en el mapa del delito. Si históricamente La Higuera concentraba este tipo de hechos, los antecedentes expuestos por CGE y Carabineros indican que el foco se desplazó hacia sectores interiores de Ovalle, especialmente en zonas rurales como el borde costero, Barraza y Socos. “Estamos viendo una problemática que ha aumentado en los últimos seis meses y que ha afectado a miles de personas en sectores rurales de Ovalle, principalmente en el borde costero, Barraza y Socos”, afirmó Pino.
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Impacto sobre electricidad, APR y faenas agrícolas
Uno de los puntos centrales fue el efecto directo de estos robos sobre la vida cotidiana y la economía local. El alcalde de Ovalle, Héctor Vega, advirtió que el problema no solo deja a vecinos sin suministro, sino que también provoca pérdidas productivas en predios agrícolas. Según lo expuesto en la reunión, en algunos casos se han derribado postes para sustraer transformadores, con daño directo a la infraestructura eléctrica y a la actividad económica del territorio.
A ello se suma la afectación a los sistemas de Agua Potable Rural, lo que eleva la gravedad del delito al comprometer también el acceso a servicios básicos en zonas apartadas.
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CGE reporta 30 casos al mes de marzo
Desde CGE se advirtió sobre la magnitud del fenómeno. Mientras durante 2025 se contabilizaron 70 delitos, en lo que va de 2026 ya se registraban 30 casos al mes de marzo, una cifra que, de acuerdo con la compañía, refleja que los robos están ocurriendo prácticamente a diario.
Gabriel Barraza, director regional norte de CGE, sostuvo que este delito no solo implica la sustracción de cables, sino también la destrucción de infraestructura crítica y la paralización de actividades productivas. El seremi de Energía, Fabián Páez, agregó que durante 2025 se registraron más de 140 kilómetros de cables robados en la región.
Investigaciones apuntan a bandas y comercialización ilegal
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En la mesa regional también se revisó el estado de las investigaciones orientadas a desarticular no solo a quienes ejecutan el robo en terreno, sino también a la cadena de comercialización ilegal del cobre. Representantes de la PDI y de la Fiscalía informaron avances en las diligencias.
El jefe de la Región Policial de la PDI, prefecto inspector Javier González, indicó que existen sujetos identificados con evidencia en su contra, mientras que el fiscal de Ovalle, Rodrigo Gómez, señaló que esperan resultados concretos en el corto plazo. El foco investigativo, según lo expuesto, apunta a una estructura que incluye robo, traslado, reducción y venta ilegal del material sustraído.
El delegado presidencial regional sostuvo además que no se tolerará la acción de bandas organizadas y destacó el avance de compromisos previamente adoptados, entre ellos la instalación de cámaras de vigilancia en puntos críticos por parte de CGE. En paralelo, la seremi de Seguridad Pública, María José Duarte, planteó la necesidad de hacer seguimiento efectivo a los acuerdos alcanzados.
