La negociación por salario mínimo 2026 comenzó con señales claras de tensión y expectativas al alza. En su primer encuentro formal con los ministerios del Trabajo y Hacienda, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) fijó una posición que anticipa una discusión exigente: el reajuste debe superar la inflación para recuperar poder adquisitivo. El planteamiento se da en un contexto marcado por el impacto del alza de combustibles en el costo de vida y por la obligación legal del Ejecutivo de ingresar el proyecto al Congreso durante abril. La reunión, encabezada por los ministros Tomás Rau y Jorge Quiroz, estableció un cronograma acotado que contempla propuestas concretas la próxima semana, lo que acelera el debate en medio de presiones sociales y económicas. Paralelamente, la CUT abrió un nuevo frente al cuestionar recientes dictámenes de la Dirección del Trabajo sobre la implementación de la jornada laboral de 40 horas, anticipando que el debate no se limitará al salario, sino que abarcará condiciones estructurales del mercado laboral.
Cronograma ajustado y primeras cifras en camino
El proceso de negociación avanzará con rapidez. Según lo acordado, el jueves 23 la CUT presentará su propuesta de reajuste, mientras que el Gobierno hará lo propio al día siguiente. Para el lunes 27 ya deberían existir las primeras cifras sobre la mesa, en una dinámica que podría extenderse con nuevas reuniones durante esa misma semana.
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Desde la multisindical, el presidente José Manuel Díaz enfatizó que el eje de la discusión será la recuperación del poder de compra. El dirigente sostuvo que el aumento del costo de vida, particularmente por combustibles, ha erosionado la capacidad adquisitiva de los trabajadores, por lo que un reajuste equivalente al IPC sería insuficiente. En esa línea, recalcó que la negociación representa una oportunidad para revertir esa pérdida.
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Actualmente, el salario mínimo vigente desde enero de 2026 alcanza los $539.000 para trabajadores entre 18 y 65 años. La meta de la CUT apunta a que el nuevo monto no solo compense la inflación, sino que incorpore un componente real de incremento.
Obligación legal y presión sobre el Ejecutivo
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El calendario legislativo añade presión al proceso. La normativa vigente establece que durante abril el Ejecutivo debe ingresar al Congreso el proyecto de ley que fija el nuevo ingreso mínimo mensual, junto con los ajustes en asignaciones familiares y subsidios. El objetivo es que el reajuste entre en vigor el 1 de mayo de 2026.
Este marco acota los tiempos de negociación y obliga a alcanzar acuerdos en plazos estrechos, lo que históricamente ha derivado en intensas rondas de diálogo entre el Gobierno, trabajadores y el sector empresarial. En esta oportunidad, la señal inicial de apertura al diálogo por parte de las autoridades fue valorada por la CUT, aunque el gremio dejó en claro que insistirá en un aumento real por sobre la inflación.
Dictámenes por 40 horas abren nuevo foco de conflicto
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En paralelo a la discusión salarial, la CUT manifestó su preocupación por recientes dictámenes de la Dirección del Trabajo relacionados con la implementación de la ley de 40 horas. Las resoluciones abordan dos aspectos sensibles: la reducción de jornada para trabajadores con distribución en seis días y la reinterpretación de los criterios de exclusión de jornada bajo el artículo 22.
Desde la central sindical advierten que estas interpretaciones alteran el espíritu de los acuerdos alcanzados previamente en instancias tripartitas, generando incertidumbre en su aplicación. Por ello, ya se agendó una reunión con el director del Trabajo, David Oddó, para el próximo miércoles.
Este frente paralelo podría complejizar la negociación global, al incorporar demandas regulatorias junto con las salariales, en un escenario donde el equilibrio entre productividad, costos laborales y bienestar de los trabajadores será determinante.
