La entidad gremial minera manifestó su respaldo al objetivo ambiental de la norma, pero advirtió que su redacción actual genera incertidumbre regulatoria y requiere definiciones basadas en criterios científicos y constitucionales.
La Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) expresó su posición frente al proyecto de reforma de la Ley de Glaciares, recientemente enviado por el gobierno del presidente Javier Milei al Senado, planteando la necesidad de introducir precisiones técnicas, definir con claridad el rol de las provincias y asegurar la intervención de especialistas en la determinación de las áreas protegidas.
En un comunicado oficial, la entidad señaló su “total acuerdo y compromiso con el objetivo de proteger los glaciares y el ambiente periglacial como reservas estratégicas de recursos hídricos”, subrayando que existe consenso absoluto respecto de la importancia de resguardar estos sistemas naturales clave para el abastecimiento de agua y la sostenibilidad ambiental.
Diferenciación técnica y evaluación caso a caso
No obstante, CAEM advirtió que la norma requiere aclaraciones sustantivas, ya que —a su juicio— no todos los glaciares ni todo el ambiente periglacial cumplen necesariamente la condición de reserva estratégica de recursos hídricos. En este sentido, la cámara sostuvo que la ley debe establecer explícitamente que dicha determinación se realice caso por caso, con base en estudios específicos y en la opinión fundada de expertos.
“La definición de qué glaciares y ambientes periglaciales deben ser objeto de protección debe sustentarse en criterios técnicos y científicos, evitando generalizaciones que puedan derivar en restricciones innecesarias o ambiguas”, planteó la organización.
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El rol constitucional de las provincias
Otro de los ejes centrales del pronunciamiento fue la necesidad de definir con claridad el rol de las provincias en la aplicación de la ley. CAEM recordó que, conforme a la Constitución Nacional, las provincias son las titulares de los recursos naturales existentes en sus territorios, por lo que deben tener una participación activa en la determinación y delimitación de las áreas protegidas.
Desde la cámara enfatizaron que una correcta articulación entre el Estado nacional y los gobiernos provinciales es indispensable para garantizar seguridad jurídica, respeto por las competencias constitucionales y una adecuada implementación de la normativa ambiental.
Certidumbre regulatoria y desarrollo sostenible
Asimismo, la entidad empresarial alertó sobre la incertidumbre que genera una redacción imprecisa de la ley, señalando que ello puede afectar tanto a proyectos productivos como a iniciativas de infraestructura. En ese marco, CAEM sostuvo que una normativa clara permitiría compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo sostenible, facilitando la creación de empleo y el crecimiento económico.
Finalmente, la organización remarcó que las aclaraciones requeridas por la Ley de Glaciares demandan diálogo y una actuación conjunta y coordinada entre autoridades nacionales y provinciales, con el objetivo de proteger efectivamente los recursos hídricos estratégicos sin impedir actividades productivas compatibles con el cuidado del medio ambiente.
