Caja fiscal. Esa fue la expresión que, en menos de un día, pasó de ser una advertencia técnica a convertirse en el primer gran conflicto político-económico entre el nuevo ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y el exministro Nicolás Grau. La controversia no es menor, porque toca un punto especialmente sensible para cualquier administración que recién asume: cuánta liquidez real tiene el Estado para enfrentar contingencias, justo cuando el alza del petróleo vuelve a tensionar el costo de los combustibles, el tipo de cambio y las expectativas de inflación. Quiroz instaló el tono al afirmar que el gobierno anterior cerró 2025 con apenas US$40 millones en caja, muy lejos de los US$3.000 a US$4.000 millones que, según dijo, serían niveles normales. Pero la réplica de Grau apuntó a otra foto del mismo tablero: sostuvo que el último dato público disponible, correspondiente a enero de 2026, ubicó la caja fiscal en US$1.406 millones, y que a inicios de esta semana el saldo todavía superaba los US$800 millones. El trasfondo conecta con la herencia económica que recibe Kast en 2026 y con un cuadro externo que ha vuelto a endurecerse por la crisis energética internacional.
Dos cifras correctas, pero de momentos distintos
Lo que vuelve más delicada la disputa es que ambas cifras pueden coexistir sin que necesariamente una invalide por completo a la otra. En el Informe de Finanzas Públicas del cuarto trimestre de 2025, la Dipres consignó que los Otros Activos del Tesoro Público cerraron diciembre en US$46,3 millones, un dato que calza con la denuncia de Quiroz sobre un cierre de año extremadamente estrecho en liquidez. Sin embargo, los mismos registros oficiales muestran que esa caja no es estática: fluctúa con el ritmo diario de ingresos y pagos del Fisco. Por eso Grau se aferró al dato más reciente y recordó que la Dipres ya tiene disponible en sus reportes mensuales de activos consolidados del Tesoro Público el informe al 31 de enero de 2026, mes en que además la autoridad presupuestaria informó un superávit de 0,2% del PIB estimado para el año. En términos políticos, la diferencia entre ambos no es sólo contable, sino narrativa: Quiroz describió la herencia recibida al cierre del mandato anterior; Grau respondió con la posición actualizada tras las primeras semanas del nuevo ciclo. Ahí está la razón de fondo por la que la polémica escaló tan rápido: no discuten únicamente un número, sino quién instala la interpretación dominante sobre el estado real de las finanzas públicas.
El petróleo convierte el debate fiscal en una urgencia política
La presión no ocurre en el vacío. Quiroz decidió abrir este flanco justo cuando el encarecimiento de la energía amenaza con golpear otra vez el bolsillo local. En los últimos días, REDIMIN ha seguido el salto del WTI a US$77,42 tras la guerra en Irán, el repunte posterior del Brent y también la suspensión por 30 días de sanciones al petróleo ruso como medida de emergencia para aliviar un mercado global que sigue bajo tensión. Para Chile, esa cadena importa porque el país no discute la caja fiscal en abstracto: la discute mientras evalúa si debe activar o rediseñar amortiguadores para los combustibles. En ese punto, la caja disponible sí se vuelve un dato político inmediato. Una administración con liquidez muy acotada tiene menos margen para responder rápido a un shock externo; una con mayor holgura puede comprar tiempo y diseñar una salida menos costosa socialmente. La polémica, entonces, no es una riña semántica entre exautoridades, sino una señal de cómo el nuevo gobierno quiere construir el argumento de urgencia para justificar eventuales decisiones fiscales en sus primeros días. (Revista Digital Minera)
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Lo que realmente está en juego para el mercado y para La Moneda
Más allá del cruce personal, el episodio deja una conclusión incómoda para todos los involucrados: la caja fiscal puede rebotar con rapidez, pero el problema de credibilidad se mueve más lento. Si el gobierno de Kast insiste en que recibió un Fisco al límite, el mercado leerá que viene un período de disciplina más dura, recortes y menor disposición a usar recursos para amortiguar shocks. Si prevalece la tesis de Grau, la administración saliente podrá defender que entregó una situación más líquida de lo que se quiso instalar públicamente. Ninguna de las dos lecturas resuelve por sí sola el dilema estructural, porque la discusión de fondo sigue siendo cuánto espacio tiene Chile para enfrentar un año cruzado por deuda elevada, cuentas fiscales exigidas y volatilidad importada desde el petróleo y el dólar. En ese tablero, conviene mirar también cómo se determina el precio de los combustibles en Chile, porque el debate sobre caja no tardará en transformarse en debate sobre subsidios, estabilizadores y costos políticos. La controversia recién comienza, pero ya dejó claro algo: el primer test económico del nuevo gobierno no será teórico, sino de liquidez, relato y velocidad de respuesta. (Revista Digital Minera)
