El ministro Jorge Quiroz anunció una comisión transversal para analizar las normas laborales que rigen al empleo público. La iniciativa todavía no contempla cambios concretos, pero abrió un conflicto con la ANEF, que ya mantenía una mesa de trabajo con el Gobierno.
El Gobierno abrió un nuevo frente en la discusión sobre el funcionamiento del Estado. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció la creación de una comisión transversal que tendrá como tarea revisar el Estatuto Administrativo, el marco legal que regula buena parte de las relaciones laborales de los funcionarios públicos en Chile. La instancia será encabezada por un economista independiente y comenzaría a tomar forma durante esta semana.
El anuncio tiene efectos relevantes para el sector público porque pone sobre la mesa materias relacionadas con contratación, carrera funcionaria, evaluación, movilidad, responsabilidades administrativas y otras condiciones que forman parte del funcionamiento cotidiano de los servicios del Estado.
Por ahora, sin embargo, no existe una propuesta de reforma definida ni cambios aprobados para los trabajadores fiscales. Hacienda tampoco ha detallado todavía qué artículos serán revisados, qué modificaciones podrían impulsarse ni los plazos que tendría la comisión para entregar conclusiones.
Qué busca revisar Hacienda
La intención del Ministerio de Hacienda es abordar las relaciones laborales dentro del Estado como parte de una discusión más amplia sobre eficiencia y ordenamiento fiscal.
Quiroz planteó que se trata de un asunto estructural y vinculó la revisión del Estatuto Administrativo con la necesidad de consolidar el proceso de reorganización de las finanzas públicas. La futura comisión tendría una composición transversal y convocaría a especialistas provenientes de distintos sectores.
El nombre de la persona que encabezará el grupo debería conocerse durante esta semana. El ministro adelantó que será un economista independiente con experiencia tanto en el funcionamiento del Estado como en el mundo académico.
Uno de los puntos relevantes es que Hacienda no presentó la iniciativa como una reforma general del aparato público, sino específicamente como una revisión del marco que regula las relaciones laborales de quienes trabajan para el Estado.
Esto deja abiertas varias materias sensibles. El Estatuto Administrativo establece normas relacionadas con ingreso a la administración pública, obligaciones y derechos funcionarios, calificaciones, carrera, responsabilidad administrativa y procedimientos disciplinarios, entre otras áreas. Su texto vigente se encuentra sistematizado mediante el DFL N°29 del Ministerio de Hacienda.
Una normativa que tiene más de tres décadas
La discusión apunta a una legislación que tiene su origen en la Ley N°18.834, aprobada en 1989 y posteriormente objeto de modificaciones y textos refundidos. Actualmente, su regulación se encuentra contenida principalmente en el DFL N°29 de 2004, publicado en marzo de 2005.
Durante los últimos años han existido cuestionamientos sobre distintos aspectos del sistema de empleo público, particularmente respecto de la coexistencia de plantas, contratas y otras modalidades de contratación, además de los mecanismos de evaluación, movilidad laboral y aplicación de sanciones.
El debate tomó nueva fuerza a raíz de casos relacionados con el uso irregular de licencias médicas en organismos públicos, que reactivaron la discusión política sobre los mecanismos de control y responsabilidad funcionaria.
La nueva comisión podría convertir ese debate en propuestas legislativas o administrativas, aunque esa etapa todavía no comienza.
ANEF cuestiona el anuncio y exige participación
La iniciativa de Hacienda generó una reacción inmediata de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF).
El presidente de la organización, José Pérez, cuestionó la forma en que se anunció la comisión, debido a que el gremio ya mantenía conversaciones formales con representantes del Ejecutivo sobre modernización del Estado y empleo público.
El origen de esas conversaciones se remonta a una reunión realizada el 20 de mayo entre dirigentes de la ANEF y el presidente José Antonio Kast. Tras ese encuentro se estableció una mesa técnica en la que participan representantes del Ministerio del Trabajo y del Servicio Civil.
El gremio entregó el 6 de julio una propuesta con metodología, plan de trabajo y materias consideradas prioritarias. El viernes 7 de agosto recibió una respuesta desde la Subsecretaría del Trabajo, documento que sería revisado este lunes 10 de agosto por su directorio.
La principal preocupación de los funcionarios es que se genere una discusión paralela encabezada por Hacienda sin incorporar a las organizaciones representativas de los trabajadores.
La ANEF solicitó conocer quiénes formarán parte de la nueva comisión y pidió participar en el proceso. La organización representa a cerca de 100 mil funcionarios, dentro de un sector público que, considerando el conjunto de organismos y Fuerzas Armadas, se aproxima al millón de trabajadores.
Qué podría significar para los trabajadores públicos
En términos inmediatos, el anuncio no modifica contratos, remuneraciones, estabilidad laboral ni derechos vigentes. Cualquier alteración sustantiva al Estatuto Administrativo que requiera cambiar la legislación deberá pasar por el proceso institucional correspondiente.
La importancia de la comisión está en las recomendaciones que eventualmente entregue.
Entre los temas que históricamente han formado parte del debate sobre empleo público aparecen los sistemas de calificación, movilidad entre organismos, estructura de plantas, mecanismos disciplinarios y distintas modalidades de contratación.
Esto significa que los funcionarios deberían distinguir entre el inicio de una discusión técnica y una reforma efectiva. Hasta ahora no se han anunciado despidos, modificaciones de remuneraciones, cambios en indemnizaciones ni nuevas condiciones específicas de contratación derivadas de esta comisión.
La discusión también tiene un componente fiscal
El anuncio de Hacienda no se produce de manera aislada. La administración del empleo público representa una de las áreas relevantes dentro del gasto permanente del Estado y ya había sido identificada anteriormente como un espacio donde podrían analizarse reformas estructurales.
Una comisión asesora sobre gasto público constituida durante 2025 incluyó entre sus ámbitos de análisis el empleo estatal y planteó revisar aspectos del Estatuto Administrativo junto con medidas asociadas a contrataciones y remuneraciones.
La señal actual de Hacienda apunta a avanzar desde ese diagnóstico hacia una discusión específica sobre las reglas laborales del sector público.
El desafío político será determinar hasta dónde llega esa revisión y bajo qué grado de participación de los funcionarios se realizará.
Lo que habrá que observar durante esta semana
El primer dato concreto será el nombre del economista que encabezará la comisión y, posteriormente, la composición definitiva del grupo de especialistas.
También será clave conocer el mandato preciso que recibirá la instancia, sus plazos y los aspectos del Estatuto Administrativo que Hacienda pretende someter a revisión.
Mientras esas definiciones no se conozcan, no existe una reforma aprobada ni nuevas reglas laborales vigentes para los funcionarios públicos.
La controversia, por ahora, está concentrada en el mecanismo escogido por el Ejecutivo para iniciar la discusión y en la participación que tendrán los trabajadores públicos en un debate que podría terminar modificando una de las principales normas que regulan el empleo estatal en Chile.
