Una cartera de 15 proyectos auríferos con 36,6 millones de onzas en reservas podría sumar cerca de 2,5 millones de onzas anuales a la producción canadiense. El principal obstáculo ya no está en el precio del metal, sino en los plazos regulatorios y las decisiones de inversión.
Canadá tiene una de las mayores oportunidades inmediatas para ampliar su producción de oro, pero buena parte de ese potencial continúa avanzando lentamente entre evaluaciones ambientales, permisos provinciales y decisiones finales de construcción. Una cartera de 15 proyectos con reservas probadas y probables reúne 36,6 millones de onzas de oro y podría producir aproximadamente 2,5 millones de onzas anuales en régimen, equivalentes a unas 78 toneladas.
Ese volumen representaría un aumento estimado de 35% a 40% sobre la producción minera actual del país. Bajo un supuesto de precio de US$4.300 por onza, las operaciones podrían generar del orden de US$11.000 millones anuales en ventas de metal una vez alcanzada su capacidad prevista. El valor bruto acumulado de la producción considerada en los planes de vida útil se aproxima a US$146.000 millones.
El escenario adquiere particular relevancia en medio de las tensiones comerciales entre Canadá y Estados Unidos. Mientras numerosos sectores industriales enfrentan nuevos aranceles y restricciones al comercio transfronterizo, el oro mantiene características distintas: se comercializa internacionalmente con referencias globales de precio y presenta una exposición menor a las barreras que afectan a productos manufacturados y determinadas materias primas.
Una cartera que podría cambiar la producción canadiense
Los proyectos considerados no corresponden simplemente a prospectos exploratorios. La selección contempla activos con estudios avanzados, reservas definidas y perfiles de producción desarrollados, aunque todavía sin una decisión definitiva de construcción.
La combinación de 36,6 millones de onzas en reservas convierte a esta cartera en una fuente significativa de oferta potencial para uno de los principales países productores de oro del mundo. La entrada de alrededor de 2,5 millones de onzas adicionales por año modificaría de manera relevante la capacidad productiva canadiense y ampliaría la generación de exportaciones, empleo y actividad para contratistas y proveedores mineros.
Los plazos, sin embargo, muestran que buena parte de ese crecimiento se concentraría hacia el final de la década. Entre los proyectos que manejan horizontes de producción próximos aparecen Windfall, Troilus, Springpole, Upper Beaver, Fenn-Gib y Goldboro, mientras que otros activos contemplan fechas posteriores. Varios de esos calendarios corresponden todavía a objetivos corporativos sujetos a permisos, financiamiento y decisiones de inversión.
Windfall y Springpole reflejan el desafío regulatorio
Uno de los casos más relevantes es Windfall, proyecto controlado por Gold Fields en Quebec. El desarrollo dispone de infraestructura subterránea ya ejecutada y acuerdos con comunidades Cree, pero todavía depende de etapas regulatorias necesarias antes de avanzar hacia construcción y producción comercial.
También destaca Springpole, proyecto aurífero ubicado en Ontario. En junio de 2026, el Gobierno de Canadá determinó que el desarrollo no probablemente generaría efectos ambientales adversos significativos bajo el proceso federal aplicable. La iniciativa contempla una mina a cielo abierto de oro y plata y una planta de procesamiento, con una inversión de capital estimada en C$957,7 millones.
La aprobación federal llegó después de un proceso prolongado y el proyecto todavía debe completar etapas provinciales antes de poder avanzar plenamente hacia su construcción. Springpole ilustra así uno de los principales problemas que enfrenta la minería canadiense: la coexistencia de decisiones federales, provinciales y territoriales que pueden extender considerablemente el período entre el descubrimiento de un depósito y su puesta en producción.
Otros proyectos como Horne 5, Hammond Reef, Upper Beaver, Marban y Wasamac enfrentan distintas combinaciones de permisos, planificación corporativa y priorización de capital.
El costo económico de esperar
El impacto de los retrasos no se limita a las onzas que permanecen bajo tierra. Utilizando un costo promedio sectorial de US$1.800 por onza y un escenario de precio del oro de US$4.300, la cartera de 15 proyectos podría generar aproximadamente US$2.400 millones anuales para gobiernos federales y provinciales una vez que las operaciones estén estabilizadas.
La recaudación acumulada durante la vida de los proyectos podría acercarse a US$33.000 millones, aunque los flujos tributarios serían menores durante los primeros años debido a la depreciación y recuperación de las inversiones iniciales.
Para las provincias mineras, esto convierte a los permisos en una variable económica además de ambiental. Un retraso de varios años posterga inversiones en construcción, contratos de ingeniería, compras de equipos, empleo, impuestos y producción exportable.
El desafío tampoco se limita al oro. Canadá busca acelerar proyectos de cobre, níquel, zinc, grafito y otros minerales considerados estratégicos para las cadenas de suministro occidentales.
Canadá intenta acortar los tiempos de aprobación
El Gobierno canadiense comenzó a modificar su estructura de evaluación de grandes inversiones con la creación de la Major Projects Office, organismo establecido en agosto de 2025 para coordinar proyectos considerados estratégicos y reducir duplicaciones entre organismos públicos.
La cartera gestionada por esa oficina ya incluye proyectos mineros, energéticos, portuarios y de infraestructura. El Ejecutivo también ha planteado avanzar hacia procesos regulatorios más coordinados, con revisiones simultáneas y una mayor integración entre jurisdicciones.
En mayo de 2026, Canadá señaló que los proyectos y estrategias incorporados a la nueva estructura representaban más de C$126.000 millones en inversión potencial y más de 60.000 empleos. Entre los objetivos regulatorios está reducir la duplicación entre evaluaciones y avanzar hacia el principio de “un proyecto, una revisión”.
En septiembre, el gobierno introdujo además cambios al marco de evaluación de impacto para hacer los procesos más rápidos y previsibles, manteniendo las exigencias ambientales y las obligaciones de consulta con pueblos indígenas.
El precio del oro eleva la presión sobre los permisos
El momento de mercado aumenta el costo de oportunidad. Durante septiembre, el oro ha negociado sobre US$4.000 por onza, en un escenario marcado por tensiones comerciales, movimientos de tasas de interés y demanda de activos considerados refugio. El precio spot se ubicó cerca de US$4.240 por onza tras la última decisión de tasas de la Reserva Federal estadounidense.
Con esos niveles, proyectos que hace algunos años enfrentaban márgenes más estrechos presentan hoy una economía potencialmente más favorable. Pero un precio alto no elimina las dificultades regulatorias, el acceso a infraestructura, el financiamiento ni los acuerdos necesarios con comunidades y pueblos indígenas.
Para Canadá, la discusión comienza así a desplazarse desde la disponibilidad geológica hacia la capacidad efectiva de transformar recursos y reservas en producción.
La cartera de 15 proyectos muestra la magnitud del desafío: 36,6 millones de onzas ya identificadas, alrededor de 2,5 millones de onzas potenciales de producción anual y cerca de US$11.000 millones de ingresos brutos por año bajo precios cercanos a los actuales. El resultado dependerá ahora de cuánto logre reducir el país la distancia entre una mina técnicamente desarrollada y una mina efectivamente autorizada para construirse.
