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Cerro Chuño: Consejo Regional de Arica aprueba $3.292 millones para iniciar erradicación de 220 viviendas ligadas a toma controlada por el crimen organizado

Cerro Chuño vuelve a instalarse en el centro del debate nacional luego que el Consejo Regional de Arica y Parinacota aprobara una inversión de $3.292 millones para iniciar la primera fase de erradicación de la histórica toma ubicada en el sector norte de la ciudad. La medida busca intervenir una zona que durante años ha […]

Cerro Chuño: Consejo Regional de Arica aprueba $3.292 millones para iniciar erradicación de 220 viviendas ligadas a toma controlada por el crimen organizado

Cerro Chuño vuelve a instalarse en el centro del debate nacional luego que el Consejo Regional de Arica y Parinacota aprobara una inversión de $3.292 millones para iniciar la primera fase de erradicación de la histórica toma ubicada en el sector norte de la ciudad. La medida busca intervenir una zona que durante años ha sido asociada a graves problemas de seguridad, tráfico de drogas y control territorial por parte de organizaciones criminales como el “Tren de Aragua” y su brazo operativo “Los Gallegos”. La iniciativa, impulsada por el gobernador regional Diego Paco, contempla la demolición de fundaciones y estructuras en cinco manzanas del sector, marcando el primer avance concreto en un conflicto urbano y sanitario que se arrastra desde hace más de tres décadas. La aprobación se produjo en una sesión extraordinaria del Consejo Regional y se transformó en uno de los proyectos de seguridad y recuperación territorial más relevantes impulsados por el gobierno regional durante este año.

Primera etapa contempla intervenir 220 viviendas y desalojar a 700 personas

El plan aprobado considera una primera fase enfocada en cinco manzanas del Cerro Chuño, donde se proyecta intervenir cerca de 220 viviendas irregulares. Según detallaron las autoridades regionales, el proceso incluirá demoliciones, despeje de terrenos y recuperación del espacio urbano, con acompañamiento institucional para resguardar estándares legales y humanitarios durante los desalojos.

Desde la Delegación Presidencial Regional, encabezada por Cristian Sayes, se informó que aproximadamente 700 personas serán desalojadas en esta etapa inicial, de las cuales un 74% correspondería a ciudadanos extranjeros. El proceso será acompañado por organismos como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Defensoría de la Niñez y la Contraloría, buscando evitar irregularidades y garantizar el cumplimiento de protocolos.

La operación también incluirá el inicio de expulsiones administrativas para 141 ciudadanos extranjeros en situación irregular. Las autoridades sostienen que el objetivo no solo apunta a recuperar el territorio, sino también a intervenir una zona considerada de alto riesgo sanitario y de seguridad pública. El sector del Cerro Chuño arrastra históricas controversias vinculadas a contaminación por polimetales, ocupaciones ilegales y presencia de bandas criminales transnacionales.

Gobierno Regional presiona al Ejecutivo para financiar las siguientes etapas

Aunque la inversión aprobada permitirá iniciar las primeras intervenciones, el plan total considera cuatro etapas y un costo cercano a los $10.000 millones. El financiamiento restante deberá provenir del Ejecutivo mediante fondos sectoriales y apoyo ministerial.

Tras la votación favorable —que terminó con nueve votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones— el gobernador Diego Paco emplazó directamente al gobierno central para acelerar la recuperación definitiva del sector. La autoridad sostuvo que la región “ya hizo su parte” y pidió al Estado movilizar recursos y coordinación institucional para concretar la erradicación total.

El proyecto también representa una señal política relevante para Arica y Parinacota, especialmente en medio del aumento de delitos asociados al crimen organizado en el extremo norte del país. Durante los últimos años, diversos operativos policiales han vinculado a Cerro Chuño con redes de tráfico de drogas, secuestros, homicidios y trata de personas, transformando el sector en uno de los principales focos de preocupación para las autoridades regionales.

La intervención aprobada por el Consejo Regional busca precisamente revertir ese escenario mediante recuperación urbana, control territorial y desarticulación de espacios utilizados por organizaciones criminales. Las autoridades regionales aseguran que el inicio de las demoliciones podría comenzar durante las próximas semanas, una vez completados los procedimientos administrativos y judiciales correspondientes.

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