El Segundo Tribunal Ambiental ordenó reabrir parte de la evaluación ambiental del proyecto C20+, centrada en medio humano y medio marino. Anglo American y Glencore dicen que no esperan impacto inmediato en producción, pero los gremios mineros advierten incertidumbre regulatoria.
El megaproyecto C20+ de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi quedó en un nuevo escenario ambiental y judicial. El Segundo Tribunal Ambiental acogió una reclamación contra el procedimiento de evaluación del proyecto “Desarrollo de Infraestructura y Mejoramiento de Capacidad Productiva de Collahuasi”, anuló su RCA favorable y ordenó al Servicio de Evaluación Ambiental retrotraer el proceso para realizar un nuevo análisis sobre observaciones vinculadas al medio humano y al medio marino.
La iniciativa, estimada en más de US$3.200 millones, es una de las inversiones mineras más relevantes en ejecución en Chile y apunta a sostener la continuidad operacional de Collahuasi por las próximas dos décadas. La RCA N°20219900112 había sido otorgada por la Dirección Ejecutiva del SEA el 21 de diciembre de 2021.
Qué resolvió el Tribunal Ambiental
El fallo acogió la reclamación presentada por las asociaciones indígenas Wilamasi de Pescadores Mamq’uta Caleta Chanavaya y Aymara de Caleta Chanavaya, luego de que el Comité de Ministros rechazara sus recursos administrativos contra la RCA favorable del proyecto. El Tribunal concluyó que la resolución reclamada “carece de una debida fundamentación” y que las observaciones ciudadanas fueron tratadas de manera incompleta, sin adecuada ponderación técnica y jurídica.
La sentencia ordenó al SEA elaborar un nuevo ICSARA que considere adecuadamente las observaciones sobre la línea de base del medio humano y los impactos en el medio marino. También instruyó incorporar el uso del maritorio en Punta Patache y el sector Puerto Collahuasi por parte de las asociaciones reclamantes, además de realizar reuniones previas del artículo 86 del Reglamento del SEIA para evaluar si corresponde una consulta indígena.
En materia marina, el Tribunal pidió revisar la verificabilidad de la velocidad de succión de agua de mar, la sedimentación de la descarga hipersalina en el fondo marino y la duración y alcance del plan de vigilancia ambiental de la planta desaladora. El punto crítico es que el cuestionamiento no apunta a toda la operación minera, sino a componentes específicos de la evaluación ambiental del proyecto.
El alcance real del golpe ambiental
El fallo dejó sin efecto la RCA favorable, pero el propio Tribunal precisó que se mantienen vigentes los aspectos de la evaluación que fueron validados y aquellos que no fueron objeto de controversia. Esa distinción es clave para medir el impacto práctico de la sentencia y será parte de la discusión que ahora deberá sostener Collahuasi con el Tribunal y el SEA.
Anglo American, accionista de Collahuasi, informó que la compañía está solicitando una aclaración completa al Tribunal para determinar los efectos específicos del fallo, las materias que el SEA deberá reexaminar y cualquier impacto sobre la operación. La minera británica señaló que, con la información disponible y considerando fuentes alternativas de agua para Collahuasi, no espera un impacto inmediato en producción.
Glencore entregó una lectura similar: indicó que el fallo se limita a dos aspectos específicos, vinculados a una comunidad local y al medio marino, y sostuvo que no espera impacto inmediato en producción. También recordó que la RCA fue obtenida en diciembre de 2021 y luego confirmada por el Comité de Ministros en agosto de 2023.
Qué contempla el proyecto C20+
El proyecto C20+ considera la construcción de una planta desaladora de 1.050 litros por segundo, un sistema de impulsión de agua y adecuaciones al sistema de transmisión eléctrica. El objetivo es transportar agua desde el puerto de la compañía, en el sector Patache, hasta la operación ubicada a 4.600 metros sobre el nivel del mar en la Región de Tarapacá.
Para Collahuasi, la iniciativa es central porque busca dar continuidad operacional a la compañía por dos décadas y reducir el uso de agua continental mediante el uso de agua desalada. Ese componente hídrico explica por qué el fallo tiene una dimensión que va más allá de una sola faena: toca una de las líneas estratégicas de la minería chilena para sostener producción en el norte.
Cochilco proyecta que el agua de mar pasará de representar 40,7% del consumo total de agua de la minería del cobre en 2024 a 67,6% en 2034, impulsada por plantas desalinizadoras y sistemas de impulsión para abastecer faenas mineras.
Molestia de la industria
La reacción empresarial fue directa. Sonami afirmó que la resolución introduce incertidumbre para el desarrollo productivo nacional y recordó que el proyecto había sido ratificado por el Comité de Ministros en 2023. Su presidente, Jorge Riesco, sostuvo que decisiones de este tipo envían una señal preocupante para el clima de inversión en Chile, especialmente en proyectos de gran escala y largo plazo.
El Consejo Minero también cuestionó el efecto del fallo sobre la certeza jurídica. Su presidente, Joaquín Villarino, afirmó que el caso reinstala el debate sobre la permisología y las dificultades del país para desarrollar proyectos estratégicos, al tratarse de una iniciativa aprobada hace cinco años, con más de US$3.200 millones invertidos y prácticamente terminada.
Datos clave
Empresa titular: Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi SCM.
Proyecto: Desarrollo de Infraestructura y Mejoramiento de Capacidad Productiva de Collahuasi, conocido como C20+.
Inversión estimada: más de US$3.200 millones.
Región: Tarapacá.
RCA afectada: N°20219900112, otorgada el 21 de diciembre de 2021.
Decisión judicial: anulación de la RCA favorable y retrotracción parcial del procedimiento ambiental.
Materias a revisar: línea de base del medio humano, uso del maritorio, eventual consulta indígena e impactos sobre el medio marino.
Infraestructura central: planta desaladora de 1.050 litros por segundo, sistema de impulsión y obras eléctricas.
Accionistas: Anglo American 44%, Glencore 44% y Japan Collahuasi Resources B.V. 12%.
Qué observará la industria
El próximo punto relevante será cómo el SEA ejecuta la sentencia y hasta dónde llega la aclaración solicitada por Collahuasi y sus accionistas. El caso se transformó en una prueba concreta para la institucionalidad ambiental chilena: debe corregir deficiencias en participación indígena y evaluación marina sin convertir cada RCA ya otorgada en una fuente permanente de incertidumbre para inversiones de largo plazo.
Para la minería, el efecto de fondo no está solo en Collahuasi. El mensaje lo están leyendo todos los proyectos que dependen de desalación, infraestructura costera, permisos integrados y acuerdos territoriales. En un escenario de presión por más cobre, menor uso de agua continental y alta competencia global por capital minero, la forma en que se resuelva este caso será observada como señal regulatoria para nuevas inversiones en Chile.
