La Sociedad Nacional de Minería presentó su Cuenta Pública 2025-2026 ante sus socios, con énfasis en patentes mineras, áreas protegidas, permisología y competitividad. El gremio sostuvo que Chile redujo su participación minera global desde 37% a 23,2%, en un escenario de altos precios del cobre y mayor presión por nuevos proyectos.
La Sociedad Nacional de Minería, SONAMI, realizó su Cuenta Pública 2025-2026 ante la Asamblea Anual de Socios, instancia en la que el gremio expuso su balance de gestión y marcó las prioridades de la industria para el próximo período: certeza jurídica, tramitación de permisos, defensa de la propiedad minera, fortalecimiento de la pequeña y mediana minería y recuperación de competitividad.
El mensaje central apuntó a que Chile enfrenta una ventana favorable por precios, demanda de minerales críticos y cartera de inversión, pero con restricciones internas que pueden limitar la materialización de proyectos. En ese marco, el gremio advirtió, a partir de un estudio de su Centro de Estudios Mineros, que el país habría reducido su protagonismo mundial en minería desde 37% a 23,2%, una señal que SONAMI vincula con una pérdida sostenida de capacidad productiva relativa frente a otros distritos mineros.
La cuenta pública reunió a representantes de la pequeña, mediana y gran minería, junto con asociaciones regionales. El gremio informó que su trabajo del período estuvo concentrado en temas legislativos y regulatorios, especialmente aquellos relacionados con la Ley 21.420, el sistema de patentes mineras, el amparo minero, la Ley 21.600 que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, y los procesos de tramitación que inciden en la inversión minera.
La agenda gremial: permisos, patentes y propiedad minera
Durante la asamblea, el presidente de SONAMI, Jorge Riesco, señaló que el trabajo del gremio se ha centrado en revisar normativas sobre patentes mineras, áreas protegidas y medidas orientadas a incrementar la producción y el aporte de la minería al país. La definición no es menor: la discusión regulatoria se transformó en uno de los principales factores de competitividad para la minería chilena, especialmente en proyectos de reposición, continuidad operacional y expansión de faenas existentes.
La Ley 21.420 introdujo cambios al sistema de patentes mineras en Chile, dentro de una reforma más amplia orientada a eliminar o reducir exenciones tributarias, según la Biblioteca del Congreso Nacional. Para el sector, el punto sensible está en cómo esos cambios impactan a concesionarios, exploradores, pequeños productores y proyectos que requieren largos períodos de maduración técnica antes de llegar a una decisión de inversión.
A ello se suma la implementación de la Ley 21.600, que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Aunque su objetivo es fortalecer la conservación de la biodiversidad, su aplicación práctica será observada de cerca por la industria minera, particularmente por el efecto que puede tener sobre exploración, servidumbres, permisos sectoriales, planes de manejo y compatibilidad territorial en zonas con potencial geológico.
En la cuenta pública, SONAMI también puso énfasis en la defensa de la propiedad minera y en el seguimiento de iniciativas legales que inciden sobre el amparo minero. Para la mediana y pequeña minería, estos puntos son especialmente relevantes porque muchas operaciones dependen de estabilidad regulatoria para sostener financiamiento, continuidad operacional y acceso a nuevos desarrollos.
Competitividad en una cartera de US$104.549 millones
El énfasis de SONAMI ocurre en un momento en que Chile mantiene una cartera de inversión minera significativa. De acuerdo con el informe de Cochilco sobre la cartera de proyectos 2025-2034, la inversión minera proyectada para el decenio asciende a US$104.549 millones, con un aumento de US$21.369 millones respecto de la cartera anterior.
El dato refuerza el punto de fondo: Chile no carece de proyectos, sino que enfrenta el desafío de convertir esa cartera en producción efectiva. Cochilco señala que el cobre concentra el 89,8% de la inversión total, mientras que el litio incrementa su participación bajo el modelo público-privado establecido en la Estrategia Nacional del Litio. Además, el 81% de la cartera corresponde a proyectos brownfield, es decir, iniciativas orientadas a reposición, continuidad o ampliación de capacidad en operaciones existentes.
Ese perfil tiene una lectura clara para la industria. La mayor parte de la inversión no busca abrir nuevos distritos desde cero, sino sostener o expandir faenas que ya operan, muchas de ellas afectadas por menores leyes, mayores exigencias ambientales, envejecimiento de activos y presión por costos. La competitividad, por tanto, no depende solo del precio del cobre, sino de la capacidad del país para aprobar, financiar y ejecutar proyectos a tiempo.
Cochilco también advierte que una parte relevante de la cartera está en etapas tempranas. Un 41% corresponde a proyectos base, mientras que los potenciales alcanzan 40%, lo que implica que una fracción importante de la inversión futura requiere avances en ingeniería, permisos e infraestructura, especialmente hacia el período 2030-2034.
Pequeña y mediana minería: el flanco regional
La cuenta pública de SONAMI tuvo un componente territorial relevante. Representantes de asociaciones mineras regionales plantearon desafíos vinculados a sustentabilidad, desarrollo productivo y fortalecimiento de la minería local. La presencia de asociaciones de zonas como Ovalle, La Araucanía, Arica y Parinacota y San Felipe muestra que la agenda gremial no se limita a la gran minería cuprífera del norte, sino que incorpora realidades distintas: minería metálica menor, productores artesanales, faenas regionales, proveedores locales y problemas de acceso a permisos o financiamiento.
El vicepresidente de la Pequeña Minería de SONAMI, Joel Carrizo, planteó que el desafío actual es aprovechar los precios de minerales y metales en producción, inversión y empleabilidad. La frase sintetiza una tensión estructural: los ciclos de precios altos no siempre llegan a la pequeña minería si no existen condiciones operativas, regulatorias y comerciales para aumentar producción.
En ese segmento, los cambios a patentes mineras, la relación con ENAMI, los costos de operación, la disponibilidad de plantas de beneficio y los estándares ambientales tienen un peso proporcionalmente mayor que en la gran minería. Por eso, la discusión sobre permisos y certeza jurídica no solo afecta a megaproyectos, sino también a productores que operan con menor espalda financiera y dependen de reglas estables para mantener faenas activas.
Producción: el riesgo detrás de la pérdida de participación
La advertencia de SONAMI sobre la caída de Chile desde 37% a 23,2% en protagonismo mundial minero apunta al núcleo del debate: la pérdida de participación relativa en el mercado global. Aunque el país sigue siendo el principal productor de cobre del mundo, la competencia por inversión se ha intensificado y otros distritos avanzan en cobre, litio, oro, hierro y minerales críticos.
Cochilco ha proyectado que la producción chilena de cobre podría alcanzar un máximo de 6,06 millones de toneladas en 2033, asociada a proyectos de reposición de capacidad, nuevos desarrollos y operaciones greenfield, según su informe de proyección de producción de cobre 2025-2034. Sin embargo, esa trayectoria depende de que los proyectos se materialicen dentro de plazo.
La lectura sectorial es directa: si Chile no acelera reposiciones, expansiones y nuevos desarrollos, puede mantener una cartera robusta en el papel, pero perder participación frente a países que avancen más rápido en permisos, infraestructura y disponibilidad energética o hídrica. Para una economía donde la minería sostiene exportaciones, empleo regional, recaudación fiscal y demanda por proveedores, esa diferencia tiene efectos más allá de las faenas.
Qué observará la industria
El próximo período estará marcado por tres frentes. Primero, la evolución legislativa y reglamentaria de las normas que inciden en concesiones, patentes, áreas protegidas y permisos sectoriales. Segundo, la capacidad de los proyectos incluidos en la cartera de Cochilco para avanzar desde etapas tempranas hacia decisiones de inversión y construcción. Tercero, el impacto real de los altos precios del cobre sobre producción, empleo y actividad regional.
SONAMI cerró su cuenta pública con una agenda centrada en competitividad y presencia regional. El punto crítico será si esa agenda logra traducirse en cambios concretos para destrabar inversión sin debilitar estándares ambientales ni reducir certeza para las comunidades y los territorios mineros. En un ciclo favorable para los minerales críticos, la industria observará si Chile convierte su potencial geológico y su cartera de US$104.549 millones en nueva producción, o si sigue perdiendo espacio relativo frente a otros distritos.
