
La Agrupación Nacional de la Pequeña y Mediana Minería y de Dueños de Concesiones Mineras (Agrumin) pidió al Gobierno y al Congreso detener los remates de pertenencias mineras mientras se buscaba una solución para productores afectados por el régimen de patentes. La solicitud fue planteada el 1 de octubre de 2026, durante una reunión de la directiva con el subsecretario de Minería, Álvaro González.
Agrumin sostuvo que cerca de la mitad de las solicitudes de rebaja de patentes presentadas ante el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) habría sido rechazada. Según el gremio, algunos titulares que no accedieron al beneficio no pudieron afrontar el aumento de los pagos y sus pertenencias quedaron en proceso de remate.
“Este proceso de remate comienza este mes y solo en la Región del Maule hay 312 pertenencias mineras en situación de remate. Solicitamos al Gobierno y al Parlamento detener este proceso hasta que se encuentre una solución”, afirmó el vicepresidente de Agrumin, Fernando Gattas. El dirigente sostuvo que la situación podría favorecer una mayor concentración de la propiedad minera y afectar a productores que, a juicio de la organización, deberían recibir apoyo de fomento.
La reforma de patentes fue despachada por la Cámara
Cuando Agrumin formuló su solicitud, el Senado tramitaba el proyecto que modifica el Código de Minería y las leyes 21.420 y 21.649 en materia de amparo minero y otras materias, correspondiente al Boletín 18.259-08. La iniciativa estaba en segundo trámite constitucional y en septiembre había quedado en condiciones de continuar su discusión en la Sala, tras recibir el informe de la Comisión de Minería y Energía.
El proyecto modifica el esquema de patentes aplicable a las concesiones mineras y las condiciones para acceder a valores rebajados. Agrumin cuestionó las dificultades que, según sostiene, enfrentan los productores para acreditar ante Sernageomin su condición y obtener o mantener una patente rebajada.
Posteriormente, el 28 de octubre, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó las modificaciones del Senado y despachó la reforma sin enviarla a una comisión mixta. Agrumin había pedido rechazar esos cambios y llevar las discrepancias a esa instancia.
Agrumin objetó nuevas exigencias asociadas a la Ley SBAP
En la reunión del 1 de octubre, la agrupación también manifestó preocupación por la aplicación de la ley que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP). Sus reparos apuntaron a los posibles efectos de los sitios prioritarios y otros instrumentos de conservación sobre operaciones mineras, en particular proyectos con permisos o Resoluciones de Calificación Ambiental vigentes.
El presidente de Agrumin, Patricio Gatica, cuestionó que proyectos con autorizaciones e inversiones realizadas pudieran enfrentar restricciones posteriores que, según sostuvo, alteraran las condiciones consideradas al decidir esas inversiones. El gremio también advirtió que productores ubicados en sitios prioritarios podrían quedar sujetos a mayores exigencias de evaluación ambiental.
El director jurídico de la organización, Juan Carlos Urquidi Fell, señaló que los pequeños productores tienen capacidades financieras y administrativas limitadas para asumir nuevos costos y procesos de tramitación prolongados. Añadió que algunos podrían evaluar acciones judiciales si consideran vulnerados sus derechos y mencionó situaciones que, de acuerdo con Agrumin, afectan a productores de Chancón y de la provincia de Petorca.
Paipote y el límite de producción también entraron en la agenda
La directiva planteó que la nueva Fundición Paipote es necesaria para la pequeña y mediana minería, para la capacidad nacional de fundición y refino y para la economía de Atacama. Gatica sostuvo que el proyecto cuenta con formulación técnica y evaluación financiera, pero requiere estudios adicionales y compromisos de abastecimiento de las empresas que proveerían concentrados.
Agrumin estimó que la construcción podría generar más de 5.000 empleos en la región, sin contar los puestos indirectos. La organización también pidió revisar el umbral de 5.000 toneladas mensuales asociado a la pequeña minería, que Gatica afirmó que se mantiene desde hace más de tres décadas. Propuso elevarlo a 20.000 toneladas mensuales y señaló que el sector podría abordar incluso 40.000 toneladas.
Al término del encuentro, Agrumin valoró la disposición al diálogo del subsecretario, aunque manifestó insatisfacción con las respuestas y anunció que adoptaría una posición más activa para impulsar sus demandas.
REDIMIN Responde
¿Qué decisión tomó la Cámara de Diputados respecto a la reforma de patentes mineras?
La Cámara de Diputados aprobó la reforma de patentes mineras sin enviarla a una comisión mixta, lo que generó críticas de AGRUMIN por no considerar sus demandas sobre seguridad jurídica y condiciones operativas para la pequeña minería.
¿Cuál es la principal crítica de AGRUMIN hacia la reforma de patentes mineras?
AGRUMIN critica que la reforma no corrigió disposiciones que afectan la propiedad de las concesiones y la certeza jurídica de los pequeños y medianos productores, además de no establecer recursos legales claros para impugnar decisiones sobre rebajas de patentes.
¿Qué cifras presentó AGRUMIN sobre las patentes mineras impagas?
AGRUMIN indicó que las patentes mineras impagas alcanzaron $102.609 millones en 2025, con una morosidad de 32,4%, y $85.607 millones hasta agosto de 2026, con una morosidad de 27,3%.
¿Qué proyección fiscal mencionó AGRUMIN respecto a la reforma?
AGRUMIN señaló que proyecciones oficiales estiman una caída neta cercana a $119.642 millones en la recaudación de patentes hasta 2035, lo que, según el gremio, contradice el objetivo recaudatorio del proyecto.
¿Qué acusaciones hizo AGRUMIN contra el Ministerio de Minería y SONAMI?
AGRUMIN acusó al Ministerio de Minería y a la Subsecretaría de no mostrar voluntad para atender las peticiones del sector, y criticó a SONAMI por no realizar gestiones serias ante parlamentarios y el Gobierno para proteger a la pequeña minería.














