La Federación Bahía Narau busca revertir la decisión que impidió avanzar con su planta multipropósito de productos del mar. El gremio sostiene que la interpretación territorial aplicada podría tener efectos sobre otras actividades de la bahía, aunque las empresas mencionadas por sus dirigentes no forman parte del recurso.
Más de 60 pescadores artesanales de Quintero y Puchuncaví llegaron hasta la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso para presentar un recurso de reposición y solicitar que la autoridad revise la decisión que impidió avanzar con una planta de procesamiento de jibia y otros productos del mar proyectada en la comuna de Puchuncaví.
A diferencia de lo señalado anteriormente por REDIMIN, los pescadores artesanales no se oponen a la iniciativa. La planta es precisamente un proyecto impulsado por la Federación de Pescadores Artesanales Bahía Narau, organización que reúne a sindicatos de Quintero y Puchuncaví y que busca incorporar procesamiento y valor agregado a las capturas realizadas por sus asociados.
La controversia se concentra en la compatibilidad territorial del proyecto y en la interpretación de las disposiciones urbanísticas aplicables al terreno donde se pretende construir la instalación.
El origen del conflicto territorial
La iniciativa se desarrolla a partir de un acuerdo alcanzado en 2023 entre la Federación Bahía Narau y Aguas Pacífico, en el marco del proyecto de la planta desalinizadora que esa empresa desarrolla en la zona.
El proyecto avanzó posteriormente en estudios de diseño e ingeniería y obtuvo autorizaciones sectoriales vinculadas a materias ambientales, sanitarias y viales. El proceso debía continuar con la obtención del permiso de edificación ante la Dirección de Obras Municipales de Puchuncaví.
La planta proyectada considera una superficie construida cercana a 1.168 metros cuadrados, dentro de un terreno de aproximadamente 25.000 metros cuadrados, y una capacidad de procesamiento de hasta 30 toneladas diarias de productos del mar.
Su operación contempla recepción, procesamiento y congelamiento de recursos marinos. El diseño no considera cocción de productos y utiliza electricidad como fuente energética para sus procesos.
Durante septiembre, sin embargo, la tramitación enfrentó una respuesta negativa asociada a la normativa urbanística aplicable al emplazamiento.
La Seremi de Vivienda ha planteado que una actividad calificada como molesta debe emplazarse en un territorio compatible con esa clasificación y que el problema no corresponde a la existencia de una planta de jibia como actividad productiva, sino a las condiciones establecidas por los instrumentos de planificación territorial.
La Federación discrepa de esa interpretación y sostiene que los antecedentes técnicos y las autorizaciones previamente obtenidas permiten continuar con el proyecto. Esa diferencia es la que ahora deberá ser abordada mediante el recurso de reposición.
Oxiquim y otras compañías fueron mencionadas por la Federación
La controversia adquirió una dimensión más amplia luego de que el presidente de Bahía Narau, Hugo Poblete, planteara que el criterio utilizado para analizar su proyecto debería aplicarse de manera consistente a otras instalaciones y futuros desarrollos industriales de la bahía.
En ese contexto, el dirigente mencionó actividades vinculadas a Puerto Ventanas, Copec, Oxiquim y GNL Quintero, además de relacionar la discusión con el desarrollo futuro contemplado para el territorio.
Esa mención corresponde a un planteamiento realizado por la Federación de Pescadores y no constituye una posición expresada por Oxiquim, Copec, Puerto Ventanas o GNL Quintero respecto del proyecto de Bahía Narau.
Tampoco implica que las operaciones existentes de esas compañías hayan sido objetadas por la autoridad como consecuencia de la resolución sobre la planta de productos del mar.
El recurso presentado actualmente se refiere al proyecto impulsado por los pescadores y a la interpretación de las normas territoriales aplicables a su emplazamiento.
Bahía 2040 entra en la discusión
Los dirigentes también vincularon su cuestionamiento con Bahía 2040, iniciativa impulsada por el Ministerio de Energía para construir una visión territorial de largo plazo para Quintero, Puchuncaví y Concón.
La propuesta apunta a compatibilizar las vocaciones energética, industrial, portuaria, urbana y turística de un territorio que concentra infraestructura estratégica y que durante décadas ha enfrentado conflictos ambientales y dificultades de planificación.
La Federación sostiene que la controversia generada por su planta demuestra la necesidad de contar con reglas territoriales claras para las nuevas inversiones.
Sin embargo, la decisión sobre la planta de jibia no significa por sí misma que Bahía 2040, ni proyectos particulares de las compañías presentes en la zona, hayan quedado impedidos o rechazados.
La discusión abierta por los pescadores apunta principalmente a determinar cómo debe aplicarse la normativa territorial cuando se analizan distintas actividades industriales dentro de Quintero y Puchuncaví.
Un proyecto productivo para la pesca artesanal
La planta fue concebida para que los propios pescadores puedan avanzar desde la extracción hacia etapas posteriores de la cadena de valor.
La Federación ha cifrado en alrededor de 320 los pescadores directamente vinculados al proyecto como propietarios o beneficiarios de la iniciativa, mientras que el diseño presentado anteriormente contemplaba alrededor de 20 trabajadores durante la operación de las instalaciones, sin considerar el empleo y la actividad asociados a la pesca y abastecimiento.
El objetivo es reducir la dependencia de terceros procesadores y entregar a los pescadores capacidad propia para manejar, congelar y comercializar sus productos.
La iniciativa también representa uno de los compromisos establecidos entre la Federación y Aguas Pacífico después del conflicto que acompañó el desarrollo de la desalinizadora en la zona.
La decisión ahora vuelve a Vivienda
Con el recurso de reposición ingresado, el foco inmediato está puesto en la respuesta que entregue la autoridad regional de Vivienda respecto de los argumentos presentados por la Federación.
El caso también vuelve a poner sobre la mesa un problema recurrente en Quintero y Puchuncaví: la necesidad de compatibilizar instrumentos de planificación territorial, actividades industriales existentes, nuevas inversiones y proyectos productivos desarrollados por las propias comunidades locales.
Para Bahía Narau, la prioridad es obtener una reconsideración que permita continuar con la tramitación del permiso necesario para construir la planta.
El debate sobre otras instalaciones industriales es, por ahora, una consecuencia planteada por los dirigentes pesqueros dentro de esa discusión y no una controversia regulatoria iniciada contra empresas como Oxiquim, Copec, Puerto Ventanas o GNL Quintero.