Estados Unidos incluyó a Chile en una investigación comercial bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 y propuso aplicar un arancel adicional de 12,5% a productos provenientes de economías que, a juicio de Washington, no prohíben ni fiscalizan eficazmente la importación de bienes elaborados con trabajo forzoso.
La decisión fue comunicada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, conocida como USTR, que afirmó haber concluido investigaciones contra 60 economías. Chile aparece dentro del grupo de países que, según la autoridad estadounidense, “no han logrado imponer ni hacer cumplir de forma efectiva” una prohibición a este tipo de importaciones.
La propuesta no implica una aplicación inmediata. El proceso contempla una etapa de comentarios públicos, solicitudes para participar en audiencias y una revisión posterior antes de que Washington adopte una decisión final.
Qué propone Estados Unidos
La USTR planteó dos niveles de aranceles adicionales. Para economías que tienen algún régimen, compromiso o prohibición parcial sobre bienes vinculados a trabajo forzoso, la tasa propuesta es de 10%. Para el resto, el organismo propuso una tasa de 12,5%.
Chile fue incluido en el grupo de 54 economías que, de acuerdo con la investigación estadounidense, no cuentan con una prohibición suficientemente efectiva para impedir el ingreso de bienes producidos con trabajo forzoso.
El argumento de Washington es que esa falta de control generaría una competencia desleal para trabajadores y empresas estadounidenses, al permitir que productos fabricados con menores costos laborales entren a los mercados internacionales.
Por qué importa para Chile
El impacto potencial está en el costo de ingreso de productos chilenos al mercado estadounidense. Chile tiene un Tratado de Libre Comercio vigente con Estados Unidos desde 2004, lo que permite que mercancías que cumplen las reglas de origen accedan con arancel base de 0%.
Sin embargo, la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales ya había advertido que las sobretasas impuestas por Estados Unidos se suman al arancel aplicable. En el caso chileno, para productos acogidos al TLC, el esquema informado por Subrei quedó como 0% por TLC más una sobretasa de 10% bajo las medidas arancelarias generales anunciadas en 2025.
La nueva propuesta de la USTR agrega presión porque apunta a un arancel adicional asociado a una investigación específica sobre trabajo forzoso. El alcance final dependerá del texto que se apruebe, las excepciones aplicables y la forma en que se coordine con medidas ya vigentes.
Fechas clave del proceso
La propuesta seguirá ahora una etapa administrativa en Estados Unidos. Según la USTR, los interesados deben considerar estos plazos:
22 de junio de 2026: vence el plazo para solicitar participación en las audiencias.
6 de julio de 2026: vence el plazo para presentar comentarios escritos.
7 de julio de 2026: se realizarán las audiencias públicas sobre las acciones propuestas.
Hasta que termine ese proceso, la medida debe entenderse como una propuesta arancelaria y no como un cobro ya aplicado a exportaciones chilenas.
Qué sectores deben mirar la medida
La USTR indicó que la propuesta apunta a productos de las economías investigadas, salvo las excepciones que se establezcan en el anexo correspondiente del aviso oficial. Para Chile, el foco estará en exportadores con ventas a Estados Unidos, importadores, agentes logísticos y empresas que dependan de cadenas de suministro expuestas a nuevas exigencias laborales o documentales.
El tema también puede afectar a empresas que no estén vinculadas directamente con trabajo forzoso, porque el arancel se plantea a nivel de economía investigada y no solo sobre compañías específicas. Por eso, el punto crítico será si Chile logra demostrar ante Washington que cuenta con normas, controles o mecanismos suficientes para evitar el ingreso de bienes producidos bajo esas condiciones.
Respuesta chilena y margen de negociación
El canciller Francisco Pérez Mackenna sostuvo, según informó Emol, que Chile entiende la medida como una recomendación no vinculante y que el país seguirá negociando, recordando la existencia del Tratado de Libre Comercio y la relación bilateral con Estados Unidos.
Ese matiz es relevante: la propuesta todavía no cierra el caso, pero instala una presión concreta sobre la política comercial chilena. Si Washington mantiene la tesis, Chile podría enfrentar mayores costos de acceso en un mercado relevante para sus exportaciones.
Qué deben revisar las empresas exportadoras
Las compañías chilenas con ventas a Estados Unidos deberían revisar tres puntos: si sus productos están dentro de eventuales excepciones, si cumplen plenamente con reglas de origen del TLC y si sus cadenas de suministro pueden acreditar trazabilidad laboral y ausencia de insumos asociados a trabajo forzoso.
El riesgo no está solo en el arancel. También puede crecer la exigencia documental para demostrar origen, composición del producto y estándares de proveedores. En un escenario de mayor proteccionismo, la trazabilidad deja de ser un trámite y pasa a ser una condición comercial para defender acceso a mercado.
La definición final quedará en manos de Estados Unidos después del proceso de consulta. Para Chile, el caso abre un frente sensible: no se trata de una acusación contra un producto específico, sino de una revisión más amplia sobre la capacidad regulatoria del país frente a bienes asociados a trabajo forzoso.
