El especialista Iván Arenas planteó que Guillermo Shinno debe transparentar la estrategia del nuevo Gobierno frente a la minería informal, precisar el destino del Reinfo y acelerar la construcción de un sistema permanente para la pequeña minería y minería artesanal.
La formalización minera se instaló como uno de los primeros desafíos para Guillermo Shinno tras asumir el Ministerio de Energía y Minas de Perú. A pocos días del cambio de Gobierno, el especialista en asuntos mineros Iván Arenas pidió que la nueva autoridad presente medidas concretas para ordenar una actividad que durante años ha operado bajo sucesivas prórrogas, normas transitorias y resultados limitados.
El planteamiento apunta a dos definiciones centrales: determinar si el Registro Integral de Formalización Minera, conocido como Reinfo, continuará formando parte del proceso y establecer cómo se avanzará hacia un régimen que permita distinguir a los pequeños productores con voluntad de regularizarse de quienes utilizan la inscripción para mantener operaciones fuera de los estándares legales.
La discusión tiene alcance nacional. La minería artesanal y de pequeña escala sostiene economías locales, genera empleo y moviliza cadenas de suministro en distintas regiones peruanas, pero también convive con problemas de trazabilidad, seguridad laboral, ocupación irregular de concesiones, impactos ambientales y presencia de organizaciones criminales vinculadas a la extracción y comercialización ilegal de minerales.
Shinno asume con el proceso aún abierto
Guillermo Shinno Huamaní asumió como ministro de Energía y Minas el 28 de julio de 2026, en el inicio del Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori. El ingeniero mecánico ya conoce la estructura del sector público minero peruano, donde anteriormente ejerció responsabilidades como viceministro de Minas.
Su llegada ocurre mientras el proceso de formalización continúa vigente hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta que entren en aplicación la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal —Ley MAPE— y su reglamento, dependiendo de cuál de esos hitos se produzca primero.
Ese calendario deja al nuevo ministro con un margen acotado para ordenar la transición. La industria espera conocer si el Ejecutivo priorizará la aprobación de la Ley MAPE, propondrá modificaciones al esquema vigente o impulsará una nueva arquitectura institucional para reemplazar gradualmente al Reinfo.
Para Arenas, la autoridad debe explicar cómo enfrentará el problema y qué instrumentos utilizará para conseguir resultados verificables. La eventual eliminación del registro, por sí sola, no resolvería la informalidad si no existe un mecanismo operativo capaz de evaluar expedientes, fiscalizar faenas y acompañar técnicamente a los productores que cumplen las condiciones para ingresar a la legalidad.
Un registro marcado por sucesivas ampliaciones
El Reinfo fue creado como una herramienta transitoria para identificar a personas naturales y jurídicas interesadas en formalizar actividades de pequeña minería y minería artesanal. Su existencia debía facilitar la regularización ambiental, técnica, tributaria y laboral de los operadores inscritos.
Sin embargo, el proceso se extendió durante años mediante sucesivas ampliaciones. A fines de 2024, durante el debate legislativo de la Ley MAPE, las cifras oficiales mostraban cerca de 87.000 inscripciones y un nivel de formalización ligeramente superior al 2,4%.
La brecha entre inscritos y formalizados se transformó en uno de los principales cuestionamientos al sistema. El registro permitió mantener identificados a miles de operadores, pero no generó una transición masiva hacia el cumplimiento de los requisitos legales.
La situación también produjo efectos sobre las concesiones mineras. Parte de los operadores desarrolla actividades en áreas cuyos derechos pertenecen a terceros, lo que obliga a resolver contratos de explotación, autorizaciones de uso superficial y acuerdos con los titulares antes de completar la formalización.
En zonas auríferas, donde la producción puede comercializarse a través de cadenas difíciles de fiscalizar, la falta de trazabilidad aumenta el riesgo de que mineral extraído ilegalmente ingrese a circuitos formales. El desafío no se limita, por tanto, a revisar expedientes administrativos: también exige controles sobre plantas de procesamiento, transporte, comercialización, explosivos e insumos críticos.
Separar informalidad de actividad criminal
Uno de los puntos más sensibles para la nueva administración será establecer una diferenciación efectiva entre minería informal y minería ilegal.
La primera categoría incluye a productores que todavía no completan los permisos, pero que podrían incorporarse al marco regulatorio mediante asistencia técnica, contratos válidos y procedimientos proporcionales a su escala. La segunda comprende operaciones desarrolladas en zonas prohibidas, con maquinaria no autorizada o vinculadas a delitos ambientales, lavado de activos, trata de personas, extorsión y control territorial.
Mantener ambos grupos bajo tratamientos poco diferenciados debilita la fiscalización y genera incertidumbre para quienes sí buscan regularizarse. También afecta a las empresas formales, que deben competir con productores que pueden operar sin asumir costos equivalentes en seguridad, impuestos, gestión ambiental o relaciones laborales.
La presión es especialmente alta en territorios donde el avance de la minería ilegal ha derivado en violencia. La crisis de seguridad registrada en la provincia de Pataz, una de las principales zonas auríferas del país, mostró que el problema dejó de ser exclusivamente administrativo y pasó a involucrar directamente la capacidad del Estado para controlar áreas productivas y proteger a los trabajadores.
Ley MAPE y capacidad institucional
La futura Ley MAPE aparece como el principal instrumento para reemplazar la lógica de las prórrogas por un régimen permanente. Su diseño deberá definir categorías productivas, requisitos ambientales, mecanismos de fiscalización, condiciones para operar en concesiones de terceros y responsabilidades de los gobiernos regionales.
El marco legal, sin embargo, requerirá capacidades institucionales suficientes. Gran parte de la evaluación y supervisión de la pequeña minería está descentralizada, con diferencias relevantes entre regiones en disponibilidad de profesionales, recursos técnicos y sistemas de información.
Una política efectiva tendría que integrar al Ministerio de Energía y Minas, gobiernos regionales, autoridades ambientales, organismos tributarios, fiscalías, policía, entidades responsables de los recursos hídricos y supervisores de insumos fiscalizados. Sin interoperabilidad entre esas instituciones, la información sobre producción, permisos y comercialización seguirá fragmentada.
También será necesario simplificar procedimientos sin debilitar los controles. Para un pequeño productor, tramitar instrumentos ambientales, acreditar derechos sobre el terreno y cumplir exigencias técnicas puede representar costos difíciles de asumir. Pero reducir requisitos sin mecanismos de seguimiento podría ampliar espacios para operadores que no tienen intención de formalizarse.
Impacto para la producción y las economías regionales
La forma en que el Gobierno resuelva este proceso tendrá consecuencias sobre el empleo y la actividad económica en regiones con fuerte presencia de minería artesanal. Miles de familias dependen directa o indirectamente de la extracción, transporte, procesamiento y comercialización de minerales.
Una formalización efectiva podría ampliar la recaudación fiscal, mejorar la seguridad laboral y facilitar que los productores accedan a financiamiento, tecnología y contratos transparentes. También permitiría construir estadísticas más precisas sobre volúmenes extraídos y reducir el ingreso de producción ilegal a la cadena exportadora.
El riesgo está en que una decisión abrupta, sin transición ni capacidad operativa, empuje a productores informales hacia circuitos clandestinos. En el extremo contrario, una nueva ampliación sin metas, fiscalización ni plazos intermedios prolongaría un sistema que ha demostrado baja capacidad para completar expedientes.
La industria observará las primeras decisiones de Shinno para determinar si el Gobierno optará por una reforma estructural o por administrar el régimen vigente hasta fines de 2026. Las señales más relevantes serán el avance de la Ley MAPE, la depuración del registro, la definición de criterios para excluir operadores y la presentación de metas públicas de formalización.
Más que anunciar otra fecha límite, el desafío será construir una ruta ejecutable. Perú necesita un sistema que incorpore a los pequeños productores que puedan cumplir la normativa, proteja los derechos de los titulares mineros y concentre la acción del Estado contra las operaciones asociadas a daños ambientales y organizaciones criminales.
