El Gobierno peruano prepara una estrategia que apunta a reforzar la trazabilidad del oro y aumentar la fiscalización sobre las plantas procesadoras, consideradas un punto crítico para cortar la comercialización de mineral de origen ilícito.
Perú busca cambiar el foco de su combate contra la minería ilegal. Además de las intervenciones sobre zonas de extracción, maquinaria y rutas de transporte, la nueva estrategia apunta directamente a las plantas procesadoras de oro y a los mecanismos que permiten seguir el mineral desde su origen hasta su comercialización, con participación del Ministerio de Energía y Minas (Minem), la Sunat y las fuerzas policiales.
La ofensiva responde a uno de los problemas más complejos de la cadena aurífera peruana: la posibilidad de que mineral extraído fuera del marco legal termine ingresando a circuitos formales después de pasar por instalaciones de procesamiento o comercializadores que cuentan con documentación habilitante.
El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, planteó reforzar precisamente ese punto de control. La autoridad sostuvo que las plantas procesadoras están identificadas y empadronadas, lo que permitiría cruzar información sobre producción, abastecimiento, transporte y comercialización para detectar inconsistencias y cerrar espacios utilizados por operadores ilegales.
Las plantas pasan al centro de la fiscalización
El giro es relevante porque desplaza parte de la estrategia desde el lugar donde se extrae el mineral hacia los establecimientos donde este adquiere valor comercial.
Una planta de beneficio recibe mineral procedente de distintas operaciones, lo procesa y obtiene concentrados u otros productos con mayor contenido metálico. En el caso del oro, determinar con precisión el origen de cada carga se vuelve fundamental cuando existe una convivencia territorial entre productores formales, mineros en proceso de formalización y operaciones que funcionan completamente fuera de la legislación.
La intención del Ejecutivo es utilizar la información disponible para elevar la trazabilidad de esas operaciones. Shinno resumió el objetivo con una frase directa: “Controlando bien las plantas podemos reducir la ilegalidad”.
El diseño definitivo todavía requiere coordinación entre el Minem y el Ministerio de Economía y Finanzas, cartera de la cual depende la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. La Policía también aparece como un actor necesario para transformar los cruces de información en acciones de fiscalización.
Para la industria, el desafío estará en diferenciar con rapidez los flujos legítimos de mineral de aquellos que presentan inconsistencias en su procedencia, volúmenes declarados o documentación de respaldo.
Trazabilidad del oro: el punto donde se juega la estrategia
La trazabilidad se convierte así en uno de los pilares de la política minera peruana.
Un sistema más robusto permite contrastar cuánto mineral declara producir una operación, cuánto transporta, qué planta lo recibe, cuánto metal recupera esa instalación y posteriormente cómo se comercializa el producto resultante.
Esa cadena de datos es especialmente relevante en el segmento de la pequeña minería y minería artesanal, donde Perú mantiene desde hace años un proceso de formalización con resultados dispares.
El Registro Integral de Formalización Minera, conocido como Reinfo, exige a los operadores incorporados al proceso cumplir obligaciones vinculadas a sus actividades y declarar producción. La vigencia del proceso de formalización minera integral fue extendida hasta el 31 de diciembre de 2026, manteniendo abierto durante este año uno de los debates regulatorios más sensibles del sector.
El Ejecutivo también prepara una nueva propuesta de Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE), destinada a construir un marco diferenciado para este segmento y establecer una ruta para quienes todavía mantienen procedimientos pendientes.
La combinación entre nueva legislación, trazabilidad y control de plantas revela una aproximación distinta: no limitar la respuesta estatal a destruir maquinaria o intervenir campamentos ilegales, sino atacar también los canales económicos necesarios para transformar mineral sin respaldo en oro comercializable.
Del yacimiento al comprador final
Para que el oro ilegal consiga valor económico necesita recorrer una cadena.
Después de la extracción vienen el transporte, procesamiento, venta, refinación y eventualmente exportación. Cada etapa representa un punto donde las autoridades pueden exigir respaldo documental y comparar información.
La fiscalización sobre plantas busca precisamente intervenir uno de esos nodos.
Una operación ilegal puede funcionar temporalmente en lugares remotos, trasladarse o reemplazar equipos incautados. Una planta de procesamiento, en cambio, corresponde a una instalación física que requiere infraestructura, capacidad operativa y flujos relativamente constantes de mineral. Esto entrega a los organismos fiscalizadores una oportunidad distinta para identificar proveedores, volúmenes y movimientos comerciales.
El precedente regulatorio peruano ya muestra una orientación hacia ese tipo de control. Las medidas adoptadas anteriormente para enfrentar la minería ilegal en Pataz incorporaron mecanismos para excluir del proceso de formalización a operadores cuando existen inconsistencias entre la información declarada y los bienes transportados, o cuando el origen del mineral no coincide con los antecedentes reportados.
Extender esa lógica hacia la cadena de procesamiento puede aumentar significativamente la capacidad de fiscalización si las distintas bases de datos consiguen operar de manera coordinada.
Un problema económico, además de policial
La minería ilegal dejó hace tiempo de ser solamente una discusión ambiental o de seguridad.
El alto valor del oro genera incentivos para mantener cadenas informales capaces de movilizar mineral, combustibles, maquinaria, insumos y capital en zonas donde la presencia del Estado suele ser limitada.
Eso crea competencia desigual para las operaciones que cumplen exigencias laborales, tributarias, ambientales y de seguridad. También dificulta conocer la verdadera producción aurífera del país y debilita la capacidad estatal para controlar la procedencia de las exportaciones.
Por ello, la estrategia de fiscalizar plantas tiene una dimensión económica particularmente relevante: si aumenta la exigencia para demostrar de dónde proviene el mineral, disminuyen los canales disponibles para convertir producción ilegal en producto aparentemente regular.
La efectividad, sin embargo, dependerá de la capacidad de conectar información minera con antecedentes tributarios, registros de transporte, producción declarada y movimientos comerciales.
Formalización y control deberán avanzar en paralelo
El endurecimiento del control también plantea una dificultad para el Gobierno peruano.
La pequeña minería y minería artesanal constituye una actividad económica relevante en distintas regiones del país, por lo que una fiscalización más estricta deberá evitar que productores que efectivamente avanzan hacia la formalización queden atrapados en los mismos mecanismos diseñados contra organizaciones ilegales.
La nueva Ley MAPE será clave en esa separación.
El Minem busca recoger elementos discutidos anteriormente y establecer condiciones diferenciadas para los pequeños productores, mientras mantiene como prioridad el combate a quienes operan fuera del proceso de formalización.
Para las plantas, comercializadores y operadores auríferos, esto anticipa una presión creciente por respaldar documentalmente sus operaciones y demostrar consistencia entre mineral recibido, proveedores, producción y ventas.
El próximo desafío será convertir información en fiscalización efectiva
Perú dispone de registros sobre plantas, productores y operadores que participan en el proceso de formalización. El siguiente paso será conseguir que esa información funcione como una verdadera red de trazabilidad.
El foco sobre las plantas procesadoras marca una señal para toda la cadena aurífera: el combate contra la minería ilegal comienza a trasladarse desde la extracción hacia el circuito económico que permite monetizar el oro.
Si la coordinación entre Minem, Sunat y Policía logra identificar discrepancias entre producción, transporte y procesamiento, las autoridades podrán intervenir en uno de los espacios más sensibles del negocio ilegal.
Para el sector minero peruano, el resultado será relevante más allá del combate policial. Una mayor trazabilidad puede elevar los estándares de comercialización, separar con mayor claridad a productores formales e informales y reducir el espacio disponible para que mineral de procedencia ilícita termine compitiendo dentro del mismo mercado que abastecen las operaciones reguladas.
