El Gobierno de Perú solicitó facultades legislativas para actualizar las normas que regulan el otorgamiento, la vigencia y la caducidad de las concesiones mineras. La propuesta apunta a fortalecer la seguridad jurídica, simplificar procedimientos administrativos y generar condiciones para impulsar la inversión privada.
Ejecutivo solicita facultades por 120 días
La actualización forma parte de un paquete de 66 materias por las cuales el Ejecutivo pidió al Congreso facultades para legislar durante 120 días.
De acuerdo con el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, la propuesta contempla modificaciones relacionadas con el otorgamiento, la vigencia y la caducidad de las concesiones, además de otros títulos habilitantes vinculados con la actividad minera.
El objetivo planteado es entregar mayor seguridad jurídica y activar inversiones privadas. El paquete también considera medidas orientadas a la simplificación administrativa, la formalización, la trazabilidad minera y el desarrollo de proveedores.
Sin embargo, el proyecto presentado al Congreso todavía no especifica qué trámites serán modificados ni cuáles serán los plazos que podrían reducirse. El contenido concreto de los cambios deberá quedar establecido posteriormente en los decretos legislativos.
Gobierno podría revisar el derecho de vigencia
Entre los puntos que podrían ser evaluados se encuentra el derecho de vigencia, pago que realizan los titulares para mantener sus concesiones mineras.
Actualmente, el monto utilizado como referencia corresponde a US$3 por hectárea al año. La revisión también podría alcanzar el tamaño de las áreas concesionadas y los parámetros aplicables a la pequeña y mediana minería.
El exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, sostuvo que una actualización del marco legal puede resultar necesaria, debido a que una parte importante de las normas vigentes fue establecida durante la década de 1990.
Según explicó, desde entonces han cambiado las condiciones tecnológicas, económicas y sociales relacionadas con la actividad minera. No obstante, advirtió que cualquier modificación debe realizarse cuidadosamente para evitar que genere incertidumbre entre los inversionistas.
Simplificación de trámites y formalización minera
La propuesta también busca reducir las cargas administrativas que pueden retrasar el desarrollo de proyectos mineros. Herrera Descalzi señaló que existen procedimientos que podrían resultar innecesarios y extender los tiempos requeridos para avanzar con las inversiones.
El pedido de facultades no incluye todavía una lista detallada de los procedimientos que serían eliminados, reemplazados o simplificados. Tampoco señala los plazos administrativos que podrían modificarse.
El paquete legislativo incorpora además medidas para avanzar en la formalización y trazabilidad de la actividad minera, especialmente dentro de la pequeña minería y la minería artesanal.
Asimismo, considera asistencia técnica para proveedores y acciones destinadas a fortalecer los encadenamientos productivos relacionados con el sector.
Congreso deberá resolver la solicitud del Gobierno
La presentación del proyecto no modifica de manera inmediata la legislación minera peruana. Primero, el Congreso deberá decidir si entrega al Ejecutivo las facultades solicitadas y establecer el marco dentro del cual podrá legislar.
Si la solicitud es aprobada, el Gobierno contará con 120 días para emitir los decretos legislativos correspondientes. Esas normas definirán el alcance final de la reforma, las condiciones para otorgar y mantener las concesiones, los procedimientos administrativos que serán modificados y las medidas aplicables a la formalización y trazabilidad minera.
