El Ministerio de Energía y Minas impulsa una modificación regulatoria que permitiría incorporar declaraciones juradas ambientales con aprobación automática para exploraciones de menor escala. La iniciativa busca reducir tiempos administrativos y estimular nuevas inversiones sin eliminar las obligaciones de protección ambiental.
El Ministerio de Energía y Minas de Perú (MINEM) avanza en una propuesta para modificar el Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades de Exploración Minera, incorporando un mecanismo simplificado de certificación ambiental destinado a proyectos que contemplen entre una y diez plataformas de perforación. La iniciativa apunta a facilitar el desarrollo de campañas exploratorias de menor escala, reducir los procedimientos administrativos y mejorar las condiciones para atraer inversiones hacia nuevas áreas con potencial mineral.
La propuesta adquiere relevancia en momentos en que Perú busca fortalecer su competitividad minera y ampliar la identificación de recursos que permitan sostener su producción futura de cobre, oro, plata y otros minerales.
El cambio contempla establecer una Declaración Jurada Ambiental para Exploración Minera (DJA), aplicable a determinadas iniciativas cuyos impactos ambientales negativos sean considerados no significativos.
Este instrumento permitiría utilizar un procedimiento de aprobación automática, siempre que los proyectos cumplan las condiciones técnicas, territoriales y ambientales establecidas en la regulación.
Nuevo mecanismo para exploraciones de menor escala
La modificación propuesta considera cambios al Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades de Exploración Minera, aprobado mediante el Decreto Supremo N.° 042-2017-EM.
El proyecto normativo fue publicado mediante la Resolución Ministerial N.° 416-2026-MINEM/DM, del 29 de septiembre de 2026, que dispuso abrir un proceso de consulta pública por 15 días calendario.
Entre los principales ajustes se contempla modificar el artículo 40, relacionado con los procedimientos aplicables a los instrumentos de gestión ambiental, e incorporar un nuevo artículo 40-A para regular la Declaración Jurada Ambiental.
La propuesta busca diferenciar los proyectos exploratorios según sus características y potenciales impactos, evitando que iniciativas de menor intervención deban enfrentar procedimientos administrativos desproporcionados respecto de su alcance.
El mecanismo estaría dirigido a proyectos con un máximo de diez plataformas de perforación y una superficie de intervención inferior a cinco hectáreas, entre otras condiciones que deberán cumplirse simultáneamente.
Estas restricciones buscan delimitar la aplicación del nuevo instrumento y evitar que la simplificación administrativa se extienda indiscriminadamente a operaciones de mayor complejidad ambiental.
La iniciativa todavía debe completar su tramitación normativa antes de que sus disposiciones puedan entrar en vigor.
Exploración minera y reducción de tiempos administrativos
Uno de los principales problemas que enfrentan los proyectos de exploración es la relación entre los tiempos de autorización y la duración efectiva de las campañas de terreno.
Las empresas necesitan realizar levantamientos geológicos, estudios geofísicos, muestreos y perforaciones para determinar si un depósito mineral presenta condiciones suficientes para avanzar hacia etapas de evaluación económica.
Cuando los procedimientos ambientales se prolongan, las campañas pueden experimentar retrasos que afectan la planificación financiera, la contratación de servicios especializados y la disponibilidad de equipos.
En este contexto, la aprobación automática propuesta por el MINEM podría representar una alternativa para iniciativas de menor escala que cumplan estrictamente las condiciones regulatorias.
La diferencia fundamental radica en que el procedimiento no requeriría una evaluación administrativa previa equivalente a la utilizada para instrumentos ambientales de mayor complejidad.
Sin embargo, la aprobación automática no debe interpretarse como una eliminación de las obligaciones ambientales.
Los titulares continuarían sujetos a las disposiciones aplicables, a las condiciones de elegibilidad del mecanismo y a las facultades de fiscalización de las autoridades competentes.
La eficacia de este sistema dependerá de la claridad de los requisitos, la calidad de la información presentada y la capacidad institucional para verificar el cumplimiento de las obligaciones.
Perú profundiza cambios en su regulación minera
La nueva propuesta se incorpora a un proceso más amplio de ajustes regulatorios impulsados durante 2026.
Previamente, el Decreto Supremo N.° 014-2026-EM introdujo modificaciones destinadas a optimizar la evaluación ambiental de proyectos exploratorios.
Uno de sus principales cambios fue ampliar de 40 a 60 el número de plataformas que pueden ser consideradas dentro de determinados procedimientos mediante una Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
Esta modificación permitió aumentar el alcance de las iniciativas susceptibles de acogerse a ese instrumento, evitando que ciertos proyectos deban recurrir a procedimientos de evaluación más complejos únicamente por superar el límite anterior.
En ese esquema, los plazos regulatorios de referencia contemplan 30 días hábiles para la evaluación de una DIA y 90 días hábiles para un Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIA-sd), sin perjuicio de las particularidades de cada procedimiento.
La propuesta de Declaración Jurada Ambiental constituye un paso adicional, pero orientado específicamente a actividades de menor intervención y con impactos ambientales no significativos.
Así, Perú busca desarrollar una estructura regulatoria más diferenciada, donde los requisitos administrativos respondan a la magnitud y características de los proyectos.
Impacto para la inversión y las empresas exploradoras
La eventual implementación del nuevo instrumento podría beneficiar especialmente a empresas dedicadas a la exploración temprana, incluidas compañías junior que operan con presupuestos acotados y dependen de sucesivas campañas para validar sus objetivos geológicos.
Para estas empresas, los costos asociados a permisos, movilización de maquinaria, contratación de personal y servicios técnicos representan una parte relevante de sus recursos disponibles.
Una reducción de los tiempos administrativos podría facilitar la programación de perforaciones y disminuir la incertidumbre relacionada con el inicio de las actividades.
También podría favorecer a proveedores especializados en sondajes, análisis de laboratorio, geología, topografía, logística y servicios ambientales.
No obstante, la modificación regulatoria no garantiza por sí sola un aumento de la inversión exploratoria.
Las decisiones empresariales también dependen del precio de los minerales, las condiciones de financiamiento, la disponibilidad de infraestructura, los resultados geológicos y las relaciones con las comunidades.
Por esta razón, el impacto económico real deberá evaluarse a partir de la cantidad de proyectos que eventualmente utilicen el nuevo mecanismo y de su capacidad para ejecutar campañas de exploración.
Protección ambiental y fiscalización serán determinantes
La simplificación de permisos constituye uno de los aspectos más sensibles del debate regulatorio minero.
Aunque la exploración representa una etapa distinta de la explotación comercial, puede involucrar habilitación de accesos, instalación de plataformas, movimiento de equipos, utilización de agua y generación de residuos.
Estas actividades requieren medidas de prevención, control y rehabilitación adecuadas a las condiciones del territorio.
Por ello, la propuesta peruana establece como criterio central que los proyectos acogidos al nuevo mecanismo presenten impactos ambientales negativos no significativos.
El desafío regulatorio será garantizar que esta clasificación responda a criterios verificables y que la autoridad disponga de herramientas suficientes para supervisar las actividades.
También resultará relevante precisar cómo se aplicarán las restricciones en territorios ambientalmente sensibles y cómo se coordinará el nuevo procedimiento con otras autorizaciones que puedan corresponder.
Una regulación más expedita puede mejorar la competitividad, pero su efectividad dependerá de mantener controles adecuados y evitar conflictos derivados de una aplicación deficiente.
Qué significa para la competencia minera entre Perú y Chile
La iniciativa también tiene implicancias para el escenario regional, particularmente para Chile, donde la exploración minera cumple un papel fundamental en la reposición de recursos y el desarrollo de nuevos proyectos.
Ambos países compiten por atraer capital destinado a la identificación y evaluación de depósitos de cobre y otros minerales estratégicos.
En esta competencia intervienen factores como la estabilidad institucional, el potencial geológico, la disponibilidad de información, los costos operacionales y los plazos de tramitación.
Los inversionistas internacionales consideran estos elementos al distribuir sus presupuestos entre diferentes jurisdicciones.
Si Perú logra reducir los tiempos de autorización para determinadas campañas exploratorias, podría mejorar sus condiciones relativas para captar inversiones de empresas interesadas en desarrollar nuevos objetivos minerales.
Para Chile, el proceso peruano constituye un antecedente relevante en el debate sobre eficiencia administrativa, modernización de permisos y competitividad de la inversión minera.
Sin embargo, las diferencias entre ambos sistemas regulatorios impiden trasladar directamente una solución de un país a otro.
El desafío común consiste en establecer procedimientos proporcionales al riesgo ambiental, sin comprometer la fiscalización ni la participación de los actores involucrados.
La próxima etapa del proceso regulatorio
El proyecto del MINEM abrió un periodo de consulta ciudadana para recibir observaciones de empresas, especialistas, organizaciones y otros interesados.
La Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM) quedó encargada de recibir y procesar los aportes relacionados con la propuesta.
Tras esta etapa, corresponderá determinar si el texto requiere ajustes antes de continuar hacia su eventual aprobación mediante decreto supremo.
Por ahora, la Declaración Jurada Ambiental para Exploración Minera sigue siendo una propuesta normativa y no un procedimiento vigente creado por esta modificación.
La industria observará especialmente la definición final de los requisitos de elegibilidad, las obligaciones ambientales asociadas y las condiciones bajo las cuales podrá operar la aprobación automática.
El resultado tendrá importancia más allá de los proyectos de una a diez plataformas.
La discusión aborda una cuestión estructural para el desarrollo minero: cómo acelerar el descubrimiento de nuevos depósitos, mantener estándares ambientales adecuados y ofrecer mayor certidumbre a los inversionistas.
En un escenario internacional marcado por la necesidad de asegurar suministros futuros de minerales, la capacidad de transformar el potencial geológico en proyectos exploratorios ejecutables seguirá siendo un factor decisivo para la competitividad de Perú y de las principales jurisdicciones mineras de América Latina.
REDIMIN Responde
¿Qué modificación regulatoria está impulsando el Ministerio de Energía y Minas de Perú?
El Ministerio de Energía y Minas de Perú está impulsando una modificación regulatoria que permitiría incorporar declaraciones juradas ambientales con aprobación automática para exploraciones mineras de menor escala.
¿Qué busca lograr la propuesta de modificación del Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades de Exploración Minera?
La propuesta busca reducir los tiempos administrativos, estimular nuevas inversiones, facilitar el desarrollo de campañas exploratorias de menor escala y mejorar las condiciones para atraer inversiones hacia nuevas áreas con potencial mineral.
¿Qué condiciones deben cumplir los proyectos para acogerse a la Declaración Jurada Ambiental para Exploración Minera?
Los proyectos deben tener un máximo de diez plataformas de perforación y una superficie de intervención inferior a cinco hectáreas, además de cumplir con las condiciones técnicas, territoriales y ambientales establecidas en la regulación.
¿Cómo podría beneficiar la aprobación automática a las empresas exploradoras?
La aprobación automática podría beneficiar a las empresas exploradoras al reducir los tiempos administrativos, facilitando la programación de perforaciones y disminuyendo la incertidumbre relacionada con el inicio de las actividades, especialmente para empresas junior con presupuestos acotados.
¿Qué desafíos regulatorios enfrenta la propuesta de simplificación de permisos?
El desafío regulatorio principal es garantizar que los proyectos acogidos al nuevo mecanismo presenten impactos ambientales negativos no significativos y que la autoridad disponga de herramientas suficientes para verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales.
