El nuevo reglamento reduce la carga administrativa para proyectos de exploración de escala intermedia, que podrán someterse a una evaluación ambiental de 30 días hábiles.
Perú modificó su regulación ambiental para permitir que los proyectos de exploración minera de hasta 60 plataformas puedan tramitarse mediante una Declaración de Impacto Ambiental, ampliando el límite anterior de 40 instalaciones. La medida busca acelerar la ejecución de campañas de perforación y entregar mayor previsibilidad a una cartera exploratoria valorizada en US$757 millones.
El cambio fue incorporado mediante el Decreto Supremo N° 014-2026-EM, publicado el 18 de julio, que modifica el Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades de Exploración Minera vigente desde 2017.
La Declaración de Impacto Ambiental, conocida como DIA, contempla un procedimiento de evaluación de 30 días hábiles. Hasta ahora, una iniciativa que superara las 40 plataformas debía ingresar mediante un Estudio de Impacto Ambiental semidetallado, cuyo plazo formal de revisión alcanza los 90 días hábiles.
Con el nuevo umbral, campañas de perforación más extensas podrán continuar utilizando el instrumento ambiental simplificado, siempre que cumplan las condiciones, obligaciones técnicas y estándares de protección establecidos en la normativa peruana.
Un cambio relevante para la etapa más temprana de la minería
La exploración constituye el primer eslabón del desarrollo minero. En esta etapa se realizan trabajos geológicos, geofísicos, geoquímicos y de perforación para determinar la presencia, continuidad y características de un eventual depósito mineral.
Aunque una campaña exploratoria no garantiza la construcción de una mina, su ejecución resulta indispensable para reponer recursos, extender la vida útil de operaciones existentes y alimentar la cartera de proyectos de largo plazo.
El aumento desde 40 hasta 60 plataformas amplía en 50% el margen disponible para proyectos que pueden evaluarse mediante una DIA. En términos operacionales, la modificación puede evitar que campañas de tamaño intermedio deban migrar automáticamente a un instrumento ambiental más complejo por superar el límite anterior.
Esta diferencia es relevante para empresas que necesitan ajustar sus programas de sondajes después de obtener resultados preliminares. En exploración, la cantidad y ubicación definitiva de las perforaciones suele modificarse a medida que avanza el conocimiento geológico del área.
Una regulación con mayor flexibilidad puede facilitar la continuidad de campañas exitosas, reducir interrupciones administrativas y permitir que el capital exploratorio se despliegue con mayor rapidez, sin eliminar las obligaciones ambientales, territoriales y sociales aplicables.
Plazos, observaciones y coordinación institucional
El decreto también introduce ajustes relacionados con la tramitación de observaciones durante la evaluación ambiental.
La regulación busca evitar la duplicidad de requerimientos formulados por los organismos que participan en el procedimiento y establece mecanismos de asistencia técnica para que los titulares puedan responder dentro de los plazos establecidos.
Otro cambio permite que la autoridad evaluadora comunique sus observaciones al titular aunque una entidad opinante todavía no haya entregado su pronunciamiento. El objetivo es impedir que el expediente completo quede detenido mientras se espera la respuesta de otro organismo público.
Este punto aborda uno de los principales problemas de los sistemas de permisos en la minería regional: la falta de coordinación entre instituciones con competencias ambientales, hídricas, territoriales, arqueológicas o sectoriales.
La reducción de plazos formales no garantiza por sí sola una aprobación rápida. La calidad de los antecedentes presentados, la complejidad del territorio, las características de la campaña y la capacidad técnica de las autoridades seguirán determinando la duración efectiva de cada evaluación.
Sin embargo, la definición de reglas para ordenar las observaciones y evitar paralizaciones administrativas entrega una señal favorable para las compañías que deben planificar presupuestos, contratos de perforación, equipos y campañas en terreno.
Una cartera de US$757 millones
La modificación regulatoria coincide con una cartera peruana de exploración minera compuesta por 69 proyectos, distribuidos en 17 regiones y con una inversión conjunta estimada en US$757 millones durante 2026.
Puno concentra cinco iniciativas valorizadas en aproximadamente US$146,2 millones, equivalentes al 19,3% de la inversión exploratoria registrada en el país. Arequipa ocupa una posición similar, con ocho proyectos por US$145,1 millones.
El resto de la cartera se distribuye en regiones como Moquegua, Junín, Cusco, Lima, Pasco, Áncash, Huancavelica, Tacna, Cajamarca, Lambayeque, La Libertad, Piura e Ica.
Estas inversiones consideran campañas destinadas a identificar o ampliar depósitos de cobre, oro, plata, zinc y otros minerales. Parte de los proyectos corresponde a exploración inicial, mientras otros buscan profundizar cuerpos mineralizados conocidos, ampliar recursos o habilitar futuras expansiones de operaciones existentes.
Perú también mantiene una cartera de inversión minera de largo plazo superior a US$64.000 millones, integrada por 66 proyectos en distintas etapas de desarrollo. La capacidad de convertir exploraciones en depósitos económicamente viables será determinante para renovar ese portafolio durante las próximas décadas.
Competencia regional por el capital exploratorio
La exploración minera compite por recursos financieros globales. Las empresas comparan potencial geológico, estabilidad regulatoria, disponibilidad de infraestructura, acceso a terrenos, relaciones comunitarias, seguridad jurídica y duración de los procesos de permisos antes de asignar capital.
En ese escenario, Perú busca fortalecer su posición frente a jurisdicciones como Chile, Argentina, Canadá, Australia, Estados Unidos y México.
El cambio regulatorio peruano no elimina los estudios ambientales ni autoriza automáticamente una campaña. Tampoco reemplaza los permisos sectoriales, acuerdos territoriales o autorizaciones que puedan requerirse antes de ingresar a terreno. Su impacto se concentra en la clasificación ambiental y en la organización del procedimiento de evaluación.
La señal, no obstante, es relevante: un mayor número de plataformas podrá tramitarse por una vía con un plazo formal tres veces menor que el correspondiente al Estudio de Impacto Ambiental semidetallado.
Para las compañías junior, que dependen de rondas de financiamiento y cuentan con ventanas operacionales más acotadas, los tiempos de autorización pueden determinar la continuidad de un proyecto. Una demora prolongada puede obligar a postergar contratos, perder temporadas de trabajo o destinar capital a otros países.
Las empresas productoras también se benefician de una exploración más dinámica, especialmente cuando buscan reemplazar reservas alrededor de faenas existentes. Los descubrimientos cercanos a minas, plantas, caminos y líneas eléctricas suelen presentar ventajas económicas frente a proyectos completamente nuevos.
El desafío de agilizar sin reducir exigencias
La aplicación del decreto será seguida de cerca por la industria, las comunidades y los organismos ambientales. El resultado dependerá de que la mayor velocidad administrativa no se traduzca en evaluaciones incompletas ni en una menor capacidad de fiscalización.
Las plataformas de perforación requieren habilitación de accesos, manejo de combustibles, suministro de agua, control de residuos, cierre de pozos y recuperación de las áreas intervenidas. En territorios altoandinos también pueden existir ecosistemas frágiles, actividades agropecuarias, recursos hídricos sensibles y comunidades que dependen directamente del entorno.
La eficiencia regulatoria, por lo tanto, no se limita a reducir días de tramitación. También exige expedientes técnicamente sólidos, autoridades con recursos suficientes, criterios uniformes y mecanismos efectivos de seguimiento ambiental.
Para Perú, el desafío será convertir la modificación en una mejora real de competitividad. El aumento a 60 plataformas puede acelerar campañas y ampliar el alcance de la DIA, pero su efecto final se medirá por la cantidad de proyectos que logren ingresar a terreno, ejecutar sus inversiones y generar información geológica suficiente para sostener la producción minera futura.
