La investigación por el derrumbe ocurrido en 2023 en la mina El Teniente —que derivó en la muerte de seis trabajadores en 2025— sumó un nuevo flanco judicial luego de que la estatal Codelco reconociera ocultamientos en la entrega de información al Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin). El abogado Jaime Gatica, representante de las familias de las víctimas, afirmó que no descarta ampliar la querella actualmente interpuesta por cuasidelito de homicidio e incorporar el delito de obstrucción a la justicia, una vez que se conozcan todos los antecedentes de la causa.
En entrevista con Meganoticias, el jurista sostuvo que las responsabilidades podrían no limitarse a los tres altos funcionarios desvinculados recientemente por la cuprífera estatal. “Podría haber implicados más arriba”, señaló, abriendo la posibilidad de que la indagatoria alcance niveles superiores dentro de la estructura corporativa e incluso eventuales responsabilidades en organismos fiscalizadores.
Posible ampliación de la querella
Gatica explicó que, de confirmarse la existencia de ocultamiento deliberado de antecedentes relevantes para la fiscalización técnica del yacimiento, sus representados evaluarán ampliar la acción penal. La querella actualmente apunta al cuasidelito de homicidio, figura que sanciona conductas negligentes con resultado de muerte, pero la eventual incorporación de obstrucción a la justicia implicaría acreditar acciones destinadas a entorpecer la labor investigativa o administrativa.
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El abogado también puso el foco en la relación entre la minera y el organismo regulador, señalando que las autorizaciones de trabajo posteriores al derrumbe de 2023 debieron considerar antecedentes geológicos, estabilidad del macizo rocoso y planes de explotación previamente aprobados por Sernageomin. “Todo esto debía haber sido revisado por el Sernageomin”, afirmó, agregando que entiende que la Fiscalía ya estaría realizando diligencias dirigidas al servicio.
Gobernanza y eventuales responsabilidades administrativas
Otro elemento clave en la discusión es la auditoría internacional que, según el abogado, detectó fallas en la gobernanza interna. Si bien Gatica indicó que no necesariamente todos los hallazgos configurarían delitos, sí podrían derivar en responsabilidades administrativas o disciplinarias en niveles superiores de la organización.
En ese contexto, planteó la necesidad de revisar bajo qué causales fueron desvinculados los ejecutivos de Codelco: si por falta de probidad o por necesidades de la empresa. A su juicio, el tipo de desvinculación podría ser un indicador relevante para determinar si existieron responsabilidades jerárquicas mayores.
“La única forma de que haya justicia para las víctimas es que se sepa la verdad”, afirmó el abogado, enfatizando que, aunque las vidas perdidas no pueden recuperarse, una investigación exhaustiva permitiría evitar futuros accidentes en una de las mayores operaciones subterráneas de cobre del mundo.