Una operación de narcotraficantes en Colombia ha robado tres toneladas de oro de una mina propiedad de una empresa china. La magnitud del saqueo y la participación del Clan del Golfo han dejado a las autoridades y a la empresa sin una solución clara.
El control del Clan del Golfo
En la mina de oro más rica de Colombia, los guardias de seguridad privada enfrentan a una banda de narcotraficantes que ha tomado el control de 50 kilómetros de túneles. Estas vastas infraestructuras subterráneas tienen un valor de cientos de millones de dólares. La milicia armada, conocida como el Clan del Golfo, es responsable de proporcionar acceso, equipos y protección a los mineros ilegales que operan en la región.
El Clan del Golfo, compuesto por aproximadamente 7.000 hombres, no solo se involucra en el tráfico de oro, sino que también transporta cocaína y emigrantes hacia los Estados Unidos. La magnitud del robo es sorprendente, ya que Zijin Mining Group, el propietario de la mina, calcula que ha perdido más de 3,2 toneladas de oro, lo que representa el 38% de la producción total de la mina durante el año pasado.
Desafíos legales y políticos
Zijin Mining Group asegura que la minería ilegal se ha convertido en una guerra que están perdiendo. Han presentado una demanda de 430 millones de dólares contra Colombia, argumentando que las autoridades no están haciendo su trabajo para detener a los mineros ilegales. Leizhong Li, director ejecutivo de Zijin, afirmó que los enfrentamientos se han convertido en una amenaza diaria. Sin embargo, el gobierno colombiano señala la complejidad de expulsar a los mineros ilegales sin poner en riesgo la seguridad de los civiles.
La viceministra de Defensa, Daniela Gómez, mencionó que las exigencias de la empresa no son realistas, considerando que Zijin adquirió la mina con conocimiento de la extracción ilegal. El gobierno también ha señalado que desea transformar la economía de Buriticá, para ofrecer mejores oportunidades de empleo a sus ciudadanos.
La guerra de trincheras
Los mineros ilegales utilizan cargas explosivas y perforadoras de roca para abrirse paso hasta la mina de Zijin, desde una red de pequeños refugios en las montañas. Zijin ha tenido que abandonar aproximadamente 40 toneladas de yacimientos de oro debido al control del Clan del Golfo y los mineros ilegales. En el interior de la mina, las fuerzas de seguridad de Zijin se encuentran atrapadas en una guerra de trincheras, enfrentando explosivos y disparos.
Un responsable de seguridad de la mina admitió que ha perdido parte del control sobre las operaciones, con mineros ilegales ocupando dos de las tres secciones de la mina. No obstante, la parte más rica y profunda de la mina permanece bajo el control de Zijin, quien mantiene una operación con 4.500 trabajadores en el sitio.
Llamados a la acción
Javier Sarmiento, un investigador de los problemas en la mina de Buriticá, sostiene que la situación refleja una falta de control por parte de las autoridades. Sarmiento indicó que se ha solicitado al gobierno elaborar un plan para detener el robo, pero aún no se ha adoptado ninguna medida efectiva.
El general de brigada William Castaño indicó que la policía se enfrenta regularmente a mineros delincuentes y que hay intervenciones casi diarias. Ejecutivos de Zijin sugirieron que una posible solución sería afectar el suministro eléctrico a las perforadoras utilizadas por los mineros ilegales.
Impacto económico y social
La minería ilegal ha llevado a miles de personas a desplazarse a la región, incluyendo a muchos de Venezuela en busca de fortuna. Sin embargo, la extracción ilegal tiene efectos medioambientales y sociales devastadores. Las propuestas para legalizar algunas operaciones o permitir cooperativas de mineros informales encuentran resistencia tanto de la empresa como de los funcionarios del gobierno.
Esta situación compleja y multifacética destaca la importancia de encontrar una solución que equilibre los intereses económicos con la necesidad de garantizar la seguridad y el cumplimiento de la ley.
Conclusión
El robo de oro en Colombia ilustra los desafíos de seguridad que enfrentan las empresas mineras extranjeras y el gobierno colombiano en su lucha contra la minería ilegal, apoyada por poderosos grupos armados.
