La minería binacional volvió a instalarse en el centro del debate entre Chile y Argentina luego de que los gobiernos de José Antonio Kast y Javier Milei acordaran reactivar en julio la comisión administradora del Tratado de Integración y Complementación Minera firmado en 1997. El nuevo impulso apunta a acelerar el desarrollo de grandes yacimientos de cobre, oro y plata ubicados en plena Cordillera de los Andes, especialmente en la provincia argentina de San Juan y las regiones chilenas de Atacama y Coquimbo. Sin embargo, el avance de estos megaproyectos también reabre cuestionamientos ambientales ligados a la protección de glaciares y reservas estratégicas de agua en medio de la crisis climática que afecta a ambos países.
El tratado binacional fue concebido durante los gobiernos de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Carlos Menem con el objetivo de facilitar operaciones mineras transfronterizas mediante reglas especiales para inversiones, transporte, infraestructura y exploración. Más de dos décadas después, el escenario internacional marcado por la demanda de cobre para la transición energética volvió a convertir la cordillera chileno-argentina en un territorio prioritario para las grandes compañías mineras.
Distrito Vicuña concentra el mayor interés de inversión
Uno de los principales focos del renovado interés es el Distrito Vicuña, considerado uno de los mayores descubrimientos de cobre, oro y plata sin explotar del mundo. El proyecto es desarrollado por Vicuña Corp, sociedad conformada por BHP y Lundin Mining, que busca consolidar distintos yacimientos ubicados entre San Juan y Atacama.
Las primeras iniciativas ingresadas se concentran en territorio argentino, aunque las compañías ya han manifestado interés en extender operaciones hacia Chile, donde ambas empresas mantienen presencia relevante a través de faenas como Caserones y Candelaria. El desarrollo del distrito contempla infraestructura de alta montaña, rutas de conexión y nuevas plataformas de exploración en sectores fronterizos.
El avance del proyecto ya generó controversias en Argentina. Mientras San Juan impulsa activamente la inversión minera como eje de crecimiento económico, autoridades y organizaciones de la provincia de La Rioja han expresado preocupación por eventuales impactos ambientales sobre cuencas hídricas y ecosistemas cordilleranos compartidos.
Glaciares vuelven al centro de la discusión ambiental
La reactivación del tratado minero coincide además con el debate por modificaciones a la legislación argentina sobre glaciares impulsadas por el gobierno de Javier Milei para facilitar el desarrollo de proyectos extractivos en zonas de alta cordillera. La propuesta despertó críticas de organizaciones ambientales y comunidades locales que advierten riesgos para reservas estratégicas de agua.
La preocupación no es nueva. El antecedente más emblemático sigue siendo Pascua Lama, el proyecto binacional de Barrick Gold ubicado entre Atacama y San Juan. La iniciativa terminó paralizada y posteriormente clausurada en Chile tras sanciones ambientales vinculadas a daños sobre glaciares y contaminación de aguas.
Los efectos de ese conflicto todavía persisten en la zona cordillerana atacameña. Comunidades indígenas y organizaciones locales mantienen cuestionamientos respecto al cierre ambiental del proyecto y observan con inquietud nuevas iniciativas de exploración en áreas cercanas al mismo yacimiento.
Crisis climática endurece el debate sobre agua y minería
Especialistas ambientales sostienen que el contexto actual es radicalmente distinto al de fines de los años noventa, cuando se firmó el tratado. La reducción de precipitaciones, el retroceso glaciar y el aumento sostenido de temperaturas han incrementado la presión sobre las fuentes de agua en el norte chileno y el oeste argentino.
La directora ejecutiva de Fundación Terram, Flavia Liberona, advirtió que los glaciares cumplen un rol fundamental para el abastecimiento hídrico en amplias zonas del país y planteó que cualquier expansión minera en alta cordillera debe considerar el escenario de estrés hídrico asociado al cambio climático.
El debate también coincide con la discusión de iniciativas legislativas orientadas a acelerar inversiones mediante ajustes regulatorios y reducción de exigencias ambientales. En Chile, organizaciones ciudadanas han cuestionado proyectos impulsados por el Ejecutivo que, según acusan, podrían limitar la capacidad de las comunidades para presentar reclamaciones frente a proyectos con impactos ambientales significativos.
Mientras el mercado global presiona por mayor producción de cobre y minerales críticos, la reactivación del tratado binacional entre Chile y Argentina vuelve a instalar una pregunta de fondo: cómo compatibilizar el desarrollo de la minería de frontera con la protección de glaciares y recursos hídricos cada vez más escasos en la cordillera andina.
