La minería peruana enfrenta un estancamiento significativo debido a barreras administrativas y normativas que han paralizado más de US$ 60 mil millones en proyectos. Según expertos, desbloquear estos permisos podría proporcionar un impulso crítico al crecimiento económico del país, potenciando su desarrollo a nivel nacional e internacional.
Proyectos detenidos y crecimiento limitado
José Salardi, exministro de Economía y Finanzas, afirmó que el principal desafío que enfrenta la minería en Perú no es la falta de inversión, sino el tiempo prolongado que toman los trámites y permisos. Proyectos de gran escala permanecen paralizados, impidiendo el desarrollo del sector. Según sus análisis, si estos proyectos se liberaran, se podría añadir hasta dos puntos porcentuales al crecimiento económico del país, permitiendo que la economía peruana supere tasas de crecimiento del 5% anual. Salardi subrayó que la capacidad de reactivar dichos proyectos depende directamente de la eliminación de estos obstáculos administrativos.
Este panorama, de acuerdo con Salardi, genera impactos negativos no solo en la minería, sino también en sectores complementarios como la infraestructura y la energía. Asegura que los beneficios económicos de estas inversiones no solo impulsarían el crecimiento nacional, sino también dinamizarían las economías de las regiones afectadas, generando empleo y mejorando la calidad de vida para miles de peruanos.
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Formalidad y combate a la minería ilegal
En las regiones donde la minería formal enfrenta obstáculos para operar, la informalidad ha encontrado terreno fértil, generando consecuencias adversas como pobreza, impacto ambiental y pérdida de oportunidades sociales. Cajamarca, una región rica en minerales, es uno de los ejemplos más preocupantes, ya que proyectos de gran envergadura permanecen estancados mientras la minería ilegal prolifera. Según Salardi, el 70% de la economía peruana opera bajo esquemas de informalidad, lo que requiere un enfoque distinto para ser revertido.
Para abordar el problema de la minería ilegal, el exministro sugirió implementar incentivos para la formalización, como amnistías y la introducción de tasas impositivas preferenciales, en lugar de aplicar sanciones duras que solo aumentan la clandestinidad. Salardi enfatizó que la trazabilidad del oro es una herramienta que podría ser decisiva para combatir la ilegalidad, junto con un refuerzo en los sistemas de seguridad en colaboración con entidades privadas.
Propuestas para destrabar el desarrollo
Entre las soluciones más urgentes planteadas por Salardi destaca la necesidad de revitalizar la Ley de Asociaciones Público-Privadas (APP) y simplificar los procedimientos relacionados con la liberación de predios, elementos identificados como los principales cuellos de botella para ejecutar proyectos mineros, de energía e infraestructura. Además, se subrayó la importancia de garantizar la continuidad en la aprobación de permisos ambientales y operativos, factores clave para brindar predictibilidad a las empresas en el sector.
El exministro resaltó que, si estas medidas se implementan con eficacia, no solo permitirían que los proyectos ya paralizados progresen, sino que también contribuirían a atraer nueva inversión extranjera al sector. La mezcla adecuada entre reformas legales y operativas es crucial para que Perú pueda aprovechar al máximo su vasta riqueza mineral.
