La iniciativa contempla ajustes en el botadero de ripios, nuevas obras para recuperar flujos operacionales y cambios en áreas destinadas al almacenamiento y procesamiento de mineral. Las modificaciones no aumentarán la vida útil ni las tasas máximas ya autorizadas para División Salvador.
Codelco ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental una iniciativa por US$95 millones destinada a optimizar las operaciones del proyecto Rajo Inca, ubicado en la comuna de Diego de Almagro, Región de Atacama.
La propuesta, denominada “Modificación de Obras del Sector Salvador, Proyecto Minero Rajo Inca”, fue presentada mediante una Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Su objetivo es incorporar ajustes derivados del avance de la ingeniería y de las condiciones encontradas en terreno.
Según los antecedentes entregados al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), las obras permitirán adaptar distintas instalaciones a la actual operación de Rajo Inca, manteniendo los parámetros aprobados mediante la Resolución de Calificación Ambiental N.º 19 de 2020.
El ingreso de la DIA inicia el proceso de evaluación ambiental y no significa que las modificaciones ya estén aprobadas.
Proyecto no aumentará la capacidad de Rajo Inca
Codelco precisó que la iniciativa no busca ampliar la vida útil ni elevar las tasas máximas de extracción o procesamiento de División Salvador.
La propuesta se concentrará en mejorar la configuración y funcionamiento de instalaciones existentes o previamente autorizadas. El inicio de su ejecución está estimado para enero de 2028, sujeto al avance de la evaluación ambiental y la obtención de las autorizaciones correspondientes.
Entre las principales obras aparece el cambio en la configuración del botadero de ripios. La empresa ajustará la distribución espacial de su área basal y actualizará los vértices del polígono que delimita la plataforma, sin modificar su capacidad total ni trasladarlo fuera del sector aprobado.
El proyecto considera una nueva superficie de intervención de aproximadamente 140 hectáreas, además de obras distribuidas en cerca de 307 hectáreas previamente aprobadas.
Nuevos pozos y recuperación de flujos operacionales
La iniciativa también contempla un sistema integrado de pozos de bombeo aguas abajo del botadero de ripios, asociado a las quebradas Turquesa, Intermedia y Principal.
Estas instalaciones operarán junto con un sistema de bombeo en el Rajo Turquesa. Su función será captar flujos operacionales históricos y reincorporarlos al proceso hidrometalúrgico, donde el cobre se recupera mediante soluciones líquidas.
Otro cambio corresponde al traslado del área de almacenamiento temporal de minerales sulfurados. Codelco propone habilitar el denominado Stock Sulfuros F07 en un sector industrial más cercano a la planta concentradora, reemplazando las ubicaciones autorizadas originalmente para los acopios de alta y baja ley.
La menor distancia respecto de la planta busca facilitar el manejo del mineral dentro de la operación, sin elevar las tasas máximas de procesamiento aprobadas.
Pila de lixiviación y ampliación del relleno sanitario
Codelco también proyecta habilitar una pila ROM, instalación donde el mineral oxidado se acumula y riega para obtener una solución rica en cobre, conocida técnicamente como PLS.
Esta obra se ubicará completamente dentro del polígono aprobado anteriormente para el Stock RPL y tendrá capacidad para almacenar hasta 72 millones de toneladas. De acuerdo con la DIA, no se ampliará la superficie ya autorizada para esa instalación.
La propuesta incluye además la ampliación del relleno sanitario de la operación, mediante la construcción de diez nuevas zanjas —desde la Z8 hasta la Z17— destinadas a residuos sólidos domiciliarios y asimilables. La medida busca asegurar la continuidad del sistema de disposición utilizado por la faena.
Rajo Inca es uno de los proyectos estructurales de Codelco y permitirá extender por 47 años la operación de División Salvador. Su desarrollo considera el reemplazo progresivo de la explotación subterránea por una operación a rajo abierto, además de mejoras en las instalaciones de procesamiento de minerales.
Las modificaciones por US$95 millones serán examinadas ahora por los organismos públicos con competencia ambiental. Solo después de obtener una calificación favorable y los permisos sectoriales correspondientes podrán ejecutarse las obras contempladas.
