La presencia de minería ilegal en Conga evidencia el vacío dejado por la paralización de proyectos formales en Perú.
El proyecto aurífero Minas Conga, de la estadounidense Newmont —el mayor productor de oro del mundo—, vuelve al centro de la discusión pública en Perú tras la confirmación de que mineros ilegales están explotando parte de su territorio. La situación fue revelada el viernes por el primer ministro Ernesto Álvarez, quien aseguró que la zona situada en Cajamarca enfrenta una nueva ola de actividad informal en medio de precios del oro cercanos a máximos históricos.
Avance de la minería ilegal en una inversión de US$4.800 millones
El desarrollo de Conga, valorado en aproximadamente US$4.800 millones, lleva más de una década paralizado. Aunque el proyecto obtuvo permisos ambientales en 2010, la fuerte oposición de comunidades campesinas derivó en protestas violentas que obligaron a detener su puesta en marcha. Newmont mantiene los derechos mineros, pero no ha logrado reactivar la iniciativa.
Según Álvarez, ese vacío está siendo aprovechado por explotadores ilegales que utilizan métodos contaminantes y generan riesgos de seguridad. Newmont no se pronunció inmediatamente tras la denuncia.
Conga se suma así a una lista creciente de concesiones afectadas por minería informal. Empresas como Southern Copper, First Quantum Minerals y MMG también han reportado intrusiones que han retrasado sus operaciones y generado mayores costos.
“Cuando la minería formal no avanza, avanza la ilegal”
El primer ministro, quien actúa como principal asesor del presidente interino José Jeri, advirtió que la falta de desarrollo de proyectos con altos estándares abre espacio para actividades ilícitas que degradan el medioambiente.
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“Cuando la minería legal que cumple estándares no se desarrolla, se cede espacio a la ilegal, que contamina y usa violencia”, afirmó. Añadió que el uso de mercurio en la zona ya estaría afectando cuencas de agua que nacen en el área de Conga, un problema que tildó de “macabro”.
Tensiones regulatorias y el polémico Reinfo
El avance de la minería ilegal coincide con un debate abierto sobre cómo regular a los miles de mineros artesanales del país. El gobierno respaldó recientemente la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), un mecanismo transitorio que permite operar bajo exigencias menores.
La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) ha criticado duramente el Reinfo, argumentando que incentiva la expansión de operaciones informales y dificulta la competitividad de la minería formal.
Para el gobierno, la urgencia está en evitar que la minería ilegal siga ocupando zonas destinadas a proyectos de gran escala, especialmente en un contexto de precios favorables para el oro que aumentan la presión sobre las concesiones.
Un punto crítico para la política minera peruana
La irrupción en Conga resalta la complejidad del equilibrio entre inversión, regulaciones ambientales, demandas sociales y control de la actividad informal. Lo que alguna vez fue una apuesta estratégica para diversificar la producción minera de Perú hoy representa un símbolo de oportunidades perdidas.
Mientras las autoridades buscan una salida que combine ordenamiento territorial, modernización regulatoria y control efectivo, el avance ilegal amenaza con deteriorar aún más la confianza de inversionistas en un sector clave para la economía peruana.
